Jenaro García, fundador de Gowex, se sentará próximamente en el banquillo de la Audiencia Nacional por varios delitos, entre ellos el de presunto fraude a inversores; la Fiscalía pide 18 años de cárcel y una multa de 10,2 millones para él, la misma pena que para su esposa, Florencia Maté, consejera de Gowex. Foto: EP
Admitida a trámite la demanda de 140 accionistas de Gowex contra BME y EY
Presentada por Asufin, reclama una indemnización conjunta de 3,3 millones de euros para los accionistas en concepto de daños y perjuicios "por el valor de las inversiones volatilizadas tras comprobarse el falseamiento de la misma"
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13/2/2020 15:15
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Actualizado: 13/2/2020 15:28
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El Juzgado de Primera Instancia número 58 de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) en representación de 140 de sus asociados, inversores de Gowex, contra Bolsa y Mercados Españoles (BME) -regulador del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que cotizaba la compañía- por incumplimiento del deber de supervisión, y contra la consultora Ernst & Young (EY), en su condición de asesor registrado de Let´s Gowex, responsable del suministro y validación de la información financiera manifiestamente incorrecta.
Asufin reclama una indemnización conjunta de 3,3 millones de euros en concepto de daños y perjuicios «por el valor de las inversiones volatilizadas tras comprobarse el falseamiento de la misma».
Esta asociación, que preside Patricia Suárez, ha recordado hoy en un comunicado que «la manipulación ilícita» de las cuentas de Gowex «durante al menos cuatro años» está siendo objeto de un proceso penal en el Juzgado de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado Santiago Pedraz, por supuestos delitos de estafa y falseamiento de las cuentas.
“Más allá de las responsabilidades penales que se le atribuyan, los accionistas tienen derecho a reclamar que BME y Ernst & Young respondan patrimonialmente por unas pérdidas que no se hubieran producido caso de haber cumplido con sus obligaciones de supervisión y verificación”, destaca Patricia Suárez.
Lamenta que «durante cuatro años se haya dado por buena una información que nada tenía que ver con la realidad».
Cartel promocional de Gowex. Foto: EP
Óscar Serrano, abogado de Colectivo Ronda y colaborador de Asufin, que asume la dirección letrada de la demanda, recuerda que “la decisión de invertir en una empresa se realiza sobre la confianza de que la información pública relativa al estado financiero y de resultados se ajusta a la realidad y ha sido objeto de supervisión por parte de los órganos que velan por el buen funcionamiento de los mercados”.
Indica que cualquier accionista «es consciente de que una coyuntura desfavorable puede comportar pérdidas en el valor de su inversión pero esto no implica que el sistema pueda desproteger por completo a los inversores».
«BME y Ernst & Young, como plantea la demanda, no han satisfecho las obligaciones respecto a la veracidad de la información trasladada a los inversores y son por ello responsables de las pérdidas sufridas por la falta de diligencia en la labor supervisora, es decir, culpa in vigilando», subraya.
La empresa Gowex, presidida por Jenaro García, y dedicada a la creación y gestión de redes Wifi de acceso gratuito, debutó en el MAB en marzo de 2010.
Lo hizo con una valoración de sus acciones de 3,5 euros, pero «este precio se incrementó rápidamente por los constantes anuncios de nuevos contratos y acuerdos de colaboración con ayuntamientos, administraciones y entidades para el suministro de puntos Wifi», recuerda Asufin.
Proveía servicios al Ayuntamiento de Madrid y otras 64 ciudades, entre ellas Nueva York, París, Dublín o Dubái.
En solo cuatro años, la revalorización de las acciones se situaba en un 470% y el valor de la empresa en Bolsa alcanzaba los 1400 millones de euros.
El escándalo de Gowex estalló en el verano de 2014, el 1 de julio, tras un informe de la firma de análisis Gotham City Research que advertía que el valor de los títulos de la compañía era de cero euros y que el 90% de sus ventas no existían.
No habían transcurrido ni cuatro meses desde que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hubiera entregado a Jenaro García el premio Start-Ex como mejor proyecto de emprendimiento tecnológico.
A los pocos días de la publicación del informe de Gotham City Research y tras negar en un primer momento la veracidad de la información hecho pública, finalmente los responsables de Gowex admitieron el falseamiento de las cuentas.
El periplo de Gowex en Bolsa acabó en junio de 2018 al quedar excluida definitivamente del parqué.
Jenaro García se libró de ingresar en prisión en 2015 pagando una fianza de 600.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción pide para él 18 años de prisión y una multa de 10,2 millones por supuestos delitos de falsedad en documento mercantil, fraude de inversores, apropiación indebida, fraude a los presupuestos de la Unión Europea y uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.
La misma pena reclama para la consejera de Gowex, Florencia Maté, esposa de García, y para el secretario del consejo de administración, Francisco Manuel Martínez, pide 17 años y medio y una multa de 4,25 millones.
Asufin también recuerda en su comunicado que ya es firme la sanción de 150.000 euros por infracción muy grave impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) a BME en relación con el caso de Let’s Gowex por incumplimiento de su deber de supervisión y control de la figura de los asesores registrados, en este caso Ernst & Young, que operan en el MAB.
Apunta que la presencia de asesores registrados es una imposición del reglamento del propio MAB a las empresas presentes en este índice bursátil.
Entre sus funciones está la de transmitir a BME la información y los datos relativos a las empresas participadas que se acaban facilitando al mercado y haciéndose públicos.
BME había presentado recurso contra esta resolución sancionadora señalando que no se incluía entre sus responsabilidades verificar los datos aportados por los asesores registrados.
«Un argumento que la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional desestimó íntegramente señalando que BME había incurrido en “el incumplimiento de sus deberes de supervisión de este sistema multilateral de negociación como entidad rectora del mismo” y reprochando a la entidad en relación al caso Let’s Gowex no haber realizado «las actuaciones que fuesen, en su caso, precisas para contrastar la información facilitada» por Ernst & Young», señala Asufin.
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