Las cuatro asociaciones de jueces ofrecen su colaboración en los planes para reactivar la Justicia el día después del COVID-19
Las cuatro asociaciones de jueces firman un comunicado conjunto.

Las cuatro asociaciones de jueces ofrecen su colaboración en los planes para reactivar la Justicia el día después del COVID-19

Advierten que el orden jurisdiccional civil necesitará atención por lo que consideran adecuado incluirlo dentro del mismo plan
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02/4/2020 18:08
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Actualizado: 31/3/2022 14:43
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han anunciado este jueves su disposición a colaborar con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en el diseño de los planes de agilización de la jurisdicción social, contenciosa y de los juzgados de lo mercantil que se llevarán a cabo cuando finalice el estado de alarma declarado por la pandemia de COVID-19.

En un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones advierten también que el «orden jurisdiccional civil necesitará igualmente atención» por lo que consideran que sería adecuado abordarlo dentro del mismo plan.

Asimismo muestran su disposición a colaborar en cuantas acciones sean necesarias a fin de «restablecer de la forma más eficaz, rápida y eficiente el servicio de la Administración de Justicia» una vez concluido el estado de alarma.

Plazo máximo de 15 días

Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó esta semana el Real Decreto-Ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

En este texto, en concreto en su disposición adicional decimonovena, se establece una medida en materia de «agilización procesal», una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, «aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis».

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