La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado suspender el proceso electoral para la renovación de tres miembros judiciales de la Comisión de Ética Judicial cuyo mandato vencerá el próximo 9 de mayo.
El aplazamiento de las elecciones se produce como consecuencia del estado de alarma decretado el pasado sábado ante la crisis sanitaria causada por el coronavirus (COVID-19).
Las elecciones, a las que está llamada a participar toda la carrera judicial, se fijaron por la Comisión Permanente, que actúa en funciones de junta electoral, para los días 28 y 29 de abril y la proclamación de los nuevos miembros de la Comisión de Ética para el día 30 de ese mismo mes.
El proceso electoral comenzó el pasado 21 de febrero y, a día de hoy, se encuentra en el plazo de proclamación de las candidaturas, que abarca del 2 al 20 de marzo.
Los tres miembros cuyo mandato vence el 9 de mayo son el presidente de la Comisión, Ignacio Sancho Gargallo; Gonzalo Sancho Cerdá y Teresa García Villanueva en las categorías de magistrado del Tribunal Supremo, magistrado y juez, respectivamente.
El decreto con el que el Gobierno decretó el estado de alarma el pasado día 14 prevé la suspensión de plazos procesales y administrativos. Por tanto, la Comisión Permanente acordó mantener exclusivamente los servicios esenciales de la Administración de Justicia, garantizando las actuaciones concretas acordadas por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
En la actual situación, la Comisión Permanente considera que el proceso electoral “no puede desarrollarse en las condiciones deseables y exigibles y de conformidad con lo dispuesto” en los principios de ética.
En consecuencia, acuerda suspender el proceso electoral hasta la pérdida de vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o, en su caso, hasta la prórroga del mismo.
En el momento en el que cese la situación de alarma sanitaria, la Comisión Permanente dictará un nuevo acuerdo reanudando el proceso electoral.
La Comisión de Ética Judicial es un organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial, compuesto por seis miembros de la carrera judicial, elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles, y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho, cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial.
