El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, el magistrado-juez Joaquín Aguirre López, investiga a 49 personas por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones de la Diputación de Barcelona.
La Guardia Civil considera que parte de estos fondos desviados presuntamente pudieron usarse para financiar el proceso independentista «a través de subvenciones públicas a entidades directamente vinculadas con el ‘procés'», como es el caso de Catmon e Igman», según refleja en un informe enviado al juez.
Entre los investigados están el exresponsable de relaciones internacionales de CDC, fundador de la fundación Igman y presidente de la fundación Catmon, Víctor Terradellas, quien presuntamente recibió subvenciones de forma irregular.
También están investigados el expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve; el diputado adjunto a la Presidencia y director de Relaciones Internacionales de la Diputación entre 2011 y 2015, Joan Carles Garcia, que era alcalde de Tordera (Barcelona); el exjefe de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación Jonatan Jorba, y el exdirector de Relaciones Internacionales Jordi Castells.
También aparece citado el diputado de JxCat en el Parlamento catalán Francesc de Dalmases, por su paso por la Fundación Catmon e Igman, sobre quien el juez apunta que no procede citarle como investigado porque tiene la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), por lo que emitirá a dicho tribunal exposición razonada para investigarle, una vez finalice el estudio de la prueba documental y declaren los investigados.
Esta causa arrancó a raíz de denuncias de técnicos de la Diputación que se plasmaron en un informe de Riesgos Laborales, que primero fue enviado de forma anónima al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) que investigaba el 3% y posteriormente pasó a este juez de Barcelona.
Aguirre ha dividido la causa en ocho piezas separadas, una por cada persona física o jurídica que supuestamente se benefició de subvenciones irregulares, en las que aparecen las personas vinculadas, para «simplificar y activar el procedimiento».
LA GUARDIA CIVIL HA DETECTADO IRREGULARIDADES EN 26 EXPEDIENTES
El magistrado recibió un informe de la Guardia Civil en el que aparecían citadas 48 personas, entre ellos excargos de la Diputación, supuestamente responsables del desvío de fondos hacia entidades afines al independentismo.
Según el informe de la Benemérita, Joan Carles Garcia supuestamente colocó a Castells y Jorba, vinculados a CDC, en la Diputación de Barcelona «permitiéndose desde Relaciones Internacionales la autorización de subvenciones cargadas de irregularidades que revertieron en formaciones y fundaciones próximas a la antigua CiU y PDeCAT».
La Guardia Civil constata en el informe que la asociación Igman y la Fundació Catmon de Víctor Terradellas recibieron subvenciones de la Diputación, pero también de algunos departamentos de la Generalitat.
Los investigadores detectaron supuestas irregularidades en un total de 26 expedientes de subvención tramitados por la Diputación de Barcelona a 13 entidades, como CATmón, Igman y Voltia, que suman alrededor de un millón de euros en subvenciones.
En la mayoría de casos, no presentaron la documentación requerida, la documentación aportada para justificar el importe recibido era «escasa», con informes copiados de Internet y no se realizaban las actividades propuestas, entre otras.
La Guardia Civil afirma que todas las instituciones que concedieron subvenciones estaban bajo la órbita de la antigua CDC.
Dice que hubo «una trama organizativa dirigida desde las instituciones públicas controlada por una determinada fuerza política en su propio beneficio».
