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Telecomunicaciones, banca y sanidad privada lideran las denuncias de consumidores en 2019, según FACUA

La asociación reclama que el nuevo Ministerio de Consumo se dote de competencias para aplicar multas ejemplarizantes contra los fraudes masivosEl ministro de Consumo, Alberto Garzón, con miembros de su equipo en la reunión con Rubén Sánchez y Olga Ruiz, vicepresidente y secretaria general de FACUA. Foto: Ministerio de Consumo.
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Las compañías de telecomunicaciones han acaparado el 24,5% de las denuncias de los consumidores tramitadas por FACUA durante 2019. El segundo sector con más reclamaciones ha sido el de la banca y los servicios financieros, con el 14,1%. La sanidad privada se ha situado en tercera posición con el 10,9%, como consecuencia de las irregularidades y el cierre de las clínicas ‘iDental’.

En el último año, los equipos jurídicos de FACUA han abierto 9.303 expedientes de reclamación en representación de sus asociados. En cuanto a las consultas planteadas por los consumidores en las oficinas de las organizaciones territoriales de la organización, a través del teléfono y la web, la cifra asciende a 39.403.

La asociación critica la “escandalosa falta de actuaciones” de las autoridades con competencia en protección de los consumidores a nivel estatal y autonómico ante los “gravísimos fraudes” que se vienen produciendo estos últimos años en España. La pasividad de las administraciones obliga a judicializar los fraudes masivos, como ha ocurrido con el ‘dieselgate’ y las cláusulas suelo, entre otros.

Según denuncia FACUA, Durante la anterior legislatura, el papel del ministerio competente en protección de los consumidores -el de Sanidad, Consumo y Bienestar Social- volvió a ser prácticamente inexistente en lo que se refiere a la protección de los consumidores.

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Por eso, la entidad reclama que el nuevo Gobierno asuma como prioritarias las políticas de defensa de los usuarios y que se emprendan cambios legislativos a fin de que el nuevo Ministerio de Consumo sea dotado de competencias para aplicar multas ejemplarizantes ante los fraudes masivos. Y es que desde que comenzaron a aprobarse las leyes de consumo en los años 80, la potestad sancionadora ha estado exclusivamente en manos de las comunidades autónomas.

Reunión con el Ministro de Consumo

El vicepresidente de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez; la vicepresidenta, Olga Ruiz, y la directiva de la organización, Rocío Algeciras, se reunieron este miércoles con el ministro de Consumo, Alberto Garzón; el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, y la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea.

FACUA trasladó al ministro y a los altos cargos del Ministerio de Consumo, después de su toma de posesión, sus principales reivindicaciones en materia de políticas de protección de los consumidores.

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Los dirigentes de la asociación plantearon que las políticas de consumo han estado prácticamente “inertes” en las últimas décadas y que es necesario que sean prioritarias en el nuevo Ejecutivo. Asimismo, mostraron su satisfacción ante el hecho de que el Gobierno cuente con un ministerio dedicado exclusivamente a las políticas de consumo.

La asunción de competencia sancionadora para actuar contra los fraudes masivos es una de las principales reivindicaciones de FACUA, que ha solicitado a Garzón que impulse una reforma del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de manera que el ministerio comparta estas competencias con las comunidades autónomas para que puedan emprender actuaciones sancionadoras ante fraudes masivos que se produzcan en toda España.

Asimismo, la organización reclamó  al ministro que aperciba a las empresas que cometan fraudes masivos y las lleve a los tribunales en acciones de cesación si no rectifican, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuida su cartera por la normativa de protección de los consumidores desde los años 80.

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Además, los representantes de FACUA pidieron al ministro que desarrolle la normativa de protección de los consumidores para que se regule el derecho de resarcimiento de los usuarios que sean víctimas de fraudes o irregularidades en la facturación.

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El objetivo es que cuando un consumidor sea objeto de un cobro abusivo por parte de una compañía o un incumplimiento contractual pueda ser indemnizado, más allá del cumplimiento del contrato y de la devolución de su dinero, con el abono de una cantidad económica en función de la irregularidad sufrida y el tipo de empresa que la haya cometido.

