El Gobierno descarta intervenir la autonomía murciana, aplicando el artículo 155 de la Constitución, por el «pin» parental, tal como propuso por la mañana, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género y diputada por Unidas Podemos.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante un acto de los socialistas vascos en Llodio (Álava), ha sido tajante: El Gobierno «no» está bajando esta opción, ha dicho.
«Vamos a ir viendo», ha añadido, para recordar a continuación que lo que ha hecho el Ejecutivo es enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia con el fin de que «reponga la legalidad y restaure un sistema educativo normalizado».
«No queremos ir a los tribunales», ha manifestado Celaá, quien ha apelado a la «sensatez y la moderación».
El jueves pasado, la ministra anunciaba que recurriría por la vía judicial cualquier iniciativa «dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado» como el ‘pin parental’, una medida que considera «ilegal».
La Consejería de Educación de la Región de Murcia incluyó en sus instrucciones a los centros educativos la obligación de «dar conocimiento a la familias» de «las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular» y fuesen impartidas por personal ajeno al centro.
Todo para que las familias «puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades».
El Gobierno, añadió Celaá, dará un plazo de un mes al Ejecutivo de la Región de Murcia para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principios de curso donde permitía el ‘pin parental’, la posibilidad de veto de los padres a la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo, que debían ser notificada previamente a las familias.
