La International Bar Association presentó el informe "¿Nosotros también? La intimidación y el acoso sexual en las profesiones jurídicas (Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession)".
Las profesiones jurídicas declaran la guerra al acoso sexual y laboral
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23/1/2020 06:30
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Actualizado: 23/1/2020 17:29
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“El acoso sexual o moral no puede ser compatible con el ejercicio de la actividad como jurista».
Con estas palabras Almudena Arpón, socia de Gomez-Acebo & Pombo y secretaria general de la International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados o IBA, por sus siglas en inglés), la mayor organización de abogados del mundo, daba por concluida una sesión donde se presentó el estudio sobre intimidación y acoso sexual.
Fue en el Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en Madrid, donde IBA y CGAE presentaron públicamente el informe «¿Nosotros también? La intimidación y el acoso sexual en las profesiones jurídicas (Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession)».
El objetivo de dicho estudio es dar a conocer lo que se hace en España para prevenir el acoso sexual y laboral desde el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el CGAE y los despachos de abogados.
En mayo de 2019 se presentó la anterior edición, lo que provocó el consiguiente revuelto. Confilegal dio cuenta de ello, recogiendo sus conclusiones de entonces.
Arpón, que suena en todas las quinielas para presidir la IBA a corto plazo, fue la que abrió el fuego en la presentación. Recordó “que aunque los datos presentados en el informe sorprenden, la abogacía no está al margen de ella con lo cual debemos establecer mecanismos para detectar esas irregularidades y ayudar a las víctimas de acoso a que denuncien”.
Almudena Arpon, secretaria general de la IBA, una de las anfitrionas del evento.
Quizá el dato que más preocupa de dicho informe es que un 57 % de las víctimas de «buylling» (como se denomina en inglés al acoso) y otro 75% de acoso sexual prefieren no denunciar por determinadas circunstancias.
Para la secretaria general de la IBA es fundamental establecer medidas para revertir esos datos y que cuando publiquemos en el 2024 el próximo informe la situación haya revertido hacia otro tipo de tendencias”.
Desde su punto de vista, es fundamental que en un mundo tan conectado a nivel global como el que vivimos «podamos trabajar de manera interconectada entre todas las entidades implicadas del sector legal para poner freno a estas malas prácticas y lograr que este tipo de comportamientos se expulsen de esta actividad jurídica”.
«HAY QUE DAR UN PASO ADELANTE»
Arpón reconoció que ahora todos los agentes implicados en el sector jurídico “tienen que dar un paso adelante. De esa manera pasaríamos de la fase de sensibilización en la que estamos, a otra más práctica donde cada entidad, despacho o corporación revise sus políticas de prevención del acoso y vean si realmente se están cumpliendo”.
La presentación de este informe fue realizada por Kieran Pender, «senior legal advisor» (asesor legal senior) de la IBA, que se entregó en papel a todos los asistentes al evento, sirvió para conocer qué medidas se implementan desde los estamentos judiciales, fiscales y de la abogacía para frenar este tipo de situaciones que suponen un desgaste mental y físico para la víctima
Fue la propia Carmen Pérez Andújar, moderadora del panel, quien explicó, en la introducción del evento a los asistentes que el CGAE había encargado una encuesta sobre ella abogacía a Demoscopia en el 2018.
Como datos relevantes, 1 de cada 3 abogadas habían detectado comportamientos machistas mientras que 2 de cada 3 abogados comentaban que ese tipo de comportamientos no existían.
El 75% de las víctimas de acoso sexual prefieren no denunciar por determinadas circunstancias
Según una encuesta del CGAE, 1 de cada 3 abogadas habían detectado comportamientos machistas mientras que 2 de cada 3 abogados comentaban que ese tipo de comportamientos no existían.
DEFINIR PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO
A tal efecto se sucedieron las intervenciones.
Juan Martínez Moya, magistrado y vocal del CGPJ, explicó que, con 25 años de retraso, en 2015 se aprobó el Plan de Igualdad para la judicatura.
“Puedo adelantar que el próximo Pleno del Consejo se aprobará una renovación del mismo”, anunció. Junto a ese Plan se incorpora un protocolo frente al acoso laboral y sexual que se puede consultar en la web del CGPJ.
