La muerte sorprendió sin estruendo, pero dejó un vacío difícil de calibrar en uno de los rincones más técnicos —y menos visibles— de la justicia española.
Antonio Vercher Noguera, el fiscal que contribuyó a dar forma jurídica a los delitos medioambientales en España cuando apenas existían como categoría penal, falleció este sábado a los 72 años, tras una enfermedad que coincidió casi milimétricamente con su retirada profesional.
Había dedicado más de cuatro décadas a una causa que, cuando él la eligió, apenas tenía nombre.
En 1983, con un Código Penal que contenía un único artículo —el 347 bis— sobre delitos ecológicos, Vercher vio un campo virgen. Lo estudió con minuciosidad y, apenas tres años después, publicó el primer libro en España sobre la materia. Tenía poco más de treinta años y una intuición clara: aquel sería su territorio.
Nacido en Tavernes de la Valldigna (Valencia) en 1953, formado entre Valencia, Harvard y Cambridge, Vercher construyó una trayectoria sin equivalente dentro del Ministerio Fiscal.
Su nombre quedó ligado de forma indeleble a la creación, en 2006, de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, cuando el litoral mediterráneo se transformaba a golpe de grúa y recalificación.
No solo la impulsó: la diseñó y la dirigió durante casi dos décadas.
Desde ese puesto tejió una red que hoy alcanza a todo el país. En 2015, cuando recibió el X Premio a la Conservación de la Biodiversidad de la Fundación BBVA, la fiscalía ya contaba con 153 especialistas distribuidos por todas las provincias, apoyados por unidades de la Guardia Civil.
Su trabajo fue considerado “crucial” en ámbitos que van desde los incendios forestales hasta el tráfico ilegal de especies, pasando por la corrupción urbanística, la contaminación o el maltrato animal.
No distinguía entre responsabilidades públicas o privadas
Su mirada era incómoda por definición. No distinguía entre responsabilidades públicas o privadas. “Hay empresas muy loables y hay administraciones absolutamente impresentables”, dejó dicho en una entrevista, en una frase que resume bien su posición: vigilancia sin concesiones, también hacia dentro del propio sistema.
Con los años, amplió el perímetro de su trabajo hacia terrenos más complejos: el tráfico internacional de residuos, los vertidos industriales, las quemas ilegales, el uso de venenos en el medio rural. Pero no todas sus batallas terminaron en victoria.
La gestión de residuos fue una de sus mayores frustraciones. Tras el cierre del mercado chino en 2018, España se vio desbordada por toneladas de desechos.
Vercher documentó el problema y propuso tipificar penalmente el incendio de residuos. La iniciativa no prosperó. La resistencia, en parte empresarial, fue suficiente para frenarla.
Tampoco ocultaba su desencanto ante la lentitud judicial. Sentencias que no se ejecutan, recursos que se encadenan durante años.
Casos como Marina Valdecañas o el hotel de El Algarrobico le pesaban. Su crítica, sin embargo, evitaba el tono estridente. Era más bien la constatación de alguien que conocía las reglas del juego y sus inercias.
Intervino en cada reforma relevante del Código Penal en materia ambiental. Enviaba oficios periódicos a las fuerzas de seguridad alertando de riesgos concretos —incendios, vertederos ilegales— y defendía el uso de drones para la vigilancia preventiva.
Llegó incluso a advertir a administraciones autonómicas cuando, a su juicio, incumplían sus obligaciones legales. No era dado a mirar hacia otro lado.
Quienes trabajaron con él destacan una idea constante: la prevención por encima del castigo. “El derecho penal no puede ser el único instrumento”, insistía.
Lo resumió con cifras: de un solo artículo en 1983 a casi medio centenar cuatro décadas después. Y con una advertencia que repetía sin dramatismo, pero sin descanso: “El delito medioambiental es una forma de suicidio”.
Se jubiló en septiembre de 2025. Lo hizo a disgusto. “Me voy triste”, confesó entonces, con la sensación —casi física— de que el trabajo quedaba a medias. Aun así, no se retiró del todo: siguió escribiendo, preparando su noveno libro, presidiendo el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos. Y regresando, siempre que podía, a la huerta de su pueblo.
La noticia de su muerte provocó una reacción inmediata. Juristas, fiscales, activistas. Mensajes que coincidían en un término: referente. También fuera de España.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, lo definió así y añadió una frase que, en cierto modo, resume su legado: deja “el deber de preservar aquello a lo que consagró su vida”.
Vercher deja un hijo. También jurista. Juez, como si la vocación hubiera encontrado otra forma de continuidad.
Los restos mortales de Antonio Vercher se encuentran en el Tanatorio de San Isidro (ubicado en la Calle de los Comuneros de Castilla, 15, junto al Parque de San Isidro), en Madrid. En concreto en la Sala, planta primera.
La salida está prevista para el día 13 de abril.
