La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos, ha alertado al Defensor del Pueblo Europeo de que “está emergiendo un fenómeno preocupante de señalización y estigmatización» de colectivos profesionales que sufren una mayor exposición al Covid-19, como personal sanitario, de supermercados, limpieza…
Según denuncia esta eurodiputada, “estos profesionales comprueban día tras día cómo sus propios vecinos les sugieren cambiar de domicilio” o incluso “los caseros se niegan a renovarles el contrato de alquiler para no tener problemas con la comunidad”.
Pagazaurtundúa considera que “estos comportamientos, además de insolidarios e inaceptables, pueden ser constitutivos de delito de discriminación y de odio”.
Lamenta que “tras el movimiento generalizado de apoyo y reconocimiento al personal sanitario por el esfuerzo heroico» que está realizando para defender la vida de millones de ciudadanos, estén comenzando a aparecer comportamientos totalmente contrarios”.
Ante esta situación, la vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ha instado a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, a “adoptar las medidas necesarias” para enviar “una señal fuerte de protección europea a los profesionales que son los mayores defensores de la vida y ejemplos de humanidad”.
Pagazaurtundúa destaca que “las instituciones europeas deben enviar un mensaje muy claro a todos los ciudadanos para que sean conscientes de que la pandemia no lo justifica todo”.
“Es esencial que se respeten de manera escrupulosa los derechos fundamentales y no se permita ni alienten comportamientos que incitan al odio y a la discriminación”, subraya Pagazaurtundúa.
EL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA CONDENA LA ‘REPUGNANTE HOSTILIDAD’ DE ALGUNOS VECINOS CONTRA LOS TRABAJADORES SANITARIOS
La Organización Colegial de Enfermería también ha denunciado «la baja catadura moral y manifiesta insolidaridad» de aquellos vecinos, «afortunadamente una minoría», que «hostigan con carteles amenazantes a los profesionales sanitarios que luchan contra el COVID-19 para que abandonen su vivienda por miedo a ser contagiados».
Apunta que, según ha trascendido, también se han dado casos de daños materiales causados por rociar la puerta de la vivienda con lejía y de «caseros que han intentado desahuciar a su inquilino».
«No cabe mayor desprecio para hacia los profesionales sanitarios que están arriesgando su vida, y entregándola incluso, por la salud de los demás, ni hacia empleados de supermercados o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se juegan su propia salud para cuidar, atender o proporcionar seguridad a todos los ciudadanos», lamenta.
Recuerda que la Policía Nacional ha asegurado que «este tipo de comportamientos, además de manifiestamente incívicos, pueden ser considerados como delitos de odio y, por tanto, ser denunciables y perseguibles».
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de España y de la Organización Colegial de Enfermería, ha anunciado que los servicios jurídicos de la organización están a disposición de todos los enfermeros, y que estudiarán en profundidad todos los casos que les comuniquen para que «todo el peso de la Ley caiga sobre quienes hostigan a los profesionales que están luchando sin descanso para combatir la mayor emergencia en materia de salud pública de la historia reciente”.
La Organización Colegial de Enfermería manda «un mensaje de ánimo a las víctimas de este repugnante acoso».
Apunta que «no es representativo del comportamiento ejemplar de la mayor parte de la población».
Y traslada a todos los enfermeros que «su impagable labor por los ciudadanos está fuera de toda duda y no quedará empañada por el comportamiento insolidario de una exigua minoría».
