La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano entre plenos, ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, de estar propagando «una sospecha de falta de imparcialidad los jueces españoles».
Según Iglesias, esto otorgaría «un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia».
Las manifestaciones de Iglesias «Generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes«.
Y recuerdan las numerosas sentencias condenatorias «por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles solo en los últimos años (Nóos, Gürtel, ERE, tarjetas ‘black’, etcétera)».
Una de las cuatro asociaciones judiciales, Foro Judicial Independiente, denunció esta mañana que Iglesias no respeta la separación de poderes.
PROFUNDO MALESTAR
«El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del mismo, en su condición de garante de la independencia judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia», añaden.
El vicepresidente Iglesias hizo tales declaraciones ayer, a través de su cuenta de Twitter, en las que afirmó que “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”.
Manifestaciones que amplió durante la rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy, en relación con la sentencia condenatoria dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se condenó a la diputad regional de su partido, Isabel Serra, por los delitos de atentado, lesiones y daños, que el tribunal consideró acreditados, y no por su participación en un acto de protesta.
El vicepresidente segundo argumentó que se la había condenado por participar en un acto de protesta.
El CGPJ rechaza de forma absoluta y rotunda tales manifestaciones.
Sin ponerlo en palabras, se desprende que consideran que suponen una injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial y también un choque frontal que no debería haber.
TONO INAPROPIADO
El CGPJ también considera «inapropiado» el tono utilizado por el vicepresidente del Gobierno «respecto del desempeño de otro poder del Estado».
Por ello, se ven «en la obligación de apelar, de nuevo, a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial, más aún cuando se trata de pronunciamientos de miembros del Gobierno de la Nación en relación con actuaciones de los juzgados y tribunales».
La declaración de la Comisión Permanente no fue unánime. Votaron a favor el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero (PP), Álvaro Cuesta (PSOE), Juan Manuel Fernández (PP), Juan Martínez Moya (PP) y Pilar Sepúlveda (PSOE).
En contra, Rafael Mozo, vocal que fue elegido por apoyo del PSOE.
El PP, por boca de su responsable de Justicia e Interior -y consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid–, Enrique López, magistrado en servicios especiales, se dirigió al Gobierno exigiendo una declaración de apoyo institucional al poder judicial frente a las declaraciones de Iglesias.
