José Manuel Villarejo, comisario jubilado en prisión preventiva, sufragó con más de 75.000 euros gastos personales de Julio Corrochano, exjefe de seguridad del BBVA y ex comisario general de Policía Judicial de la Policía Nacional.
Corrochano, en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros desde el pasado mes de julio, había sido superior de Villarejo en la Policía Nacional.
Fue el contacto a través del que el BBVA contrató a Cenyt, la empresa del comisario encarcelado, con el fin de frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del Banco.
El excomisario general declaró ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que él actuó bajo las instrucciones directas del presidente del banco, Francisco González, con el mandato de que sólo podía reportar de su desarrollo a él, a su jefe directo como director general de Recursos Humanos, Ángel Cano, y al director de Comunicación.
Los gastos personales que Villarejo le pagó fueron, principalmente, muebles y otros efectos similares.
Así consta en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, incorporado al sumario de la pieza 9 del conocido como ‘caso Tándem’, la macrocausa que investiga las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado.
Según el documento, los pagos, efectuados entre julio y octubre de 2013, habrían sido realizados por Stuart & McKenzie, una de las sociedades de Villarejo, y cobrados por Selhogar Confort, «cuyo beneficiario parece ser Julio Corrochano».
Las facturas aportadas por Selhogar Confort están repartidas por pedidos y por muy diversas cantidades, desde los 500 hasta los 11.695 euros.
En unos casos, por ejemplo, los conceptos sólo mencionan la palabra ‘mobiliario’ y fueron emitidas en varios pagos.
En otros casos, son más específicas: Villarejo compró un aparador modelo ‘Empire’ y una mesa de comedor modelo ‘Samburu’ por algo más de 8.000 euros; un radiador ‘Soho’ por casi 800 o mesitas auxiliares por 2.767, 571 y 747 euros.
SEGUIMIENTOS, PAGOS ILÍCITOS Y DÁDIVAS
Según reflejó la Fiscalía Anticorrupción en uno de sus informes aportados a la causa, alguno de los directivos investigados en esta pieza 9 habría percibido dádivas del entorno del entramado empresarial de Villarejo por facilitar tales contrataciones.
Pero la relación entre el expolicía y el BBVA no terminó ahí, sino que lo que investiga esta pieza 9 de la macrocausa son los 13 años de contratos que Villarejo firmó con esta entidad presidida entonces por Francisco González.
Se trataba, sobre todo, de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria, actividades que supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas, según Anticorrupción.
La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.
