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Gabriela Bravo, partidaria de un turno de oficio donde los abogados de víctimas de violencia de genero no representen también a maltratadores

La consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su intervención esta mañana en un foro del Consejo General de Graduados sociales que conmemora el Día de la Justicia Social, ha reclamado más medidas para la lucha contra la violencia de género.
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Especializar a los abogados del turno de oficio en violencia de género y que éstos que defienden a las víctimas de esta lacra no puedan hacerlo con los maltratadores es una de las medidas estrella de Gabriela Bravo, consejera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas de la Generalidad Valenciana para frenar su crecimiento frente a otras medidas de prevención y protección de las víctimas.

Según ha podido saber Confilegal, esta medida se está negociando con los colegios de abogados valencianos, como ya anticipamos con anterioridad.

De momento, por lo que sabemos, las posturas están muy distanciadas.

Los abogados rechazan esta medida “por discriminatoria” y desde la Consejería se es consciente que la misma, sin el apoyo de la abogacía no se podrá poner en marcha.

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Bravo ha sido esta mañana la ponente del foro organizado por el Consejo General de Graduados Sociales para conmemorar el día de la Justicia Social, que se celebra hoy.

El acto ha tenido lugar en la sede de esta institución.

Entre las personalidades que han acudido están Juan José Gonzalez Rivas, presidente del Tribunal Constitucional; José Ramon Navarro,
presidente de la Audiencia Nacional; y Julián Sánchez Melgar y Antonio del Moral García, magistrados del Tribunal Supremo, de su Sala de lo Penal.

También han asistido Mar Cabrejas, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores; Maria Emilia Adán, presidenta del Colegio de Registradores; Gabriel Maria De Diego, presidente Colegio de Registradores de Madrid; y las diputadas del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) Lola Fernández y Mabel Zapata.

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A la izquierda: Antonio del Moral, magistrado del TS; Maria Emilia Adan, presidenta registradores; Juan José Gonzalez, presidente del TC, y Mar Cabrejas del CGPJ; a la derecha: José Ramón Navarro, presidente de la AN, Julian Sánchez Melgar, magistrado del TS, y Juan Carlos Estévez, presidente Consejo General de Procuradores.

La consejera Bravo, que ha sido presentada por Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados sociales, ha destacado en su intervención que cualquier “sociedad decente debe proteger al colectivo femenino. Deben ser mujeres libres y seguras no sometidas a nadie”.

Desde su punto de vista, es fundamental “que cualquier profesional jurídico tenga una formación adecuada y continuada en violencia de género. Es fundamental que la víctima se sienta acompañada y que no solo ella, también su entorno tenga la capacidad de denunciar cuando exista una situación de este tipo”.

“No podemos pedir a las víctimas que sean héroes”, ha destacado.

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También ha ofrecido datos como que una de cada diez mujeres de la Unión Europea había sufrido ciberacoso y que según las Naciones Unidas, una de cada doce mujeres había sufrido acoso o violencia.

“En España desde los datos que se contabilizan del 2013 en adelante hubo un millar de mujeres asesinadas. Estamos ante un problema de Estado al que hay que dotar de medios”, ha explicado.

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NECESIDAD DE MÁS MEDIOS Y REFORMAS LEGISLATIVAS

Desde su punto de vista, pese a los avances de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en el 2017, hay que seguir dotando de medios porque “el 80% del maltrato de la mujer está oculto”.

A este respecto, ha hecho hincapíe en las medidas tomadas en la Generalitat Valenciana, donde se firmó un Pacto de Estado en el 2016 que fue suscrito por un millar de entidades tanto públicas como privadas, se ha creado una Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Genero, que se encuentra en la Ciudad de la Justicia, que “ya ha atendido a 600 mujeres desde su puesta en marcha en abril del 2019″.

Bravo se ha mostrada partidaria de prohibir la prostitución porque “denigra a la mujer y es la puerta de entrada a otros delitos como la trata de blancas”.

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“Es una actividad que en nuestro país genera 3.700 millones de euros anuales. España es el primer país de Europa en esta práctica y el tercero a nivel mundial tras Tailandia y Puerto Rico”, ha señalado.

En este sentido, se ha mostrada partidaria de volver a reformar la modificación del Código Penal que en el 2015 se hizo sobre este delito y los proxenetas.

“Con la actual regulación es muy complicado de demostrar estas malas prácticas. Es por ello, fundamental volver a la regulación anterior a dicha reforma”, ha señalado.

Preguntada por Confilegal sobre el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual que previsiblemente apruebe hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros, la consejera valenciana ha prefirido no opinar sobre porque no lo conocía.

Ha recordado que tras la entrada en vigor del Convenio de Estambul, nuestro país debe adaptar la normativa de violencia de género a este tratado internacional, tanto a nivel legislativo como desde un punto de vista práctico.

Bravo ha defendido una educación en igualdad para los más jóvenes “donde se inculquen valores como el respeto, la igualdad y la tolerancia desde muy jóvenes”.

“Tenemos que luchar entre todos para evitar la discriminación que invisibiliza a la mujer”, ha manifestado.

También ve acertado el desarrollo de Planes de Igualdad en las empresas y dice que urgente luchar contra la brecha salarial ,donde la mujer “tiene trabajos peores y por eso cobra menos”.