Verónica Martínez, directora general de Trabajo. Foto: Confilegal
El Ministerio de Trabajo revela su hoja de ruta en materia de cambios legislativos
La directora general de Trabajo, Verónica Martínez, explica en el Foro Español de Laboralistas las reformas que su Ministerio está impulsando
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06/3/2020 06:30
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Actualizado: 07/6/2022 16:35
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Sin prisa pero sin pausa, el objetivo del Ministerio de Trabajo e Inclusión Social que capitanea Yolanda Díaz quiere abordar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, tal y como se señala en el acuerdo programático firmado por PSOE y Unidas Podemos.
Ahora le toca el turno a la negociación colectiva, recuperar el papel de la misma y a las políticas de igualdad.
Foro Español de Laboralistas (Forelab) celebró ayer un seminario en el que abordó la reforma laboral.
En este contexto la directora general de Trabajo, Verónica Martínez, explicó la hoja de ruta del Ministerio de Trabajo en materia de cambios legislativos.
Indicó que ya se han abordado las primeras modificaciones, por un lado la derogación del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores que provocaba el despido por bajas médicas y, por otro, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, consensuada con patronal y sindicatos.
En el acto también estuvieron Rafael Giménez-Arnau, socio de laboral de Garrigues y presidente de Forelab y Javier Hervás, socio de laboral de KPMG y presidente de la sección laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Giménez-Arnau indicó que hay bastante expectación por anticipar y conocer la concreción de las medidas laborales que se van a producir en esta legislatura y Hervás pidió a la directora general de Trabajo que el Ministerio se esmere en mejorar la técnica legislativa de los textos, “ello redundará en mejorar la seguridad jurídica para todos”, apuntó.
En la foto Rafael Giménez-Arnau, Verónica Martínez y Javier Hervás
En su exposición, la directora general de Trabajo hizo énfasis en la idea de impulsar el diálogo social para consensuar muchas de las reformas pendientes. Sobre el Estatuto de los Trabajadores y su reforma comentó que se creará un grupo de trabajo para hacer la transformación de una norma que debe adaptarse a las nuevas realidades.
Las reformas que impulsa el Ministerio de Yolanda Díaz se han organizado por fases “ahora estamos impulsando mejoras en la negociación colectiva, volver al convenio sectorial en lugar del de empresa y en que las empresas implanten los planes de igualdad, que por ley deben hacerlo”.
Sobre dicha normativa de igualdad los expertos asistentes señalaron que esperan se impulse un desarrollo reglamentario que aclare las dudas existentes. De hecho partir del 7 de marzo de 2020, todas las empresas con plantillas de más de 150 personas deberán contar con un plan de igualdad.
No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación constituirá una sanción grave, según el artículo 7.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), que puede suponer una multa de 626 a 6.250 euros
Martínez es consciente que uno de los problemas en la negociación con los agentes sociales es la subcontratación, lo que supondrá modificar el articulo 42 del Estatuto de los Trabajadores.
Martínez apuntó que hay campo para la negociación » eso sí, no podemos permitir que haya trabajadores en condiciones precarias”.
En cuanto al control de la jornada horaria, se mostró satisfecha de los resultados obtenidos y de las horas extras que se habían recuperado para los propios trabajadores. También recalcó que estaban abiertos a dar más seguridad jurídica a las empresas y que no habría que descartar un desarrollo reglamentario, como ya pidieron los jueces del Supremo recientemente en un evento en la CEOE
Otra cuestión que indicó es que este Ministerio vigilará con celo cualquier figura jurídica que quiera escapar del derecho del trabajo. A este respecto recordó que desde Trabajo se va a regular la cuestión de los falsos autónomos y repartidores de plataformas digitales y señaló que es importante que estas nuevas formas de trabajo no mermen derechos a los trabajadores.
En este sentido, se hizo eco de un fallo reciente del Tribunal Supremo francés donde cuestiona claramente el modelo laboral de Uber. Tras la suspensión en noviembre de su licencia en Londres y la aprobación en California de una ley que obliga desde enero a contratar a sus conductores, la justicia francesa dictaminó este miércoles que un antiguo chófer de la plataforma debía ser considerado un trabajador por cuenta ajena y no un profesional autónomo.
Al parecer, la sentencia de la Corte de Casación –máxima instancia judicial francesa– es de suma importancia porque sienta jurisprudencia y abre la puerta a miles de reclamaciones, no solo por parte de los conductores de Uber, sino de todo tipo de ‘freelances’ que trabajan para las plataformas de la llamada ‘gig economy’. Uber tiene abiertos 150 casos en este país aún pendientes.
Guía laboral y coronavirus
En el turno de preguntas, surgió el tema de la guía laboral aprobada desde el Ministerio de Trabajo para orientar a las empresas sobre como gestionar el coronavirus.
La directora general de trabajo envió un mensaje de calma a las empresas y profesionales. «La guía de medidas laborales sobre el coronavirus es un compendio legislativo ya existente y el propio Ministerio está pendiente de Sanidad, como entidad que coordina en nuestro país esta crisis sanitaria».
Ante las críticas recibidas desde el mundo empresarial y sindicatos, por ser una medida unilateral del Ministerio, sin contar con los agentes sociales, Verónica Martinez recordó que el documento era un «compendio legislativo coordinado con el Ministerio de Sanidad».
En dicha guía se recoge la normativa actual y también se contemplan medidas como que las compañías solamente deben paralizar la actividad en caso de un riesgo “grave, inminente e inevitable” de contagio. Ante una situación de emergencia, explica la nueva guía, la empresa ha de interrumpir la actividad en el centro de trabajo.
También subraya que la empresa está obligada a informar “lo antes posible” a los trabajadores y, “si fuera necesario”, dar instrucciones a la plantilla para que abandone el lugar. Una vez dados estos pasos, la compañía puede tomar medidas para seguir trabajando en otro ámbito o suspender de forma temporal la actividad.
Otra de las cuestiones que se recuerda es la necesidad que las empresas implementen sus planes de contingencia con medidas que ayuden a gestionar posibles infectados o personas en cuarentena. Juristas asistentes a este encuentro explicaron a este periodista que sus clientes les piden asesoramiento en estas medidas y en implementar el teletrabajo como medida para gestionar esta crisis sanitaria.
Martínez, como ya lo hizo el pasado miércoles Yolanda Díaz en el Congreso, recordó que el cierre de las empresas es una “medida extrema” que está prevista en la ley de Prevención de Riesgos Laborales para “situaciones de muy elevado riesgo”. “Esperemos que no tenga que llegar a aplicarse, pero el Gobierno tiene que prever todas las situaciones”.
También insistió en que la puesta en marcha de dichas medidas, como suspensión de la actividad o el impulso de algún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se hará en coordinación con la inspección de trabajo y seguridad social, colectivo clave en estos momentos de incertidumbre.
De hecho Martínez confirmó que, pese a lo que se ha indicado, hasta el día de hoy solo se tenía constancia de que se hubiera presentado un ERTE, el de ‘Fujitsu’ en Málaga.
A tal efecto, desde los propios sindicatos de la inspección de trabajo se indicó a esta publicación que están a la espera de ser convocados por el Ministerio de Trabajo de cara a activar la plataforma existente creada con estas organizaciones y sindicatos de clase para reanudar el diálogo entre las partes.
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