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¿Cuáles son las claves de la futura Ley de Cambio Climático que se tramitará en el segundo trimestre del año?

Esta normativa busca impedir que las zonas urbanas declaradas bajas en emisiones puedan revertirse sin contar con un informe positivo de la administración
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Dos expertos, como Daniel Vázquez, socio responsable del departamento de Derecho Público y de Medio Ambiente del despacho de abogados internacional ‘Dentons‘, y Marta Barahona, experta en sostenibilidad y cambio climático, de Gabeiras y Asociados, analizan y revelan las claves sobre el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lo ha remitido recientemente al Consejo Asesor de Medio Ambiente como paso previo a su tramitación parlamentaria, algo que no ocurrirá, muy probablemente, hasta el segundo trimestre del año.

Antes, será tratado en Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas y sometido a dictamen por el Consejo de Estado. Junto con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, ya informado por la Comisión Europea, pero todavía no aprobado definitivamente, conforman los dos pilares fundamentales de la política nacional en materia de cambio climático y transición energética.

Ambos documentos se alinean, a su vez, con los compromisos adquiridos por la Unión Europea bajo el ‘acuerdo de París’ y con el recientemente aprobado ‘Pacto Verde Europeo’, que conforman la hoja de ruta europea hacia la denominada ‘neutralidad climática’, esto es, hacia una economía libre de emisiones de carbono en 2050.

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El anteproyecto de ley es un texto sobre el que se viene trabajando desde hace años y del que ha habido diferentes borradores, pero que por la coyuntura política española en los últimos tiempos nunca ha podido ver la luz.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado la importancia de que el anteproyecto “llegue cuanto antes al parlamento para el debate y enriquecimiento por parte de los grupos parlamentarios”.

El nuevo texto consta de 37 artículos –frente a los 28 del texto anterior- distribuidos en nueve títulos –antes ocho-, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria única y once disposiciones finales.

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El nuevo título está dedicado a la gobernanza y la participación pública, estableciendo un Comité de Cambio Climático y Transición Energética, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas en materia de clima y energía, elaborando un informe anual que será remitido al Congreso de los Diputados.

Este anteproyecto amplía el porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deberán contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad final, que será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, será en cualquier caso superior a la anteriormente fijada (20%).

Además, el Gobierno promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

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Nuestra publicación ha pedido a varios expertos en temas medioambientales su punto de vista sobre esta futura normativa y cómo podrá articularse en el contexto de la economía española.

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Apuesta por la gobernanza

En opinión de Daniel Vázquez, socio responsable del departamento de Derecho Público y de Medio Ambiente del despacho de abogados internacional ‘Dentons‘, “se trata más de un paquete de medidas de carácter programático y de gobernanza, que de imponer obligaciones concretas y directas a los ciudadanos, administraciones y demás agentes involucrados”.

Para Vázquez “se podría decir que la futura ley manda señales regulatorias y económicas tendentes a dar estabilidad en la materia, al tiempo que marca la dirección del país hacia la ansiada y necesaria neutralidad climática”.

Así pues, “cuando se apruebe por el parlamento, la ley será desarrollada por otros textos normativos que sí impondrán obligaciones directas a las administraciones, particulares y demás agentes involucrados en materias tan variadas -pero todas ellas con incidencia en el cambio climático- como las energías renovables, el vehículo eléctrico, la movilidad urbana, la seguridad alimentaria, el suelo y la rehabilitación urbana, la contratación pública o la fiscalidad ambiental, por citar solo algunos ejemplos”, aclara.

Daniel Vázquez, nuevo socio director área medioambiental de Dentons en España. Dentons.

A su juicio, “con el nombramiento de la ministra Ribera como vicepresidenta cuarta del Gobierno, la declaración de emergencia climática aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero y ahora el impulso, esperemos definitivo, al anteproyecto de ley, la lucha contra el cambio climático se consolida como una de las prioridades del nuevo Gobierno. Y como tal, bienvenida sea”.

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No obstante, “esa lucha requiere también de acción; hace falta el compromiso firme y decidido de todos los sectores involucrados, que empieza, en mi opinión, por una verdadera concienciación sobre el problema y las graves consecuencias que puede acarrear, para el mundo en general, y para nuestro país en particular, ya suficientemente amenazado por la escasez de agua y por los efectos devastadores de la variabilidad climática”, indica.

Junto con ello, continua Vázquez, “hará falta un esfuerzo económico por parte del Gobierno tendente a desplegar políticas eficaces y eficientes que favorezcan la transición hacia la descarbonización y que pasan, al menos, por un fomento de las energías renovables, la mejora de la movilidad urbana y la eficiencia energética”.

Una normativa necesaria

Desde Gabeiras & Asociados, Marta Barahona, experta en sostenibilidad y cambio climático, señala que la futura aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética responde a una necesidad social ineludible que ya no admite más retrasos y que definirá un marco normativo estable que acompañe a España en el camino hacia el cumplimiento de los acuerdos de París y de la Agenda 2030”.

Barahona señala que “tomando como base las diferentes controversias que se han generado alrededor de ciertas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) como la de Madrid Central, el nuevo texto recoge que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares estarán obligados a implantar ZBE no más tarde de 2023. Además, tendrán que venir acompañadas por medidas de movilidad compartida”.

“Adicionalmente, se establece que cualquier medida que suponga una regresión en las ZBE ya existentes deberá contar con el informe previo de las administraciones estatales o autonómicas competentes en materia de medio ambiente”, añade.

Para facilitar la transición hacia un parque automovilístico eléctrico, “se establece la obligatoriedad de instalar al menos un punto de recarga rápida en aquellas estaciones de servicio con un volumen de ventas superior a los cinco millones de litros de gasóleo y gasolina, lo que representa un 9% del total de la red de gasolineras. Además, se creará una plataforma de información sobre puntos de recarga de vehículos eléctricos”, destaca Barahona.

Marta Barahona, experta en sostenibilidad de Gabeiras & Asociados.

El nuevo texto incluye el objetivo de generar el 70% de la electricidad a partir de fuentes renovables, asegurando que al menos un 35% del consumo final de energía sea de origen renovable. “Para ello, el Gobierno ampliará los presupuestos generales del Estado destinados a favorecer esta transición”.

Barahona aclara que “también cabe resaltar que durante todo el documento está presente la necesidad de que la transición sea justa, fomentando la actividad económica y la mejora de la empleabilidad”.

Como conclusión señala que “es cierto que se ha rebajado la ambición del texto en comparación con el anterior borrador publicado a mediados de 2019. Este nuevo documento se convierte en necesario para avanzar hacia una transición justa baja en carbono y establece un marco estable que ofrece señales claras para aprovechar las oportunidades industriales y de empleo que se van a generar en todos los sectores”.