Firmas
Ciberestado intervencionista y pandemias
El autor de la columna, Jorge Vila Lozano, describe las opciones económicas que tiene el gobierno ante sí, el impacto de la tecnología y el papel de la Unión Europea en la salida de este laberinto.
El autor analiza el plan de emergencia sanitario, económico y legal del Estado reclamando un protagonismo mayor del Congreso en su control
03/4/2020 06:35
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Actualizado: 03/4/2020 00:08
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El desbordamiento gubernamental ante la pandemia es una realidad innegable. El confinamiento sirve, exclusivamente, para no saturar la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario y hospitalario.
Entramos, con él, en un óbito ordenado en masa.
El “alejamiento social” impuesto supone, dígase ya, que la pandemia avance con más lentitud. Su misión es conseguir un porcentaje suficiente de contagiados para coronar, a largo plazo, la inmunidad de la población.
Esta situación se mantendrá hasta que se logre la vacuna o antiviral que tardará, como mínimo, 18 meses.
Estas son algunas de las conclusiones –que comparto- a las que llega el informe, de 16 de marzo, del Equipo de Respuesta al COVID-19 del «Imperial College» londinense
La responsabilidad política, por el riesgo creado, habrá de dirimirse en los tribunales.
El problema es que, en nuestro Código Penal, no existe –dentro de los delitos contra la seguridad colectiva– una tipificación específica que condene a quien –por negligencia o por “inobservancia de los deberes de su cargo público”– propague, por omisión o conscientemente, una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas.
De ahí, que las primeras denuncias, contra nuestros cargos dirigentes, tengan por objeto los siguientes crímenes, más comunes, como: homicidio y/o lesiones imprudentes junto a la presunta prevaricación administrativa.
Lo preocupante, ahora, es la creación de un Gobierno de Unidad Nacional. Debe controlar, en lo posible, el elenco de medidas de los Decretos -números 6 a 11, de 2020- gravitando alrededor del nº 463, sobre el estado de alarma.
En paralelo, urge analizar la respuesta económica de la Unión Europea ante la demanda de fondos, a la desesperada, de España con una deuda soberana feroz.
Ensayo sus consecuencias algunas constatadas y, otras, en clave de inseguridad para nuestro sistema constitucional.
El «alejamiento social» se mantendrá durante al menos 18 meses, hasta que se consiga una vacuna, según vaticina el Imperial College de Londres.
¿ESTADO DE EXCEPCIÓN?
La situación de alarma está adueñándose de competencias propias del estado de excepción. Con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no se pueden limitar, sino suspender derechos y libertades fundamentales.
La Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, es su clara muestra.
Con su texto se anuncian –por la nueva Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial– soluciones tecnológicas y apps para monitorizar nuestros datos sanitarios y geolocalizarnos.
La autodeterminación informática, contemplada por el artículo 18.4 de nuestra Constitución (CE), se aturde a golpe de órdenes y decretazos. ¿No sería mejor destinar, más presupuesto, al I+D+i nacional para buscar la vacuna o antiviral? Sí, evidentemente.
A ello hay que sumar, medidas de “hibernación total” de la economía, donde la iniciativa privada empresarial asiste, inaudita parte, al nuevo escenario.
Padecemos otra limitación más, ahora, cebándose con la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (artículo 38 de la Constitución).
Su núcleo es el mantenimiento temporal del empleo vía ERTE –afectando a 2 millones de trabajadores- y una prohibición de despidos motivados por esa fuerza mayor económica (derivada del coronavirus).
La recesión es ineludible, pues sólo se contempla el mantenimiento de la actividad esencial (médico-sanitaria y de productos básicos o de primera necesidad). El dopaje, desigual, de 15 milllones de euros a los medios de comunicación no tiene nada de vital.
Muchas empresas y autónomos, en breve, estarán en concurso se venza o no al SARS-COV-2.
¿No se pretenderá, con las “decretales”, intervenir públicamente sectores privados y estratégicos de la economía?
No. Pero –si a corto plazo este “jubileo normativo” prosigue– podrían darse rescates selectivos de compañías, por la nomenclatura estatal, a precios de ganga por hallarse en fase de liquidación.
La alarma prohíbe -con su Decreto nº 8- las inversiones extranjeras que adquieran más del 10% de las compañías estratégicas españolas o controlen sus órganos de administración.
Para el autor de la columna, la geolocalización presenta serios peligros para la libertad individual.
CONGELACIÓN DE LA ECONOMÍA
Se está creando un hundimiento económico inducido por el «apparat» gubernamental.
Lo exponencial del contagio humano se trasvasa a lo económico y, a final, con las medidas decretadas vamos, de cabeza, hacia un gigantesco déficit público.
Así lo revelará el paro registrado tras la crisis; la morosidad bancaria; el impago de hipotecas, etc. La congelación de la economía supone menores ingresos fiscales y una ausencia de liquidez de las empresas. El control parlamentario debe consensuar este panorama.
No vale navegar en solitario.
¿Y cómo se financia esta imprevisión?
Muy fácil, aumentando la deuda pública. De esta forma, se obtienen copiosos recursos financieros gracias a la emisión de títulos valores o bonos.
Recibe, nuestro Estado, el principal de ese préstamo y devuelve únicamente los intereses en el período estipulado. Cuando llega el término de vencimiento, se paga ese principal (o se emite más deuda para amortizarlo).
