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Colegios de la Abogacía, COVID-19 y derechos de la ciudadanía

Colegios de la Abogacía, COVID-19 y derechos de la ciudadanía
La autora de esta columna es la abogada Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
COLEGIOS DE LA ABOGACÍA, COVID Y DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
01/4/2020 06:35
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Actualizado: 01/4/2020 09:29
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El pasado sábado escuchábamos expectantes las palabras del presidente del Gobierno que, ante la población española y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, anunciaban la necesidad de incrementar los esfuerzos para contener el avance del COVID-19 limitando la actividad laboral para reducir al máximo la movilidad, a excepción de aquellas que por su esencialidad para el conjunto de la sociedad no pueden dejar de prestarse bajo ningún concepto.

Desde nuestra Corporación, atentos a la ingente actividad reguladora de estos días motivada por unas evidentes razones de extraordinaria y urgente necesidad, pudimos celebrar que el Real Decreto-ley 10/2020 de 29 de marzo publicado en el BOE unas horas después de las drásticas medidas presentadas, reconociera la labor de la Abogacía y garantizara el trascendental propósito que el artículo 24 de la Constitución nos encomienda a través del asesoramiento y el ejercicio del derecho de defensa, como pilar vertebrador de nuestro Estado de Derecho.

No olvidemos que una de las funciones esenciales de los Colegios Profesionales, como instituciones de servicio público reconocidas constitucionalmente de manera específica, es la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado tanto en la Carta Magna como en los Estatutos de Autonomía; misión que en nuestro caso seguimos atendiendo en interés de la ciudadanía a través del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), aún a pesar del insólito escenario al que nos ha abocado esta terrible emergencia sanitaria.

En esa línea, siguiendo las recomendaciones de las autoridades pero sin perder de vista la trascendencia de su propósito, el Colegio de la Abogacía de Barcelona sigue prestando de manera telemática este asesoramiento previo, de vital importancia al procurar un primer consejo orientador sobre aquellas cuestiones planteadas por los usuarios y las usuarias, informándoles a su vez sobre la viabilidad de vehicular sus pretensiones a través de los tribunales o por medio de métodos alternativos de resolución de conflictos.

El SOJ, por tanto, permite la descarga de una cierta litigiosidad, al reconducir algunos asuntos hacia vías distintas a la judicial como la mediación, y resolver de manera definitiva muchas de las controversias que, con el asesoramiento adecuado, no deben ir más allá de una mera consulta, fomentando con ello la cultura jurídica tanto en términos preventivos como reactivos. Asimismo, ofrece la posibilidad de que ese acervo, tan necesario en una sociedad crecientemente compleja como la nuestra, sea accesible a todas las personas con independencia de su situación económica, cumpliendo así con el mandato constitucional de que nadie debe quedar relegado por una eventual falta de recursos para litigar.

Desde que fuera declarado el de alarma, el Colegio de la Abogacía de Barcelona ha atendido un total de 1.202 consultas de ciudadanos y ciudadanas, dando respuesta desde diferentes ramas del ordenamiento jurídico a una multitud de cuestiones inéditas dada la excepcionalidad de las circunstancias. El 24% de esas consultas han sido planteadas en el ámbito del Derecho de Familia, en las que se han podido recoger dudas sobre cómo deben adaptar sus dinámicas familiares aquellos progenitores que tienen un menor en común pero llevan vidas separadas, atendiendo a la limitación de libertad de circulación prevista en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

La preocupación para las familias, especialmente en lo que se refiere al régimen de visitas, no puede estar más justificada, pues el estado de alarma no suspende la vigencia de las medidas acordadas en las resoluciones judiciales, aunque su cumplimiento debe ponderarse con la salud tanto de los menores como del resto de los integrantes de la unidad familiar; lo que exige reducir los desplazamientos al mínimo indispensable, siendo el sentido común y el interés del menor los principios que deben guiar las respuestas en cada caso.

Las consultas en materia de Derecho Laboral y Seguridad Social también han ocupado un volumen importante de la actividad desarrollada en estos días, concretamente un 21%, reflejando la preocupación tanto de las personas trabajadoras como de las empresas respecto a la tramitación de los ERTEs, despidos o la imposibilidad de informar al INSS sobre determinadas situaciones, por citar algunos ejemplos.

Por otro lado, un 21% de las consultas atendidas han versado sobre cuestiones relacionadas con los Arrendamientos y la Propiedad Horizontal; mientras que un 11% de las dudas han girado en torno al Derecho Hipotecario.

A nadie se le escapa el enorme impacto que el COVID-19 va a tener sobre la economía, funcionando los Colegios Profesionales como una suerte de termómetro por la tipología de asuntos que atienden en interés de la sociedad, poniéndose de manifiesto su importancia y necesidad en estos momentos de crisis en los que la ciudadanía espera de las instituciones una respuesta basada en derecho.

En ese sentido, la ciudadanía comparte su preocupación por la coincidencia del estado de alarma con la finalización de sus contratos de alquiler, con la dificultad de atender los pagos de sus arriendos o sus cuotas hipotecarias, así como la posibilidad que ante esta eventualidad tienen para acogerse a una moratoria o a algún tipo de ayuda.

Asimismo, se han realizado consultas ante la latente amenaza de un lanzamiento fijado judicialmente, del que las personas afectadas no saben si finalmente se practicará o si podrán si quiera contratar un servicio de mudanzas para trasladarse a otro lugar.

En relación a las cuestiones suscitadas en materia de Propiedad Horizontal, se han referido molestias y algunos problemas de convivencia entre los vecinos, especialmente entre aquellos que están confinados teletrabajando y los que tienen menores a su cargo que realizan alguna actividad que no resulta serlo suficientemente silenciosa para todos miembros de la comunidad.

Por último, el 23% de las consultas han versado en materias tan diversas como Obligaciones y Contratos, Derecho Administrativo, de Extranjería o Mercantil, a través de una variada casuística en la que ha predominado la variedad, destacando no obstante algunas en torno a los seguros de decesos, la entrega de mobiliario y electrodomésticos encargados antes de la declaración del estado de alarma, o las sanciones que se pueden imponer para el caso de no haber cumplimentado el certificado de autorresponsabilidad en los desplazamientos anunciado recientemente por el Gobierno.

Desde tiempos inmemoriales la Abogacía ha velado por los derechos y las libertades de la ciudadanía, prestando un servicio esencial al que los Colegios Profesionales deben seguir dando soporte y poder así continuar acompañando a la ciudadanía ofreciendo respuestas a sus inquietudes jurídicas; pues solo si permanecemos juntos desde el compromiso y la solidaridad, superaremos esta situación aún a pesar de la incertidumbre del contexto.

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