Javier Lambán, presidente del Gobierno autonómico aragonés, se ha encontrado con la respuesta recriminadora de las asociaciones de jueces. Foto: Cadena Ser.
Las asociaciones de jueces reprochan al presidente aragonés su «sugerencia» de que los jueces se pongan a hacer mascarillas
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02/4/2020 00:45
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Actualizado: 02/4/2020 15:58
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«Desacertadas», «lamentables» y «ridículas». Con esos tres calificativos han respondido las cuatro asociaciones de jueces a las declaraciones del presidente del Gobierno autonómico de Aragón, el socialista Javier Lambán, quien sugirió ayer que los miembros de la carrera judicial «se pongan a hacer mascarillas» para dotar a los centros sanitarios del material necesario para la lucha contra la pandemia del coronavirus.
Lambán respondió así –en modo salida de pata de banco–, irritado, al auto de la magistrada Ana Isabel Fauro Gracia, titular del Juzgado de lo Social 1 de Zaragoza, quien había dado 24 horas, el pasado viernes, al Gobierno de Aragón para facilitar material de protección al personal sanitario y sociosanitario que trabaja con pacientes con coronavirus.
La solicitud de medidas cautelarísimas había sido interpuesta por el sindicato FASAMET.
Los portavoces de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), respondieron a Lambán en modo reproche, recordándole cuál es su sitio y su función.
«Esa afirmación no es propia de un presidente de un Ejecutivo autonómico», destacó Ignacio González Vega, portavoz de JJpD, quien subrayó que, aunque sus manifestaciones están amparadas por la libertad de expresión, «fueron totalmente desacertadas».
Concepción Rodríguez, presidenta de Comisión Gestora de FJI, se pronunció en la misma línea, calificando las palabras del presidente aragonés de «lamentables».
Más allá fue el portavoz de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, que, además de considerar las declaraciones de «casi ridículas», distinguió entre el «trabajo» de los jueces y el de los presidentes autonómicos.
Los primeros, dijo Vaquero, deben «proteger los derechos de los ciudadanos, en este caso de trabajadores públicos que están cumpliendo con su obligación», mientras que los presidentes de las comunidades autónomas tienen que «proporcionar a esos trabajadores los medios para no comprometer su salud y para que no se propague el contagio».
«Es muy sencillo: que cada cual cumpla con su obligación. Y quien no pueda o no sepa hacerlo, que asuma su responsabilidad«, concluyó Fernández Vaquero.
Por su parte el presidente de la APM, Manuel Almenar, hizo hincapié en la actual situación, que es «difícil para todos». Por eso, es necesario «estar juntos en la defensa de las instituciones que garantizan nuestro Estado de Derecho».
En la misma línea se expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, que, a través de un comunicado, advirtió que «esta situación no justifica el menosprecio de quien acude a los tribunales solicitando la protección de sus derechos, ni de los jueces que resuelven estas peticiones que, además, son susceptibles de recurso si no se comparten«.
«Es precisamente en momentos de grave crisis cuando las instituciones y quienes las dirigimos debemos dar lo mejor de nosotros mismos y defender, todavía más si cabe, las garantías del Estado de Derecho», añadió.
SENTENCIAS CONTRADICTORIAS SOBRE LO MISMO
En los últimos días y ante la escasez de medios contra el COVID-19 diversos colectivos profesionales han acudido a los juzgados y tribunales de toda España para solicitar medidas urgentes para que las administraciones autonómicas y centrales provean de manera inmediata de dichos equipos de protección, así como material sanitario.
No existe una respuesta unánime sobre este asunto. Hay un número de jueces de toda España que han aceptado dichas peticiones y han dado un plazo de 24 horas a Ministerios o a consejerías para que distribuyan mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, y demás material; mientras que otros magistrados han rechazado estas peticiones, como ha hecho la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en dos ocasiones, al respecto de la petición de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), para dar un últimatum al Ministerio de Sanidad.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) denegó también la petición del Sindicato Profesional de Médicos para que se obligara a la Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo, de manera cautelarísima a suministrar a los sanitarios de las islas equipos de protección frente al coronavirus (mascarillas, gatas, gafas y contenedores de residuos) en el plazo de 24 horas.
El que más polvo ha levantado en contra de estas medidas de urgencia, sin duda alguna, ha sido el magistrado Antonio Seoane, titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, quien el martes rechazó una petición similar realizada por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), y advirtió que tenía sospechas de que las medidas cautelares que estaban presentando numerosos sindicatos estaban siendo utilizadas como «arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación».
En esta resolución el magistrado admitió que los requerimientos judiciales planteados en estos momentos tampoco son una «medida útil» porque si no hay equipos de protección, tampoco un juez «los va a proporcionar, ni los funcionarios judiciales se van a poner a elaborarlos domésticamente».
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