¿Condicionará a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la sentencia de juicio del «procés» del 14 de octubre pasado del Tribunal Supremo en la que, por unanimidad de sus siete miembros, declararon que el delito a imponer a los enjuiciados era de sedición y no de rebelión?
El juicio comienza hoy contra Trapero y tres más.
Esa es la principal incógnita que el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo, y su compañero Pedro Rubira –que en esta primera sesión, estarán acompañados por el fiscal jefe de ese órgano, Jesús Alonso–, tendrán que dilucidar ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, presidido por Concepción Espejel Jorquera, y compuesto por Francisco Javier Vieira Morante y por Ramón Sáez Valcárcel, que actuará de ponente.
De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales, redactado antes del juicio del «procés», el que fuera máximo responsable operativo de los «Mossos d’Esquadra» durante los sucesos de septiembre y octubre de 2017, el mayor Josep Lluis Trapero Álvarez, y sus exjefes políticos en la policía autonómica, el exdirector general de la policía autonómica, Pere Soler i Campins y el secretario general del Departamento de Interior, César Puig i Casañas, serán acusados por el delito de rebelión.
La intendente de los «Mossos», Teresa Laplana Cocera, responsable del operativo de seguridad en el edificio de la Secretaria General de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, por su parte, será enjuiciada por el delito de sedición.
La pena que contemplan los artículos 472.5 y 7 del Código Penal, para la pena de rebelión, es de 11 años de prisión y de inhabilitación absoluta para cargo público.
La de sedición, en el caso de la intendente, es sensiblemente inferior: 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación especial para cargo público.
Los cuatro fiscales que ejercieron la acusación en el Tribunal Supremo mantuvieron hasta el último segundo de su exposición que lo que habían cometido los condenados había sido un delito de rebelión y no de sedición.
¿Seguirán manteniendo el planteamiento a sabiendas del resultado de ese juicio?
El Ministerio Público considera que Trapero, Puig, Soler y Laplana cooperaron de forma «decisiva, consciente e intencionada» con los líderes independentistas tanto en los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería catalana de Economía como durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Los acusados «constituyeron una pieza clave por, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los Tribunales de Justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista».
Y promovieron una «inacción y dejación de funciones» de los Mossos que permitiera a los líderes independentistas alcanzar sus objetivos, ya que entiende que Puig, Soler y Trapero, «cada uno desde su cargo y responsabilidad, se sumaron al plan secesionista poniendo a disposición de éste la actuación del cuerpo policial».
A Laplana se le juzgará por su actuación durante el asedio a la Consejería de Economía, el 20 de septiembre de 2017, donde se estaba produciendo un registro judicial, cuyos responsables no pudieron salir del edificio hasta el día siguiente por la concentración de unas 40.000 personas.
TRAPERO DIO SU VERSIÓN DE LOS HECHOS EN EL JUICIO DEL PROCÉS
Además de declarar en periodo de instrucción en la Audiencia Nacional, Trapero ya ha dado su versión ante los tribunales con respecto a estas acusaciones.
Fue en el juicio del ‘procés’, donde declaró como testigo durante cuatro horas en las que defendió que sus órdenes a los agentes a su cargo nunca fueron dirigidas a permitir el referéndum independentista.
También aseguró que desde dos días antes de esa convocatoria, los «Mossos» ya habían previsto un plan por si era necesaria la detención de Puigdemont y que se puso a disposición del fiscal superior de Cataluña y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat).
Como ya habían declarado previamente otros mandos de los «Mossos», Trapero contó al tribunal del ‘procés’ que días antes del referéndum había convocado a Puigdemont, Junqueras y Forn a dos reuniones en las que les avisó de que, si seguían adelante con la votación, podía haber «desórdenes públicos».
Los magistrados dieron toda credibilidad a esta versión, pues así lo reflejaron en su posterior sentencia.
Además, defendió la actuación de los «Mossos» durante el 1-O, afirmando que la magistrada del TSJCat les había pedido «paciencia, contención y garantizar la paz social» y que el dispositivo para impedir el referéndum era responsabilidad de tres cuerpos policiales, no sólo de uno.
También remarcó que los «Mossos» no cuentan con dispositivos suficientes para enfrentarse a «dos millones de personas» que preveían que saldrían a votar.
«Nos hubiese encantado que hubiese habido más resultados. Hubo los que pudimos entre todos. Iba a haber dos millones de personas queriendo hacer algo y unos 15.000 policías para impedirlo en cumplimiento de un mandato judicial. Por lo tanto, podía haber riesgo de problemas de orden público», manifestó el mayor durante su comparecencia.
Una vez terminen de declarar los acusados en el juicio –Trapero, Laplana, Soler y Puig, por este orden–, el tribunal ha citado a los testigos propuestos por las partes.
El primero será el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O, quien también declaró en el juicio del Supremo y cuya relación con Trapero «fue siempre difícil», tal y como dijo él mismo.
A continuación, será el turno de Ferran López, el mando de los «Mossos» que sustituyó a Trapero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Su versión de los hechos se pareció más a lo que contó el mayor en el juicio que a la de Pérez de los Cobos.
Pero los testigos que más atención mediática despertarán llegarán cerca del final de la vista oral.
Serán los condenados por sedición Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, así como el expresidente catalán Artur Mas.
También pasarán por la Audiencia Nacional para comparecer como testigos la letrada de la Administración de Justicia que tuvo que salir por la azotea de la Consejería de Economía durante el asedio al registro judicial del 20 de septiembre de 2017.
POLICÍAS, GUARDIAS CIVILES Y MOSSOS
La lista se completa con agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra, así como el exdirector general de la policía autonómica Albert Batlle –al que sustituyó Pere Soler– y los comisarios de la policía autonómica Joan Carles Molinero, Manel Castellvi, José Luis Guerrero, Rafael Comes y Emili Quevedo.
Jordi Jané, el exconseller de Interior que dejó el cargo dos meses y medio antes del referéndum independentista y al que sustituyó Forn, también ha sido citado.
Según dijo él mismo durante el juicio del Supremo, una de las razones de su dimisión fue no quererse ver «envuelto en un proceso de un referéndum unilateral».
El último testigo previsto por el tribunal es Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior. Según el calendario provisional de las sesiones, el juicio podría estar visto para sentencia a mediados de marzo.
