Mayor flexibilidad en los plazos de presentación de declaraciones tributarias, reclamar material de protección a sanitarios, la situación de las personas mayores o la normativa que restringe los movimientos de los ciudadanos, configuran el millar de quejas que hasta la fecha ha recibido la institución del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido a los ministros de Sanidad, Hacienda, Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para hacerles llegar los problemas que los ciudadanos y ciudadanas plantean en el millar de quejas recibidas hasta el momento, relacionadas con la crisis sanitaria del COVID-19.
El Defensor del Pueblo mantiene desde los primeros días de la crisis una comunicación constante con el Ministerio de Sanidad, departamento al que ha trasladado el testimonio de muchas personas que se enfrentan a una situación crítica y muy angustiosa, pues temen por la salud propia y la de los suyos.
Tras estas dos primeras semanas de estado de alarma y confinamiento, la institución insiste en la necesidad de que todas las administraciones se coordinen lealmente para incrementar la dotación de recursos del sistema sanitario, social, de la dependencia y residencial, público o privado.
En este contexto, el Defensor ha instado a que se proporcione el material de protección necesario a los trabajadores sanitarios y demás personal asistencial y ha urgido a que se amplíe la realización de test de confirmación.
Asimismo, ha reclamado un procedimiento claro de actuación en todos los servicios de salud, adaptable a la evolución de los acontecimientos, que incluya no solo los criterios clínico-asistenciales imprescindibles sino también herramientas prácticas para permitir la comunicación de los pacientes con sus seres queridos.
En una actuación dirigida a las Consejerías de Sanidad autonómicas, la institución ha solicitado información detallada sobre la compra y distribución del instrumental y equipamiento necesario para la atención a casos graves de COVID-19 y de los equipamientos de protección y de test de confirmación.
En dicha actuación también se ha preguntado por la reorganización de la red asistencial: ampliación de plantillas hospitalarias y las nuevas contrataciones realizadas, funciones asignadas a los servicios de atención primaria para hacer frente a la epidemia y medidas de refuerzo de la atención domiciliaria.
Personas mayores y personas dependientes
La institución comparte la preocupación ciudadana que reflejan las quejas recibidas por la situación de las personas mayores que residen en centros asistenciales.
Tal y como ya ha señalado en diferentes informes, la ratio de profesionales que trabajan en las residencias para mayores es muy ajustada, cuando no escasa. Una situación que se ha agravado ahora con la actual crisis.
Según apunta el Defensor del Pueblo en un escrito enviado al ministro de Sanidad, las órdenes del 19 y 23 de marzo contienen instrucciones para un mejor manejo de la situación, sobre todo en los centros residenciales más grandes, pero es preciso ahondar en las necesidades de equipos de protección y de pruebas diagnósticas para poder hacer adecuadamente la distribución de usuarios.
En este sentido, la Institución quiere conocer las medidas adoptadas para dotar o reforzar la atención sanitaria en centros residenciales públicos o privados, los protocolos seguidos en la derivación de residentes a centros hospitalarios y la habilitación de centros y establecimientos públicos o privados para la atención monográfica por Covid-19.
Pymes y autónomos
También ha trasladado al Ministerio de Hacienda la preocupación de muchos autónomos y pymes que se han dirigido al Defensor del Pueblo manifestando problemas para afrontar sus obligaciones tributarias a lo largo del mes de abril.
En una carta remitida a la ministra de Hacienda, el Defensor del Pueblo manifiesta que sería conveniente flexibilizar los plazos de cumplimiento de las obligaciones tributarias que ambos colectivos deben afrontar en las próximas tres semanas.
En las quejas recibidas por la institución, los ciudadanos explican que muchos de los profesionales encargados de presentar las declaraciones trimestrales (asesores, gestores, abogados…) han cerrado sus despachos como medida de protección de la salud y aseguran que ello limita o impide el traslado de las facturas y documentos necesarios para la confección de las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones.
En la carta el Defensor recuerda que, según datos del Colegio de Gestores Administrativos de España, el 80% de las declaraciones trimestrales exigibles se realiza por profesionales y empresas externas a los obligados tributarios.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo considera que todas estas situaciones pueden ser mejoradas con la flexibilización de los plazos de cumplimiento de estas obligaciones formales y propone varias alternativas.
Así, apunta que se podría diferir su presentación, de manera que en el ejercicio 2020 se realicen de manera semestral o prolongar los plazos hasta los veinte días posteriores a la finalización de las medidas de confinamiento. De esta forma, la carga de estas obligaciones tributarias resultaría compatible con la situación de amplia limitación de movimientos que se ha acordado.
Otra posibilidad, agrega, sería un traslado del plazo de las obligaciones citadas al mes de mayo, para que la presentación se haga cuando es previsible que el descenso de contagios e ingresados por coronavirus ofrezca cierta esperanza económica para los obligados tributarios.
La institución también ha pedido al Ministerio de Hacienda que amplíe los plazos para la campaña de Renta y Patrimonio 2019.
Si bien muchas familias podrán obtener sus devoluciones del impuesto, aquellos que hayan perdido a un familiar o que esté ingresado o aislado y tengan que presentar la renta del ejercicio 2019 en nombre de esas personas, pueden experimentar dificultades inéditas para acceder a la documentación y datos necesarios para realizar la presentación.
Un problema con el que también se pueden encontrar las personas que estén desplazadas y los sanitarios, que en estos momentos dedican todos sus esfuerzos y su tiempo a combatir la pandemia.
Por ello, el Defensor del Pueblo aboga por ampliar los plazos para la presentación de la declaración, bien habilitando una prórroga general por un tiempo igual al que se mantengan las limitaciones para el contacto social o bien adoptando una medida general que prolongue hasta el 30 de septiembre el plazo para la presentación de las declaraciones.
Denuncias sobre actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
Asimismo, el Defensor ha dado traslado al Ministerio del Interior de las quejas recibidas en la institución en las que los ciudadanos ponen de manifiesto sus dudas sobre las limitaciones a la circulación impuestas tras decretarse el estado de alarma.
También ha enviado al citado ministerio algunos escritos de personas que denuncian actuaciones incorrectas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
En su respuesta, el ministro ha explicado que se han aprobado distintas órdenes para aclarar y concretar algunos aspectos que estaban generando dudas en cuanto a las limitaciones de circulación. También se ha comprometido a investigar cualquier conducta impropia de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que pudiera producirse.
El Defensor del Pueblo también se ha dirigido a la ministra de Asuntos Exteriores para remitirle las quejas de ciudadanos que se han encontrado con esta crisis sanitaria fuera de España. Las personas que se han dirigido a la institución reclaman más información y exponen los problemas que se han encontrado para contactar telefónicamente o a través del correo electrónico con determinados consulados.
Fernández Marugán valora positivamente la gestión de Exteriores que ha permitido que miles de ciudadanos ya hayan regresado a España, pero pide que se haga un esfuerzo para establecer canales de comunicación efectiva con otros ciudadanos que aún no han conseguido regresar para facilitar su retorno.
