La Plataforma Familia y Derecho (PF&D) ha pedido hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la especialización de determinados juzgados para procedimientos de familia.
Esta plataforma, que preside el magistrado Xavier Abel Lluch, ha analizado de forma pormenorizada la planta judicial en toda España, y esta mañana ha hecho una propuesta al CGPJ de aquellos juzgados que pueden ser especializados para tramitar los novedosos procedimientos y reformas procesales que publicará mañana el Ministerio de Justicia.
Destaca que la propuesta «es factible con mínima inversión».
Isabel Winkels Arce, secretaria de esta plataforma, señala a Confilegal que «el plan del Ministerio propone una serie de nuevos procedimientos para tramitar sobre todo ejecuciones de visitas no disfrutadas, impagos de pensiones y modificaciones de medidas como consecuencia de ERTE, eres o concursos».
Indica que los abogados de familia esperan una avalancha de procediemientos de estos asuntos que pueden colapsar los juzgados especialmente si son mixtos o de primera instancia, y que «ralentizará la resolución de estas importantísimas cuestiones que afectan a tantas miles de familias».
Ante esta situación, la Plataforma Familia y Derecho ha realizado este estudio «a fin de que durante la vigencia de este plan de choque, los magistrados designados conozcan en exclusiva de estos nuevos procedimientos para resolverlos y darles cabida con la máxima agilidad, de manera especializada y eficaz».
Informa que la concentración de asuntos que propone afectaría a 80 juzgados, y en la propuesta concreta la distribución.
Plantea que en aquellos partidos judiciales donde existan 5 o más juzgados de primera instancia o mixtos con una población superior a 80.000 habitantes «se concentre la competencia en materia de familia en uno de ellos, «preferentemente en los juzgados de primera instancia, aglutinando la población de partidos judiciales más próximos geográficamente y más pequeños».
Para formular esta propuesta de distribución, la plataforma ha consultado la cartografía de partidos judiciales, publicada en la web del Ministerio de Justicia.
REPARTIR EL TRABAJO ENTRE EL RESTO DE JUZGADOS QUE QUEDAN LIBERADOS
Isabel Winkels señala que «hay que tener en cuenta que los temas de familia suponen aproximandamente un 25% del volumen total de los asuntos civiles de cada juzgado».
Apunta que «los juzgados que quedan liberados de temas de familia, pueden dedicarse a los restantes asuntos, civiles o civiles y penales, en el caso de los juzgados mixtos».
Indica también que «los juzgados que se especializan y que tengan temas pendientes de resolución, podrían ser o resueltos por un juez sustituto, cuya contratación se estima para un plazo de unos 6 meses o repartirse entre el resto de los juzgados como contrapartida a la liberación del conocimiento de los asuntos de familia».
Respecto de los equipos psicosociales «tan importantes en los asuntos de familia», para disminuir el coste económico que puede implicar el nombramiento de equipos nuevos para estos 80 juzgados, dice que «se podría agrupar un equipo para dos o tres sedes judiciañes».
«Esta sería la mayor inversión a realizar», apunta.
También señala que habría que adscribir un fiscal a cada uno de estos 80 juzgados al afectar la mayoría de estos temas a los menores de edad.
Advierte que «la solución de muchos de los conflictos que están afectando a miles de familias está en nuestras manos».
Por ello, esta plataforma pide que su propuesta, que también ha presentado hoy al Ministerio de Justicia, sea tenida en consideración.
Pinchando aquí puede descargarse la propuesta de la PF&D al plan de choque del CGPJ.
La acompaña con un anexo con los estudios de la planta judicial, con un cuadro de la situación actual en España y con otro con datos de los distintos partidos judiciales en cada una de las comunidades autónomas.
La plataforma Familia y Derecho es multidisciplinar.
La preside Xavier Abel Lluch, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Barcelona y doctor en derecho; Paloma Abad Tejerina, abogada de Familia, es la vicepresidenta.
Fue fundada en 2019 por 156 socios de toda España que desarrollan su actividad profesional en el Derecho de Familia (magistrados, abogados, fiscales, letrados de administración de justicia, catedráticos, psicólogos, trabajadores sociales, mediadores o coordinadores de parentalidad), entre ellos Encarnación Roca, magistrada del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho Civil; Juan Antobio Xiol Ríos, también magistrado del Constitucional; Antonio Salas Carceller, magistrado del Tribunal Supremo, la fiscal Escarlata Gutiérres, y Álvaro Cuesta, vocal del CGPJ.
En la actualidad son casi 700 socios, destacadas personalidades de todas las profesiones implicadas en el Derecho de Familia, que están «convencidos de que una justicia de familia especializada y ágil palía muchos de los efectos adversos de las crisis familiares».
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