Martínez Moya recordó que dicho Protocolo está configurado por 17 artículos que ayudan a resolver asuntos relacionados con el acoso sexual y moral y diferentes discriminaciones estructurándose en tres fases, lo que hace que también pueda aplicarse en la oficina judicial.
También apuntó que en 2017 se hizo desde el CGPJ una encuesta a la carrera judicial sobre los principales riesgos psicosociales.
Una encuesta anónima a la que contestaron alrededor del 50% de los jueces españoles.
“El principal riesgo psicosocial es la carga de trabajo que sufren nuestros jueces, con lo cual algunas de las medidas encaminadas están para regular dicha carga de trabajo”, declaró.
Con posterioridad tuvo lugar una mesa redonda moderada por Carmen Pérez Andújar, consejera del CGAE, donde intervinieron Teresa Olavarría, fiscal, Carmen Renedo, jefa de la sección de prevención de riesgos laborales del CGPJ, Ester de Félix, socia de Litigación de Arbitraje de Cuatrecasas y miembro de la Comisión de Prevención de Acoso del despacho y Laura Pérez, socia de laboral del despacho Pérez-Llorca.
De izquierda a derecha, Teresa Olavarría de la Fiscalía General del Estado; Carmen Pérez Andújar, moderadora y consejera del CGAE; Ester de Félix, socia de Cuatrecasas; Laura Pérez, socia de Pérez-Llorca; y Carmen Renedo del CGPJ.
Olavarría, destinada en la inspección de la FGE, recordó que el protocolo contra el acoso sexual y laboral se aprobó en julio del 2019 y que se puede descargar de la propia web de la fiscalía.
Y apuntó que para las cuestiones menos graves se había configurado la figura del mediador. Existen 48, para poder gestionar este tipo de conductas inapropiadas.
También comentó que la jerarquía existente en este operador jurídico como incluso las malas instalaciones que han existido en muchas fiscalías han sido elementos que han ayudado a que se produjeran situaciones de acoso.
Sin embargo, cree que con las nuevas generaciones de fiscales que ahora se incorporan la situación esta revertiendo.
De Félix recordó que su despacho había puesto en marcha en el 2012 junto con el Plan de Igualdad de la firma un protocolo frente al acoso y que lo fundamental es que las víctimas lo tengan fácil para poder denunciar cualquier situación que sufran.
También apunto que es importante establecer canales de denuncia flexibles que ayuden a gestionar este tipo de asuntos.
Recordó que en un despacho como Cuatrecasas “el respeto y aceptar la diversidad se han convertido en los valores de nuestra organización junto a la excelencia o la meritocracia”.
Eso hace que aparezcan incluidos en cada uno de los Planes Estratégicos que el despacho realiza. «Los incluimos siempre en nuestro Plan Estratégico de la firma”.
Por su parte, Pérez Benito, socia de Pérez-Llorca, recordó que en este tipo de situaciones las leyes, una vez definido lo que son las conductas inapropiadas, pueden ayudar a frenar este tipo de comportamientos y sus consecuencias. También apuntó la necesidad de que las firmas legales, junto con el desarrollo de su plan de igualdad, cuenten con un protocolo antiacoso que ayude a prevenir este tipo de conductas. A este respecto recordó lo importante de formar e informar a los profesionales de la existencia de esos protocolos.
“Tanto a nivel del profesional que puede verse afectado seriamente como a nivel reputacional de la firma”.
También apuntó a la necesidad de que las firmas legales, junto con el desarrollo de su plan de igualdad, cuenten con un protocolo antiacoso que ayude a prevenir este tipo de conductas.
A este respecto recordó lo importante de formar e informar a los profesionales de la firma de esos protocolos.
Pese a ello reconoce que la tendencia es a que las denuncias sean escasas en cualquier organización. El miedo a perder el puesto de trabajo es una de las principales razones.
Los ponentes en sus intervenciones finales dijeron que creían que la situación en los próximos años tendrá a revertirse.
Consideraron que, detectado el problema, cada operador jurídico pondrá las medidas adecuadas para revertir este tipo de situaciones que van contra natura en el sector legal.
“No tiene sentido que profesionales que nos dedicamos al mundo de la justicia, toleremos este tipo de actitudes. Debe haber tolerancia cero contra el acoso”, afirmaron.
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