La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) afirma que el plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para los colectivos vulnerables es «propagandístico» y «no beneficia a los afectados».
Esta asociación presentó ayer por la tarde alegaciones a este plan que ha propuesto el CGPJ para hacer frente a la cantidad y variedad de situaciones que tendrán que resolver los tribunales como consecuencia de la crisis del coronavirus.
Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de AJFV, señala a Confilegal que “este plan, aunque bienintencionado, es más aparente que real porque no contiene medidas que de verdad vayan a repercutir directamente en proteger a las personas de grupos vulnerables».
Destaca que «la legislación española ya prevé mecanismos de protección muy intensos y modernos» y que «los jueces ya tienen en cuenta la necesidad de proteger a estas personas».
«Si muchas veces no podemos llegar hasta las últimas consecuencias es precisamente por la falta de medios», añade.
Fernández también dice que «una de las carencias de este plan es que no incluye ningún estudio económico que determine las medidas necesarias para llevar adelante las reformas que propone».
«Otras medidas son directamente contraproducentes, como suprimir comparecencias en procedimientos de patria potestad o limitar la posibilidad de recurso en casos de menores y vigilancia penitenciaria”, manifiesta.
La AJFV considera que este proyecto “incurre en los mismos defectos” que el plan de choque del CGPJ, al que la asociación también presentó alegaciones por las “numerosas y evidentes carencias del mismo”.
Indica que si bien apoya la protección de los colectivos vulnerables, este nuevo plan es “innecesario e injustificado”.
A juicio de esta asociación, “obedece a criterios propagandísticos para introducir por vía de urgencia modificaciones legislativas que afectan seriamente a los derechos fundamentales de las propias personas incluidas en estos colectivos”.
Además, denuncia que el plan del CGPJ «no es un instrumento válido» para afrontar la crisis del coronavirus, sino una forma de “aprovechar la situación para proponer medidas que constituyen un cambio estructural del modelo procesal” y que, por tanto, “merecen de un gran consenso político” antes de ser aprobadas.
Además, la AJFV destaca que este plan específico no prevé «ninguna memoria económica ni inversiones reales» para implantar “medidas útiles y urgentes».
Afirma que las previstas por el CGPJ “carecen de virtualidad práctica más allá de la imagen de falso compromiso de las instituciones”, lo que a su vez “traslada a la opinión pública la idea de que los tribunales no priorizan las necesidades de las personas más vulnerables, lo cual es radicalmente falso”.
También indica que otra de las medidas propuestas por el CGPJ es «reducir buena parte de los juicios orales», lo que la AJFV considera “un parcheo que implica pérdida de derechos y garantías para los ciudadanos”, especialmente para los colectivos vulnerables, con los que dice que todavía “resulta más injustificada” la mayor burocracia que provocará esa reducción de lo oral, más fácil y comprensible para los ciudadanos en general y para estos colectivos en particular.
Por ejemplo, la AJFV tilda de “inaudito” que una sentencia que modifica el estado civil de una persona se pueda documentar en DVD.
Además, señala que el CGPJ también propone «limitar el derecho de personas vulnerables a recurrir a la segunda instancia».
Apunta que «si ya es grave en cualquier situación, más aún cuando se trata de casos de menores o vigilancia penitenciaria».
“Resulta llamativo que al socaire de la protección de los más vulnerables, se les cercene precisamente a ellos la posibilidad de revisar las resoluciones judiciales que les afectan”, critica AJFV, para quien esta medida también es “totalmente injustificada”.
LAS ALEGACIONES, AL DETALLE
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha presentado seis alegaciones.
En primer lugar alega, como se ha dicho anteriormente, que no considera «necesario ni justificado el documento presentado por el CGPJ».
«Si bien desde AJFV apoyamos la protección de los colectivos vulnerables, por razón de género, edad, orientación sexual, discapacidad, raza, confesión o cualesquiera otros condicionantes que les impidan el ejercicio de sus derechos, consideramos que el documento del CGPJ obedece a criterios propagandísticos que pretenden, bajo premisas iniciales a las que nadie se puede negar por su bondad intrínseca aunque programática, introducir otras modificaciones legislativas que afectan seriamente a los derechos fundamentales de algunos de los miembros pertenecientes a estos colectivos», explica.
Además, destaca que «la legislación española es, aunque mejorable, suficiente y útil para proteger a quienes más lo necesitan», y que las situaciones de desigualdad en España «no son producto de su legislación», que es «de las más desarrolladas de nuestro entorno, sino de la falta de inversión en políticas públicas que permitan que las normas programáticas se conviertan en normas efectivamente aplicables a las realidades que generan tal desigualdad».
