Carlos Lesmes, presidente en funciones del CGPJ y del Supremo, quien ha querido apuntarse el tanto de ser el primero en proponer un listado de "soluciones" a la Justicia, y el ministro Juan Carlos Campo, que está elaborando un plan, en consenso con todos los consejeros de Justicia de las Comunidades y demás operadores jurídicos. Fotos: Carlos Berbell/Confilegal.
De por libre, Lesmes anuncia «su plan de choque» sin esperar al del ministro y las Comunidades Autónomas
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08/4/2020 02:23
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Actualizado: 10/4/2023 17:52
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El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano, jamás ha participado personalmente en ninguna de las tres reuniones telemáticas que, hasta ahora, ha celebrado la «Comisión de Coordinación de Crisis de Justicia frente al Covid-19», que capitanea el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Tampoco ninguno de los siete miembros de la Comisión Permanente –el máximo órgano decisorio entre Plenos mensuales del órgano de autogobierno de los jueces–.
A dos de ellas ha enviado en su representación al secretario general del CGPJ, José Luis de Benito –letrado de la Administración de Justicia–.
A la última, celebrada el 3 de abril, no asistió nadie del Consejo.
Este pequeño detalle da una idea de la importancia que Lesmes parece prestarle a la citada Comisión, que preside el ministro de Justicia y a la que han venido asistiendo los consejeros de Justicia de las 12 Comunidades con competencias transferidas en esta materia, como iguales y en una actitud de colaboración plena.
El ministro, Juan Carlos Campo, flanqueado por su secretario de Estado, Pablo Zapatero, más alejado, y su secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, durante la reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis de Justicia frente al Covid-19, celebrada el pasado 3 de abril por videoconferencia y en la que no estuvo el CGPJ. Foto: MJ.Nadie, sin embargo, dentro de ese grupo, se atreve a opinar sobre la conducta de Lesmes poniendo nombres y apellidos.
En «petit comité» es otra cosa. No queda muy bien parado. Porque por muy presidente del CGPJ que se vea, al fin y al cabo, está en funciones, con una fecha de caducidad más que pasada (un año y 4 meses por encima de su mandato).
Y tampoco sienten que esté, por categoría personal o profesional, por encima de ninguno de ellos.
Al fin y al cabo el poder judicial, jueces y magistrados que administran justicia en toda España, dependen de los medios, materiales y humanos, que sus Consejerías facilitan en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.
Las otras cinco restantes –Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Islas Baleares y Murcia– son el llamado «territorio Ministerio». Siguen bajo el control directo de esta cartera.
La publicación, en la tarde noche de ayer, de una nota de prensa distribuida desde el CGPJ, anunciando un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de choque («su plan de choque») para evitar el colapso de la justicia tras el fin del estado de alarma, es la prueba definitiva.
No ha habido lealtad, es el sentimiento compartido por los componentes de la Comisión.
Porque Lesmes sabía que esa Comisión está, precisamente, elaborando el Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo y los Juzgados de lo mercantil para conseguir una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.
Un Plan contemplado en la disposición adicional décimo novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
En la reunión telemática del pasado viernes, el ministro pidió a todos que aportaran aquellas ideas que consideraban necesarias.
Nadie podía quedarse fuera del equipo.
Campo, desde el 20 de marzo pasado, tiene el control de toda la Administración de Justicia, es la máxima autoridad del ramo. Fue cuando se publicó en el BOE la Orden SND/261/2020 firmado por su colega de Sanidad, Salvador Illa.
Sin embargo, su afán ha sido, desde el minuto uno, avanzar en modo consenso sobre las medidas a tomar. Sumar, sumar y sumar, emulando el «ganar, ganar y ganar» de Luis Aragonés.
El ministro, todo el que le rodea lo percibe, invierte una energía ingente en persuadir y en convencer a todos y cada uno de los responsables en aras a mantener una unidad de acción que considera vital para proyectarla hacia los ciudadanos.
Es necesario que se perciba que en materia de justicia se están haciendo las cosas con sensatez e inteligencia.
Es cierto que dicha Orden no podía incluir, de ninguna de las maneras, ni al CGPJ, por ser el órgano de autogobierno de otro poder del Estado, diferente al ejecutivo y al legislativo, ni a la Fiscalía General del Estado.
Hubiera sido anticonstitucional.
Pero creía que podía contar con su colaboración.
Al fin y al cabo, Lesmes y Campo se conocen desde hace mucho tiempo y los dos son magistrados.
No ha sido así, y esto pone a Campo en una situación muy incómoda, que es tratar de que las cosas no parezcan lo que son. Y es que Lesmes va de por libre en esto, al margen de la unidad de acción y colaboración aceptada por todos.
Se puede vestir, o explicar de cualquier otra manera, pero como decía Joan Manuel Serrat, «nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio».
MALA GESTIÓN DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
Todo parece indicar que, con este giro, el presidente en funciones del Consejo, quiere equilibrar su malísimo comienzo en la gestión de esta crisis provocada por el coronavirus, confiriendo la impresión a propios y extraños de que posee las ideas y la hoja de ruta para reactivar el funcionamiento de la Administración de Justicia a toda velocidad.
Una crisis de la que se dio por enterado el martes 10 de marzo, cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, el consejero del ramo de esta Comunidad, Enrique López, y el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, «le sugirieron» en un escrito que había que afrontar la epidemia que se avecinaba reduciendo la actividad judicial durante 15 días.
Las decisiones que Lesmes ha tomado a lo largo de estas semanas han sido erráticas. Hasta el punto de que tanto las cuatro asociaciones de jueces las dos de fiscales y los jueces decanos de Madrid llegaron a pedir, el 13 de marzo, su dimisión por la disparidad de criterios aplicados en la lucha contra la pandemia.
El CGPJ “ha eludido su responsabilidad”, ha dado “una respuesta tardía, insatisfactoria, confusa y obstruccionista al problema, descargando la responsabilidad de frenar la propagación” del coronavirus en cada juez, afirmaron las asociaciones.
Esto, añadieron, “ha contribuido a mantener una situación de riesgo de contagio en las sedes judiciales, tanto de justiciables como de operadores jurídicos”.
Hace cinco días, los seis sindicatos con representación en la mesa del Ministerio de Justicia –CSIF, STAJ, CC OO, UGT, CIG y ELA– reprobaron públicamente su actuación de Lesmes y la del CGPJ por su gestión del coronavirus.
“Se ha atribuido unas competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales”, afirmaron.
Y denunciaron que la Comisión Permanente había empleado una “táctica de sabotaje” para “impedir el cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones del Ministerio de Justicia”, y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia.
«Ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de Administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia”, señalaron.
El Plan, que hoy será aprobado por la Comisión Permanente –sin haber sido presentado al Pleno del CGPJ, lo cual ha sentado muy mal entre varios vocales–, «será ofrecido de inmediato al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de agilización de la actividad judicial previsto en el Real Decreto-ley 11/2020«, dice la nota de prensa del Consejo.
Lesmes sabe que cualquier tipo de refuerzo que se plantee requiere inversión económica, es decir la colaboración del Ejecutivo y del Legislativo.
Lo mismo que las reformas procesales que cree necesarias y esenciales.
Pero con ello, piensa, ha conseguido ponerse la medalla pública de ser el primero en exponer las soluciones «urbi et orbi» al pueblo español.
Sin embargo, con eso no habrá rehabilitado su castigada imagen, ni habrá reforzado sus posibilidades de optar a un puesto en el Tribunal Constitucional, cuando se produzca la renovación. Porque la lealtad siempre es una carretera de doble dirección.
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