La Fiscalía Anticorrupción no se ha movido un milímetro.
Veinticuatro años de prisión para José Luis Ábalos. Diecinueve años y medio para su exasesor Koldo García Izaguirre. Siete para Víctor de Aldama, el hombre que presuntamente engrasó la maquinaria.
Esas son las penas que el Ministerio Público ha elevado a definitivas este lunes en el Tribunal Supremo, una vez concluidas las declaraciones de los tres acusados en el conocido como juicio de las mascarillas.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, fue taxativo. El nuevo escrito de conclusiones definitivas introducía cambios, sí, pero de orden menor: «Más de orden, de redacción, de precisión de algunos conceptos, de corrección de alguna errata, pero sin que haya una modificación sustancial de las conclusiones».
En lo esencial —delitos, penas, acusados— nada había cambiado.
El PP, que lidera la acusación popular, sí ha movido ficha respecto a Aldama. De siete años a cinco. El letrado del partido, Alberto Durán, explicó el motivo: la colaboración del empresario con la justicia.
«Esta parte ha valorado especialmente la colaboración prestada por Aldama, que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, facilitando incluso el descubrimiento de otras actuaciones de los señores Ábalos y Koldo, igualmente delictivas, vinculadas con la adjudicación de contratos de obra pública», ha dicho.
Una atenuante de confesión, en definitiva, que los populares han decidido premiar con una rebaja.
Para Ábalos y Koldo, en cambio, el PP no afloja: treinta años para cada uno. Muy por encima de lo que pide Anticorrupción.
La defensa de Aldama también elevó sus conclusiones a definitivas. Su abogado insiste en que la atenuación apreciada por la Fiscalía es insuficiente: «Esto nos lleva a una pena que en ningún caso puede superar los dos años de prisión para cada uno de los delitos».
Las defensas de Ábalos y Koldo mantienen la posición que han sostenido desde el principio. Piden la absolución.
El juicio sigue su curso en el Supremo.
