Los próximos nombramientos de Álvaro García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente de Galicia, expresidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y miembro electo del Consejo Fiscal, como fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y de David Villafañe Díaz, fiscal destinado en Barcelona y miembro del Consejo Fiscal también por la UPF, como teniente fiscal de esa misma Secretaría Técnica, dejarán al Consejo Fiscal sin ninguno de los miembros originales elegidos en nombre de esa asociación en las elecciones del 21 de marzo de 2018.
En aquellos comicios salieron, por la UPF cuatro miembros: Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe Díaz, María José Segarra y Dolores Delgado.
La Asociación de Fiscales, por su parte, obtuvo 5 miembros, que siguen siendo los mismos.
La primera en ser sustituida fue Dolores Delgado cuando fue nombrada ministra de Justicia. Ocupó su lugar Inés María Hernández García.
Cuando María José Segarra fue elegida fiscal general del Estado, le sustituyó, a su vez, Carlos García-Bero Montilla.
Ahora García Ortiz y Villafañe Díaz serán sustituidos por Aurelio Blanco, actualmente jefe superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y por Eduardo Navarro, fiscal destinado en Palma de Mallorca.
El Consejo Fiscal está formado por tres miembros natos: el fiscal general del Estado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo -número 2 de facto-, y el fiscal inspector jefe, y nueve miembros electos, fiscales elegidos por voto secreto y directo por la carrera fiscal.
En las últimas elecciones, celebradas el 21 de marzo de 2018, la Asociación de Fiscales obtuvo 5 vocales y la UPF los 4 restantes.
Entre las competencias del Consejo Fiscal se encuentran elaborar los criterios generales para asegurar la unidad de actuación de la Fiscalía en lo referente a la estructura y funcionamiento de sus órganos, elaborar los informes para ascensos de los diversos cargos, resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones disciplinarias dictadas por los fiscales jefe de los distintos órganos, informar sobre los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten al Ministerio Fiscal, elaborar los informes para ascensos de los miembros de la carrera fiscal e informar sobre las propuestas de nombramiento de los diferentes cargos.
En este sentido, el Consejo Fiscal va a tener trabajo próximamente pues la fiscal general del Estado tiene que afrontar un total de 44 nombramientos en los próximos meses.
