José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, declara hoy ante los siete magistrados del Tribunal Supremo de componen el caso.
Lo hará en la peor de las posiciones imaginables: el último de los tres acusados en sentarse frente a los magistrados, después de que su exasesor y el empresario que supuestamente los corrompió a ambos hayan dejado ya sus versiones sobre la mesa.
El escenario no puede serle más ingrato.
Koldo García ocupó dos días enteros de interrogatorio. Víctor de Aldama, otros dos. A Ábalos le espera la jornada completa de este lunes —sesión de mañana y de tarde— en el Salón de Plenos del alto tribunal, donde el juicio arrancó el pasado 7 de abril.
Si todo transcurre según lo previsto, el martes quedaría visto para sentencia tras la prueba documental y los informes finales.
Lo que ya dijeron los otros dos
Koldo García se defendió con una estrategia clara: ignorancia y subordinación. Sostuvo que no decidió la compra de mascarillas, que su papel se limitó a gestionar la llegada del material sanitario a España, y que las «chistorras» —así llamaba, según reconoció, a los billetes de 500 euros del partido— eran «totalmente legales».
Negó haber recibido los 10.000 euros mensuales que le atribuye la Fiscalía. Y lanzó una revelación que nadie esperaba: que Ábalos fue amenazado por su expareja Jéssica Rodríguez con destapar su vida privada.
Aldama fue otra cosa. El empresario no solo no restó, sino que multiplicó.
Afirmó sin ambages que Pedro Sánchez era «el uno» en una organización criminal jerarquizada y que «todo lo sabía».
Dijo que tanto Koldo como Ábalos le pidieron que constructoras contribuyeran a «la financiación del PSOE». Y cifró los pagos a ambos entre 3,5 y 4 millones de euros en total.
Dos versiones. Parcialmente contradictorias. Y Ábalos, mañana, tendrá que navegar entre las dos.
Lo que pide la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción, con Alejandro Luzón al frente, ha construido un relato de reparto de roles milimétrico.
Ábalos era «el jefe», el que aportaba autoridad ministerial y capacidad de influencia.
Koldo era «su alter ego»: más asistente que asesor, encargado de manejar «las fuentes ilegales de dinero en efectivo» de su superior, actuando «de facto como testaferro».
Aldama, el operador externo, el que localizaba empresas, articulaba intereses y distribuía los beneficios.
Una organización, sostiene Luzón, nacida «con innegable vocación de permanencia en el tiempo» y activa durante varios años.
Que solo empezó a desmoronarse cuando Ábalos y Koldo salieron del Ministerio de Transportes en julio de 2021, después de 4 años a su frente.
Las cifras son brutales. 24 años de prisión para Ábalos. 19 y medio para Koldo. Multas de casi cuatro millones de euros.
Pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, aprovechamiento de información privilegiada, malversación.
Las acusaciones populares lideradas por el PP van más lejos aún: 30 años para el exministro y su exasesor.
El corazón del caso: las mascarillas y mucho más
El detonante mediático del caso fue la compra de material sanitario durante la pandemia.
Aldama, según la Fiscalía, supo antes que nadie cuáles eran las necesidades del Ministerio, encontró las empresas adecuadas y se hizo con los contratos —primero en Transportes, después en las administraciones canaria y balear— gracias a su «interlocución privilegiada» con el entonces ministro.
Pero el caso va mucho más allá de las mascarillas.
La acusación describe una maquinaria que operaba en cualquier frente donde hubiera oportunidad: contratos, alquileres de viviendas para los acusados y sus parejas, empleos en empresas públicas.
Una retribución continua, sistemática, en metálico y en especie.
10.000 euros al mes. Facturas de alquiler cubiertas. Puertas abiertas en múltiples administraciones.
Y ahora Ábalos
El «número tres» del partido en su época de mayor influencia— comparece hoy con la carga de todo lo anterior.
Con las declaraciones de Koldo. Con las de Aldama. Con el escrito de Anticorrupción describiendo una estructura criminal de la que él era, presuntamente, la cabeza visible.
Qué diga. Cómo lo diga. Si confirma, contradice o matiza lo que ya se ha vertido en ese salón de plenos.
Eso es lo que queda por saber.
