La Fiscalía Anticorrupción solicita 173 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, así como una multa de 181 millones de euros para la entidad, en el futuro juicio por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, por la supuesta comisión de una serie de encargos ilegales, entre 2004 y 2006, a través de su empresa, CENYT.
El Ministerio Fiscal atribuye a González y al BBVA delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, figuras penales previstas en el Código Penal para sancionar la obtención ilícita de información privada mediante el uso de recursos públicos o de funcionarios.
Junto a González, acusa a ocho altos cargos del banco, a Villarejo, a Rafael Redondo Rodríguez y Antonio Bonilla Martínez, y a la propia entidad, como persona jurídica.
El proceso judicial dio un paso relevante el pasado 20 de febrero, cuando la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento del BBVA, de su expresidente y de varios exdirectivos por estos hechos.
En relación con González, la Sala Tercera de la Audiencia Nacional señaló —en línea con el criterio del juez instructor— que algunos contratos con CENYT habrían sido autorizados por el entonces presidente del banco.
Según los magistrados, existen indicios de que González conocía la naturaleza de la empresa de Villarejo y los métodos utilizados para obtener información, ya que esa entidad había prestado servicios similares con anterioridad.
En ese sentido, el tribunal considera razonable la interpretación de los indicios realizada en la resolución recurrida y por las acusaciones, que apuntan a la posible participación de González en los delitos investigados.
Los jueces sostienen provisionalmente que el expresidente del banco era consciente de que la información obtenida por CENYT se habría conseguido sin respetar la legalidad vigente.
De acuerdo con aquel auto judicial, esas actuaciones habrían implicado el uso de funcionarios policiales para acceder a datos personales e información reservada, con una posible afectación de derechos fundamentales de las personas investigadas y sin la correspondiente autorización judicial.
A pesar de ello, añade la resolución, se habrían mantenido los contratos con Villarejo.
Por todo ello, la Sala concluye que los hechos presentan indicios de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos, lo que justifica la continuación del procedimiento y el rechazo de las solicitudes de archivo.
Procesamiento en 2024
El origen de esta fase procesal se remonta a junio de 2024, cuando el entonces magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, propuso llevar a juicio al banco, a González y al propio Villarejo, entre otros investigados.
Con un auto de 268 páginas, el magistrado dio por concluida la instrucción de la pieza separada número 9 del conocido caso Villarejo.
Según el instructor, el origen de los hechos se sitúa en 2002, cuando el BBVA contrató al excomisario de policía Julio Corrochano.
Esa incorporación, que habría contado con el visto bueno de González, facilitó el enlace entre la entidad financiera y antiguos compañeros del policía dentro del cuerpo, entre ellos Villarejo y el comisario en activo Enrique García Castaño.
Según dicho auto, los trabajos encargados incluyeron investigaciones intrusivas, seguimientos personales, obtención de datos telefónicos y análisis de información sensible, en ocasiones mediante acceso a bases de datos policiales o interceptación de comunicaciones.
Uno de los proyectos más amplios fue el denominado PIN o Austria, centrado en la asociación Ausbanc y su presidente, Luis Pineda.
El objetivo era recopilar información sobre la organización, sus contactos y su entorno judicial y mediático, además de promover estrategias destinadas a deteriorar su reputación pública.
El BBVA coordinó la redacción de una denuncia que fue entregada de forma «anónima» a la UDEF en febrero de 2015. Esta denuncia, que omitía el origen de la información (CENYT), dio lugar a las actuaciones judiciales contra la asociación en la Audiencia Nacional y que mantuvieron a su presidente, Luis Pineda –luego absuelto por el Tribunal Supremo–, cuatro años en prisión preventiva y destruyeron al grupo Ausbanc.
Otros encargos se dirigieron a grandes deudores del banco, con el fin de localizar patrimonio oculto y recuperar créditos millonarios. Entre ellos destacan los proyectos Summer y King, que investigaron el entorno económico y personal de empresarios vinculados a compañías inmobiliarias con fuertes deudas con la entidad.
El sumario también recoge actuaciones dirigidas contra periodistas que publicaron informaciones críticas sobre el banco, entre ellos Eduardo Inda y Francisco Mercado, con el objetivo de identificar sus fuentes.
Además, la documentación menciona otros encargos puntuales: investigaciones reputacionales sobre empresarios antes de operaciones comerciales, seguimiento de colectivos ciudadanos contrarios a proyectos urbanísticos del banco y trabajos de inteligencia relacionados con la tentativa de toma de control del BBVA por parte del grupo constructor Sacyr en 2004.
El auto de García Castellón sostiene que estas operaciones se financiaron mediante contratos encubiertos y circuitos de facturación opacos, y que algunas pudieron implicar el uso indebido de información policial reservada. Estos hechos constituyen la base de las imputaciones por cohecho y revelación de secretos que se investigan en la causa.
