La Fiscalía General del Estado (FGE) ha propuesto hoy las primeras 30 medidas urgentes de un total de 60 con el fin de agilizar la Justicia en el proceso de desescalada.
Señala que con estas medidas, que han sido enviadas hoy al Ministerio de Justicia, «se pretende mejorar el servicio público, de acuerdo con la vocación de satisfacer el interés general y los derechos de la ciudadanía como principios que informan la actuación del Ministerio Fiscal».
Entre ellas ha propuesto la potenciación del protocolo de actuación para las conformidades en juicio; la creación de órganos de enjuiciamiento de guardia; la asunción por la Agencia Tributaria de toda la ejecución dineraria líquida, sea cual sea su naturaleza; la profundización en la colaboración interinstitucional en materia de ciberseguridad; así como la actualización y puesta en marcha de los sistemas y recursos informáticos a disposición del Ministerio Fiscal y de los órganos judiciales.
También plantea la adecuación tecnológica y refuerzo en la seguridad de los sistemas informáticos y aplicaciones con los que cuenta el Ministerio Fiscal, incluida la creación de una aplicación que garantice la transmisión de información y comunicaciones internas entre todos los integrantes de la Carrera Fiscal; un impulso de la Justicia Digital, unificando y mejorando las soluciones digitales para todo el territorio nacional; un impulso de un Protocolo entre la FGE y el Consejo General del Poder Judicial a fin de garantizar la utilización del sistema de videoconferencias en todos los órdenes jurisdiccionales; y la regulación del flujo de escritos que acceden vía LexNet para evitar el colapso del sistema.
Además, sugiere la reducción de los Juzgados que asumen competencias no exclusivas en materia de violencia sobre la mujer (Reagrupación y especialización); la finalización de la formación inicial de la 58ª promoción de fiscales; la elaboración de un plan de contingencia para la carrera fiscal y provisión de equipos y medios de protección individual; la adopción de medidas que garanticen la naturaleza pública de las vistas orales; y potenciación de la celebración de las vistas penales con la comparecencia por videoconferencia de los acusados.
También propone el establecimiento de un sistema de señalamiento y aviso para que la espera para juicio evite aglomeraciones o concentraciones de ciudadanos; la potenciación del papel de los Registros Civiles como fuente de información en la crisis del coronavirus, y la creación de la Sede Electrónica de la Fiscalía General del Estado.
En esta primera entrega de propuestas se incluye una mención especial a la derogación del sistema de plazos de instrucción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), pues «solo entorpece la acción de la justica y favorece la impunidad del delito».
DECRETO DE DELGADO EN DESARROLLO DEL DECRETO DEL 15 DE ABRIL RELATIVO A LA REORDENACIÓN DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Por otra parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado hoy un decreto en desarrollo del decreto del pasado 15 de abril relativo a la reordenación de servicios del Ministerio Público.
Entre las medidas acordadas destaca que continúa siendo una prioridad evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos, potenciando para ello el uso de videoconferencias y el teletrabajo; y que la tramitación y remisión de los procedimientos a los juzgados se realizará de forma escalonada, teniendo en consideración las limitaciones de personal de las oficinas de fiscalía y de los órganos judiciales.
Asimismo, Delgado señala que la prioridad en el despacho de procedimientos no debe responder necesariamente a un orden estrictamente temporal o cronológico, como ocurre en condiciones normales, sino que las/los fiscales procurarán priorizar en su tramitación aquellos procedimientos en los que se aprecie un interés público o social, aquellos tramitados por hechos en los que se vean afectados los bienes jurídicos personales de las víctimas y aquellos otros que afecten a colectivos especialmente vulnerables.