A ello añade que el «déficit de inversión en colectivos vulnerables», unido a la «ausencia total de medios en la Justicia española» lleva a que en muchas ocasiones los jueces tengan que «recurrir a la buena voluntad de los profesionales de la justicia, agentes de policía, sanitarios y servicios sociales para encontrar soluciones imaginativas y heterodoxas» allí donde la administración les deja «solos».
«Plantear más medidas legislativas sin memoria económica y sin exigencias reales de inversión, nos tememos que, más allá de dar una imagen de falso compromiso de las instituciones, carecen de virtualidad práctica», apostilla.
Asimismo, la AJFV critica que «adicionalmente y como colofón, con dicha propuesta se está trasladando a la opinión pública la idea de que los tribunales no priorizan las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, cuando eso es radicalmente incierto». Señala que «los tribunales constituyen en muchas ocasiones el único espacio público donde estas personas reciben algún tipo de apoyo para solucionar sus problemas».
La segunda alegación es que ni el plan de choque ni éste sobre colectivos vulnerables constituyen un instrumento para afrontar la crisis derivada del estado de alarma, sino el «aprovechamiento de la situación para proponer una batería de medidas que constituyen, en su conjunto, un cambio estructural de modelo procesal».
Dice que «la mayoría de las propuestas no están justificadas por el previsible aumento de la litigiosidad tras la crisis del coronavirus», y reitera su «preocupación ante el aprovechamiento de una situación política irregular para, por vía de urgencia, tratar de introducir reformas que merecen un gran consenso político».
En tercer lugar, manifiesta que «sigue sin evaluarse la inversión necesaria para acometer medidas útiles y urgentes que contribuyan a la agilización de la respuesta judicial».
Hace hincapié en que «sin inversión económica extraordinaria es imposible neutralizar el efecto de la paralización de la mayor parte de la actividad judicial durante más de dos meses».
«Los recursos personales y materiales tienen un límite y lo barato sale caro a medio plazo», agrega.
Otra de las alegaciones es que sigue sin acompañarse análisis del impacto psicosocial de las medidas sobre la Carrera Judicial.
Al respecto, expresa que «resulta desesperanzador que se proponga un aumento de la carga de trabajo (ejemplo: medida 1.4, juicios por las tardes o medidas 4.1 y 4.5 de agilización de la respuesta en los juicios de modificación de la capacidad de obrar) sin poner de manifiesto que es imprescindible contar con comisiones de servicios y/o sustituciones remuneradas y voluntarias».
Asimismo, esta asociación rechaza la propuesta del CGPJ de «recurrir a las adscripciones forzosas y a las comisiones de servicios no remuneradas».
En quinto lugar denuncia una «eliminación preocupante de la oralidad en procedimientos como los de modificación de la capacidad de obrar».
Argumenta que el exceso de juicios por juez no puede eliminarse reduciendo las celebraciones, sin reducir los asuntos, sino «dotando de más medios para poder ampliar las horas de Sala en cómputo global».
Considera que la medida propuesta es «un parcheo que supone una pérdida de derechos para los ciudadanos».
Apunta que «en el caso de los colectivos vulnerables, resulta injustificado limitar la oralidad, puesto que supone una burocratización del procedimiento de incapacidad (medida 4.10), por no hablar de la medida de posibilitar el dictado de sentencias in voce en este tipo de procedimientos».
También ve «inaudito» que una sentencia constitutiva, que modifica el Estado Civil de una persona, pueda ser documentada en soporte de DVD.
Afirma que igual rechazo le produce la medida 1.5 de eliminación de la vista en los procedimientos derivados del artículo 156 y 158 del Código Civil y dictado de sentencia in voce, con eliminación de la posibilidad de recurrir.
Por último, critica la «limitación injustificada» de los recursos en segunda instancia.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria señala que «cualquier limitación del derecho al recurso, supone una pérdida de garantías para los ciudadanos y una merma directa de sus derechos», y agrega que «la reducción de dichos recursos en materia de menores (la medida 1.5 de este documento no lo recoge, pero sí se recoge en la medida 2.5, página 48) y en materia de vigilancia penitenciaria (5.1) son totalmente injustificadas por su propia naturaleza, además de que en nada afecta dicha medida a la gestión de la crisis» del Covid-19.
