El Consejo General de la Abogacía (CGAE) apuesta por usar de forma mucho más intensiva los medios tecnológicos en las relaciones entre la Justicia y los abogados y procuradores para «evitar el colapso total» de los juzgados y tribunales cuando termine el estado de alarma.
Según ha informado hoy, la Abogacía ha remitido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tres nuevos documentos con propuestas para reactivar la Justicia tras la finalización del estado de alarma.
Señala que los tres informes recogen medidas consensuadas con los consejos autonómicos, colegios de abogados y asociaciones de letrados.
Entre las medidas de corte tecnológico que plantea para el periodo inmediatamente posterior al estado de alarma destacan el impulso del uso de videoconferencias y medios telemáticos, el acceso de los propios letrados y procuradores al expediente judicial electrónico, la autorización para que las declaraciones de testigos y peritos puedan realizarse por vía electrónica siempre que exista conformidad entre las partes, y la concentración de los períodos vacacionales en el mes de agosto.
Señala que todas ellas están orientadas a reducir la movilidad social y sobre todo a agilizar los procedimientos.
También solicita el acceso electrónico a documentación de carácter mercantil y la agilización de las comunicaciones electrónicas con distintos organismos públicos.
Además, plantea que «los juzgados y tribunales comiencen ya a trabajar en un calendario de recuperación de los juicios y señalamientos pendientes, ampliando el horario a las tardes y a los sábados por la mañana».
La Abogacía cree que ese calendario debería comenzar por las vistas que ya estaban programadas y que fueron suspendidas tras la declaración del estado de alarma.
Asimismo, considera que «para mejorar el rendimiento de los juzgados es necesario un importante refuerzo de jueces y funcionarios», así como la concentración de las vacaciones estivales en el mes de agosto.
Entiende que «de esta forma tribunales y juzgados podrían funcionar a pleno rendimiento el resto de meses».
El CGAE también señala que «existe preocupación en la Abogacía por el hecho de que la finalización del periodo excepcional pueda pillar a más de uno con los plazos procesales al límite». Por ello, propone un plazo de 10 días libres para que todos puedan ponerse al día.
También plantea medidas que podrían aportarse al ‘Plan Actuación’ del Ministerio de Justicia para agilizar la actividad judicial en los órdenes social y contencioso-administrativo (que se debería aprobar antes de 15 días tras las finalización del estado de alarma) y que «coadyuvarían a la agilización que contribuya a la recuperación económica».
Por ejemplo, para eliminar el trámite de poderes apud acta ante los Juzgados, la Abogacía propone otorgar poderes a los abogados mediante un formulario a través de web del Ministerio de Justicia con firma electrónica.
Indica que todas esas propuestas pueden formar parte del real decreto-ley en el que está trabajando el Ministerio con el fin de que la salida del estado de alarma sea lo más rápida posible.
Afirma que el departamento que dirige el ministro Juan Carlos Campo pretende no sólo recuperar el funcionamiento ordinario de la Justicia, sino agilizar todo el retraso acumulado durante los dos meses que se estima que durarán las limitaciones que tienen paralizados los plazos procesales.
Los informes elaborados por el CGAE:
PROPUESTAS DE LA ABOGACÍA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROPUESTAS DEL CGAE DISPOSICIÓN ADICIONAL 19 DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 21 DE ABRIL DE 2020
APORTACIONES DEL CGAE SOBRE MEDIDAS A COLECTIVOS VULNERABLES
