Abogados de extranjería denuncian expulsiones «ilegales» de inmigrantes desde Canarias a Mauritania
También cuestionan la política inmigratoria del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ahora quiere endurecer las condiciones de asilo en España
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21/2/2020 06:35
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Actualizado: 21/2/2020 00:15
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Las ‘devoluciones en caliente‘ siguen siendo un hecho. La Asociación de Abogados Extranjeristas denuncia que tienen noticias que desde Canarias las autoridades españolas están realizando estas prácticas con atropello de derechos y falta de garantías a estos inmigrantes.
Esta asociación denuncia que aquellos grupos de personas que arriban a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, sin darles la menor oportunidad de expresarse, defenderse o de pedir asilo, y a pesar de ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente.
Una vez allí, las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y anuencia de las españolas, los trasladan a Mali.
Mali es, además de uno de los países más pobres del mundo, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios de comunicación, en la que los grupos afines a ‘Al Qaeda’, como ‘Boko Haram’, intentan controlar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la ‘sharia’.
Cuando se ha conseguido liberar alguna zona controlada por ‘Boko Haram’ las atrocidades que se cuentan no tienen fin y los objetivos preferidos de secuestro para enrolarlos por la fuerza o para convertir a las mujeres en esclavas sexuales son jóvenes como los que se atreven a hacer la ruta en cayuco.
Francisco Solans, vicepresidente de la Asociación de Extranjeristas, recuerda a Confilegal que la Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de nuestra Constitución, los distintos pactos internacionales de derechos humanos, el Convenio Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o indirectamente, expulsar a nadie a un territorio donde su vida pueda sufrir daño o sufrir daños inhumanos o degradantes.
Desde esta asociación se insiste en que «el peligro de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es notorio, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, cínica y repugnante».
Para Solans “el procedimiento que se utiliza es muy expeditivo. Conforme llegan las pateras de inmigrantes se tarde unos diez días en realizar la expulsión. En esos diez días acaban en uno de los tres Centros Internamientos de Extranjeros (CIE) que hay en Canarias pero pocas veces cuentan con asesoramiento jurídico serio”.
En la actualidad, el CIE de las Palmas está cerrado por reformas. Al mismo tiempo, el CIE de Lanzarote está casi completo con lo cual estos inmigrantes acaban en Tenerife. “La comunicación con el abogado es insuficiente con lo cual la merma de sus derechos es evidente”.
Apunta que «tampoco funciona el Servicio de Orientación Jurídica existente al no haber un convenio de colaboración entre el propio Ministerio del Interior y el CIE como sucede en otros casos”.
La única solución para salir de esta expulsión es que estos inmigrantes o alguna ONG presente una solicitud de asilo para así frenar dicha salida “pero en la práctica no suelen cuajar, porque pasa por una ventanilla del propio CIE y, en muchos casos, esta solicitud no prospera».
Sentencia del TEDH no es excusa
A su juicio, las ‘devoluciones en caliente’ no cumplen las condiciones que la propia sentencia del TEDH establece, pues en este caso no existe posibilidad de acceder por una vía legal fronteriza a una oficina de asilo, por lo que no cabe que el Gobierno se escude en ello para justificar esta actuación.
La Asociación de Extranjeristas pide que el Ministro del Interior ponga fin «inmediatamente» a estas prácticas y que implante, como obliga el reglamento de CIEs un servicio de orientación jurídica para todos los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos.
Sobre la gestión de inmigración de Grande-Marlaska, este colectivo de juristas se queja de su falta de concreción “todavía esperamos una política de inmigración seria. Por desgracia estamos viendo lo de siempre. Es el caso de las vallas que se van a poner más altas en Ceuta y Melilla”, apunta.
A juicio de este experto en extranjería es importante tender a una disminución importante en el número de expedientes de expulsión que se tramitan, así como a una «racionalización, pues se tenderá a utilizar las posibilidades de la ley solo sobre aquellos que presenten un verdadero perfil de conflictividad social, no gastando los recursos públicos en una persecución abierta e indiscriminada de todo un sector social”.
Servicio de orientación jurídica
Para esta asociación el servicio de orientación jurídica es «absolutamente imprescindible, dado que la estructura de los distintos Colegios de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes».
“Nos consta por alguna ONG que en muchos casos se ha presentado la expresión de voluntad de solicitar asilo y ésta ha sido ignorada de forma grosera por la policía, lo cual constituye una denegación de derechos muy grave. En cualquier caso, no podrá nunca expulsarse a nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto”. En este contexto aseguran que “si no nos queda más remedio tendremos que acudir a los tribunales”.
En este sentido, explican que los recursos por vía judicial son complejos “cuando el inmigrante es expulsado se le pide un ‘apud acta’, esto es un apoderamiento del inmigrante al abogado en persona. Si ya lo han expulsado es complicado tenerlo”. Al final se trata de buscar un caso estratégico y llevarlo hasta el final desde la vía contenciosa.
“En plan masivo no se logrará nada», concluye.
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