Los sindicatos CSIF y UGT-Acaip han presentado una denuncia contra el director de la cárcel de Albocácer (Castellón) ante la Inspección de Trabajo, por «incumplimiento» de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, «por la gestión que se ha venido realizando en esta prisión desde el inicio de la crisis sanitaria» por el coronavirus.
Denuncian «falta de material de prevención».
Afirman que el reparto de equipos de protección individual ha sido «desigual, restrictivo e insuficiente» respecto a otros centros penitenciarios.
CSIF y UGT-Acaip informan que con el estado de alarma ya declarado, la dirección comenzó a suministrar unas mascarillas que «no son aptas para la protección» frente al Covid-19 y que no se han dado más medios.
Según explican, actualmente se entrega «una mascarilla que como mucho protege del polvo», y «con esta única mascarilla los funcionarios tienen que hacer hasta cinco jornadas de trabajo cuando el uso recomendado es de cuatro horas».
Estos sindicatos consideran que atendiendo a la normativa, los funcionarios que ocupan puestos de vigilancia en los departamentos de ingresos y también en aquellos que alberguen a población reclusa sospechosa de padecer la enfermedad o aquellos que cuenten con internos que hayan dado positivo a coronavirus, «deben disponer de equipos de protección -bata, gafas, mascarilla, y guantes-y de contenedores para desecharlos».
Además de «la falta de material de protección», CSIF y UGT-Acaip denuncian que «una total falta de información a los delegados de prevención».
Según aseguran, «no es hasta el 6 de abril, que se confirma el séptimo positivo en el centro y con 12 trabajadores en cuarentena, cuando se comunica por primera vez un caso positivo y los trabajadores en aislamiento sanitario».
«A todo esto tenemos que sumar la negativa del director de Albocácer a escuchar a las organizaciones sindicales y poder así trazar conjuntamente medidas para la contención del virus», añade CSIF.
Este sindicato advierte que «por las patologías que sufre la gran mayoría de la población reclusa, los centros penitenciarios se pueden convertir en grandes morgues, como ha ocurrido con residencias de ancianos».
CSIF y UGT-Acaip reclaman a Inspección de Trabajo que «compruebe urgentemente si los medios son suficientes y si las medidas tomadas se adecúan a la legislación vigente».
Si concluyese que se ha incumplido la normativa en prevención de riesgos laborales, instan a adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores penitenciarios.
Desde Instituciones Penitenciarias han confirmado que actualmente hay nueve casos de coronavirus entre los trabajadores de esta prisión, de los cuales uno ya ha recibido el alta. No hay registrado ningún caso entre los internos.
Señalan que el material de protección se ha ido repartiendo según se ha ido recibiendo.
Según explican, se ha repartido entre las cárceles un total de 325.000 mascarillas quirúrgicas, 68.100 FFP2, 2.000 FFP3, 10.000 monos EPI, 104.000 guantes y 12.800 botes de gel.
