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El CGAE exige al CGPJ la suspensión de todos los actos judiciales que no sean imprescindibles en las zonas de riesgo
Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Portada / Mundo Judicial

El CGAE exige al CGPJ la suspensión de todos los actos judiciales que no sean imprescindibles en las zonas de riesgo

Dice que "no puede dejar esta decisión a criterio de cada uno de los jueces ni demorar su aplicación a una cadena de autorizaciones"
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12/3/2020 15:43
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Actualizado: 12/3/2020 16:11
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El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha mostrado su «disconformidad» con algunas de las decisiones adoptadas ayer  por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente al coronavirus.

Lo ha hecho a través de un comunicado, publicado este mediodía.

En él reclama la suspensión de cualquier acto judicial colectivo (vistas orales, inspecciones en juicios, visitas a calabozo, actos de conciliación, entre otros) en las zonas de riesgo (Madrid, La Rioja, Vitoria) y las que pudieran declararse en los próximos días, «salvo los que sean de urgente necesidad por afectar a los derechos fundamentales tal y como están recogidos en el protocolo hecho público ayer por el CGPJ».

La Abogacía destaca que el órgano de gobierno de los jueces «no puede dejar esta decisión a criterio de cada uno de los jueces ni demorar su aplicación a una cadena de autorizaciones».

Asimismo, reclama la paralización de los plazos procesales en condiciones análogas a las que se producen durante los meses de agosto en todos los órdenes jurisdiccionales y con las mismas excepciones contempladas durante el periodo vacacional anual.

Indica que la medida deberá prolongarse durante el mismo periodo en que lo hagan las restricciones sanitarias en términos generales (cierre de centros de docencia, fomento del teletrabajo, etc) y extenderse en la misma duración.

También pide la extensión de la paralización de los plazos procesales a la presentación de recursos administrativos ante cualquier administración pública en las zonas declaradas de riesgo, reclama la ralentización de la actividad de los juzgados del resto del territorio nacional, posponiendo los actos colectivos y acompasando la actividad a la merma de las plantillas y a la disponibilidad por parte de los abogados, así como la suspensión de señalamientos cuando alguno de los letrados se vea implicado en una situación de aislamiento por un posible caso de contagio aunque todavía no se conozca el resultado del test de presencia vírica.

Además, reclama ordenar la suspensión cuando alguno de los abogados involucrados pertenezca a alguno de los grupos de riesgo (embarazadas, personas con enfermedades graves, insuficiencias cardíacas severas, diabetes, etc).

Otra de sus reivindicaciones es la supresión del requisito de vestir toga en cualquier acto procesal en que ésta fuese requerida. Dice que es «una vía de transmisión tan directa no puede quedar al albur de recomendaciones genéricas».

En cuando al Turno de Oficio, solicita la «obligatoriedad» de que las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia «provean las fórmulas para limitar el contacto de los abogados de oficio con sus clientes y, en el caso de ser imprescindible, se les dote de todo el material profiláctico recomendado para el personal de las fuerzas de seguridad y de los juzgados y se respete las distancia de seguridad, habilitando para ello salas más amplias y prohibiendo la atención en calabozos».

Apunta que el personal de los diferentes cuerpos policiales deberá adaptar la asistencia letrada al detenido y el asesoramiento a las víctimas de la violencia de género a las especiales circunstancias en que nos encontramos, buscando fórmulas telemáticas para materializar el servicio.

Por otra parte, el CGAE insta al Ministerio de Justicia y el de Interior, a fin de que en las intervenciones de los letrados, tanto ante organismos judiciales como policiales o dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, «se exija y se vele por la seguridad en la salud de dichos profesionales, siéndoles de aplicación las cautelas que se recomienden por las autoridades sanitarias a los funcionarios públicos en el desempeño de las actuaciones de que trate».

El CGAE también reivindica la supresión de la atención presencial en los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) y su sustitución por atención telemática.

Por último, pide a la Abogacía que atienda las recomendaciones que realizan a diario las autoridades sanitarias y presten atención a las medidas de precaución en su relación con el resto de compañeros y en la atención a los clientes y que guarden con ellos la distancia de seguridad oportuna y eviten la atención presencial de aquellos que presenten síntomas gripales compatibles con el cuadro médico del coronavirus.

E insta a los despachos colectivos y a las empresas donde trabajan un elevado número de colegiados a que «fomenten en la medida de sus posibilidades el teletrabajo» y a que pongan en marcha todas las medidas de higiene y prevención que emiten a diario las autoridades sanitarias. 

El CGAE «apoya» las decisiones preventivas adoptadas por los Colegios de Abogados, que han suspendido todas las actividades formativas y reuniones que impliquen desplazamientos, y recomienda «continuar adoptando medidas en el mismo sentido».

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