Un grupo de juristas, compuesto por catedráticos de Derecho Constitucional, profesores universitarios, exjueces y abogados, han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo en la que califican la declaración del estado de alarma como la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de la democracia.
La queja, compuesta de 62 páginas, cuestiona toda la normativa vigente por la que los ciudadanos se encuentran confinados y casi medio millón de ciudadanos han sido duramente sancionados por incumplirla.
En la misma se plantea desde el expreso reconocimiento del esfuerzo que vienen realizando todos y cada uno de los profesionales –y el conjunto de la ciudadanía– que a diario contribuyen a la lucha por la erradicación de pandemia.
En consecuencia, los siete juristas instan al Defensor del Pueblo a que interponga de forma inmediata un recurso de inconstitucionalidad y de amparo contra la normativa desarrollada e implementada por el Ejecutivo desde que se declaró el estado de alarma, el pasado 14 de marzo.
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La queja se sustenta sobre la grave preocupación por el estado de deterioro que sufre el sistema de libertades español, y centra su análisis en las también graves deficiencias jurídicas que presenta el sistema normativo puesto en marcha por el Gobierno a partir de la declaración del estado de alarma, que incluyen:
1. La efectiva suspensión de la libertad de circulación.
2. La suspensión de los derechos de reunión y manifestación.
3. La suspensión y paralización del normal funcionamiento del Congreso de los Diputados y del sistema de control político sobre el ejecutivo.
4. La suspensión del derecho de libertad religiosa.
5. La suspensión del ejercicio del derecho de la libertad de empresa.
6. La legalidad de la Operación Balmis.
7. La legalidad de las medidas adoptadas por Instituciones Penitenciarias.
8. Los estudios impulsados por el Ejecutivo basados en la geolocalización masiva de todos los ciudadanos.
9. El incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España en cuanto al libre desarrollo de las funciones diplomáticas y consulares.
Los firmantes –Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia; Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela; Carlos Vaquero López, exjuez, profesor universitario y abogado; Santiago Carretero Sánchez, profesor universitario y abogado; Miguel Ángel Salom, graduado social y abogado; Rafael Abati García-Manso, abogado; y Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez, abogado– esperan que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, analice los motivos de la queja y, en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de este país, proceda a presentar los correspondientes recursos para que el Tribunal Constitucional analice si las normas denunciadas son o no constitucionales.