También solicitaron que se acometa una regulación de los servicios de atención al cliente, que se encuentran sin una normativa clara. En anteriores legislaturas ya se iniciaron trabajos en este sentido, pero nunca concluyeron en la aprobación de una norma.

La asociación ha pedido que se regulen los plazos de respuesta en los que las empresas deban contestar a las reclamaciones que formulen los consumidores, así como la obligatoriedad de que determinadas compañías tengan teléfonos de atención al cliente gratuitos, algo que FACUA lleva reclamando años.

Las ‘telecos’, las más denunciadas

Las ofertas engañosas, las subidas fraudulentas de tarifas, los incumplimientos contractuales y los abusos que cometen las ‘telecos’ cuando los usuarios intentan darse de baja han encumbrado a este sector a la primera posición en las denuncias tramitadas por FACUA en representación de sus socios.

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Casi una de cada cuatro reclamaciones tramitadas por FACUA fueron contra compañías de telecomunicaciones, que vienen liderando este ranking desde hace dos décadas.

En los últimos años, las ‘telecos’ solo han sido desbancadas en momentos puntuales por el estallido de fraudes masivos como el ‘caso Volkswagen’, el cierre de ‘iDental’ o la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que favoreció la avalancha de acciones de los usuarios contra la banca por la cláusula suelo.

La banca, en segunda posición

Precisamente el enorme número de casos que siguen abriéndose para reclamar la devolución del dinero defraudado con la cláusula suelo continúa posicionando a la banca como el segundo sector con más reclamaciones en 2019, la cifra ascienda al 14,1%.

La reclamación de los gastos de formalización de hipotecas, otras cláusulas abusivas en préstamos y el cobro de comisiones de forma irregular también han protagonizado buena parte de los expedientes abiertos el año pasado por los equipos jurídicos de la asociación y sus organizaciones territoriales.

En tercer lugar, la sanidad privada, con el 10,9% de las denuncias. El origen está en las irregularidades y el cierre de las clínicas odontológicas ‘iDental’, que ha dado lugar a que más de 5.000 afectados se hayan unido a FACUA, de los que 847 se han personado ya en la causa penal abierta en la Audiencia Nacional a través del equipo jurídico de la asociación.

Pero también son muchas las denuncias de malas prácticas e incumplimientos contractuales en otras empresas del sector de la sanidad privada, que se suman a las numerosas quejas de los usuarios por la devaluación de la calidad de la sanidad pública.

El ránking de sectores con más reclamaciones en FACUA continúa con el transporte, fundamentalmente el aéreo, con el 7,3%.

Además de incurrir en numerosos casos de grandes retrasos y cancelaciones, las compañías incumplen habitualmente la obligación de asistir a los afectados con comida y alojamiento durante la espera, abonarles compensaciones económicas directas, de entre 250 y 600 euros en función del tipo de vuelo, más las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios.

En quinto lugar, las compañías de electricidad y gas, que han sido objeto del 7,2% de los expedientes abiertos en 2019, motivados principalmente por irregularidades en las facturas y engaños en la contratación.

Aunque el Gobierno prohibió por fin las visitas puerta a puerta por el altísimo índice de fraudes, todavía hay compañías que siguen realizándolas y además los usuarios siguen siendo víctimas de ofertas engañosas a través de grandes campañas publicitarias o de la información facilitada por los comerciales de las compañías que se ubican en estands de numerosas grandes superficies.

Las grandes empresas del sector hacen creer que sus tarifas de mercado libre abaratarán las facturas, cuando generalmente son más caras que la tarifa semirregulada (PVPC).

Como puede verse, mucho trabajo tiene por delante el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que a lo largo de esta semana se ha reunido con las principales asociaciones de consumidores.

Se trata, como anticipó Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, en una reciente entrevista, de mejorar la protección de los usuarios de estos servicios y especialmente que las reclamaciones sean sencilla para no judicializar los asuntos.