Uno de los indicadores, para terceros compradores, es el Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Con ese aval, la prima de riesgo o rentabilidad que exigirán los inversores (interés) para comprarla se disparará, en comparación con la deuda soberana de otros países.
Conclusión: tenemos un bono nacional tóxico que exigirá un interés altísimo y con pocos visos de devolución del principal. Es la historia, clásica, del previsor frente al derrochador.
LA UNIÓN EUROPEA
En ese horizonte, ¿qué nos propone nuestro estado-derrochador, tras tocar el techo, con su políticas de gasto desmedido?
Fácil, que nos salve, de nuestra pésima autogestión, la Unión Europea.
Hay 2 vías.
PRIMERA VÍA
La primera es la establecida por Banco Central Europeo (BCE) surgiendo, en el 2010 -ante la posible bancarrota de Grecia- un fondo de 750.000.000.000 de euros que, desde 2013, se convirtió en un rescate permanente común denominado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
Esos auxilios están prohibidos por el Tratado de Funcionamiento de la UE (salvo situaciones excepcionales como la actual).
Se emite deuda –con vencimientos de hasta de 30 años– y se respalda por los estados miembros.
El supervisor y órgano decisorio es la Troika comunitaria integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y, en ocasiones, el Fondo Monetario Internacional.
Posee cuatro vías de actuación:
1º. Adquirir títulos de un estado en los mercados primarios o secundarios;
2º. Comprar deuda directamente de un país;
3º. Fijar ayudas financieras a través de líneas de crédito y, 4º, lanzar operaciones de recapitalización a las entidades financieras (como ocurrió con nuestro sector bancario en 2012). Y de este modo, no aparece, directamente, el BCE como prestamista.
El problema es que no sale gratis. Supone ser intervenido por la Troika reconociéndose, además, la propia negligencia administradora.
Se solicita a través de un “memorándum de entendimiento” predestinado a garantizar la devolución íntegra del préstamo. Esa es la solución ofrecida a España por los estados-previsores (con niveles de endeudamiento menor).
Estamos ante una crisis coyuntural fruto del COVID-19, nunca, de momento, ante una catástrofe fiscal.
Lo que se busca, no nos queda otra, es una reformulación, más laxa, de su condicionado contractual adaptándolo a la pandemia.
Sánchez deberá implorar -al igual que los otros Estados “austericidas”- una cláusula de escape que permita sobrepasar los objetivos de déficit y deuda del Pacto de Estabilidad [en concreto, era obligatorio mantener un valor máximo de referencia para el déficit público (3% del PIB) y la deuda pública (60% del PIB)].
Esos parámetros se suspendieron, el 21 de marzo, por la Comisión Europea.
Con el MEDE saldremos del caos. Ese reblandecimiento contemplaría, por ejemplo, la no contabilización –en el balance estatal- de los gastos centrados en el coronavirus.
La falta de inversores, por la subida de la prima de riesgo, obligará al BCE a tragarse la práctica totalidad de la deuda emitida o renovada.
El Gobierno español, y el italiano, tiene puestas sus esperanzas en la ayuda de la Unión Europea.
SEGUNDA VÍA
La segunda son los títulos de deuda común europea: los “eurobonos”. Son como nuestros bonos o letras del tesoro nacionales pero, ahora, se soportan por los 19 países de la eurozona.
Es un instrumento de mutualización solidaria de la deuda. Los aprueba el Consejo Europeo y los vende el BCE con un tipo de interés menor.
Estas emisiones soberanas van más allá del MEDE y su desenlace –entre otros escenarios- sería un Tesoro Compartido que llevaría la creación de una unión fiscal o presupuestaria (no querida por los países con un superávit fiscal en sus cuentas públicas).
En suma, el “coronabono” tiene un muy difícil alumbramiento.
El “berlanguiano” Plan Marshall es inviable. Pese a todo, se aprobaron, el 27 de marzo, varios cortafuegos paliativos de la crisis.
CORTAFUEGOS CONTRA LA CRISIS
1º. La Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus de la UE con 37.000.000.000 de euros. Proviene de fondos de la política de cohesión europea apuntalando: los sistemas sanitarios; el apoyo a la PYME y la planificación de empleo a corto plazo.
2º. Actualización del Fondo de Solidaridad de la UE, previsto para catástrofes naturales concedido a Francia, Portugal, España y Grecia.
Finalmente, la presidenta de la Comisión Europea anunció, el 1 de abril, la creación de un fondo de 100.000.000.000 de euros (aprox.) denominado SURE para el mantenimiento del empleo constante el coronavirus. Funcionará como una suerte de ERTE de suspensión temporal de contratos. Los principales beneficiarios serán España e Italia.
Lo que sí prevalecerá, como cierre y gracias a la plaga, es el nacimiento de un intrusivo estado ciberespacial.
El modelo de relaciones sociales tendrá, como epicentro, una monitorización personalizada de la salud del individuo como premisa existencial.
A partir de ahí, nuestro perfil digital será reo de «apps» (en tiempo real) dictaminando cuarentenas forzosas personales o poblacionales.
Es el sacrificio del «habeas data» personal en pos del tratamiento predictivo de nuestros propios datos médicos y otros personalísimos. Es la clásica disyuntiva entre la cesión de libertades a cambio de seguridad (en este caso, con el fin -o excusa- de garantizar la Salud Pública).
Rezo para que la cura llegue antes que el Gran Hermano.
Y si no, como consuelo, nos quedará el Poder Judicial para equilibrarlo.
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