La Comunidad de Madrid anunciaba recientemente una nueva Ley para considerar a los hijos concebidos «no nacidos» como miembros de la familia. Una normativa que busca fomentar las ayudas a la natalidad en la región pero que, sin embargo, también puede suponer un aumento de los casos judiciales de familia en los tribunales.
La tendencia a la natalidad en España cada vez es más reducida. Tanto que, en 2023, se llegaba al mínimo histórico, con el dato de 1,12 hijos por mujer en el país.
Cifras alarmantes de baja natalidad ante los que la Comunidad de Madrid ha reaccionado recientemente. Y es que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba, dentro de la estrategia de protección de la maternidad y paternidad de Madrid, una nueva Ley, en la que los bebés «no nacidos» sean considerados un miembro más de la familia.
Así pues, desde que se acredite el embarazo, las familias «tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas». Entre ellas, el alquiler joven o las becas de Bachillerato. También acceso a los beneficios fiscales, como la deducción en el impuesto de la renta, o la exención de tasas.
«Sin atribuir personalidad jurídica al nasciturus, le reconocen efectos prácticos en el acceso a prestaciones sociales con el objetivo de fomentar la natalidad», explica en este sentido el abogado de familia Pol González Mansilla.
Así pues, esta norma autonómica, que «reconoce al concebido no nacido como parte de la unidad familiar» es compatible con la jurisprudencia constitucional. Normativa que establece que este feto «no es titular de derechos fundamentales, pero sí merece protección por parte del Estado».
Una ley del «no nacido» que podría aumentar los casos de familia
Así pues, el abogado explica a Confilegal que, en un primer lugar, será necesario que estos embarazos estén acreditados legalmente. En concreto, a través de «un informe médico oficial».
«Este documento deberá incluir, de forma expresa, la semana de gestación en curso, y la fecha prevista del parto», valora el abogado. Algo que también deberá acreditarse en el caso de nacimientos múltiples.
Ayudas que, en el caso de que el embarazo no llegue a término «podrían ser revocados de acuerdo con lo que establezca la norma que apruebe la Comunidad de Madrid».
«Muy probablemente la ley establecerá la obligación de comunicar la interrupción o pérdida gestacional para que se actualice el expediente administrativo, lo que podría conllevar la cancelación de las ayudas o incluso su devolución».
Contexto en el que, para Pol Martín González, es difícil que esta norma provoque un aumento de interrupciones voluntarias del embarazo tras conseguir las ayudas autonómicas. Y es que estas ayudas están siempre vinculadas al reconocimiento del concebido, sin que se otorguen pagos directos de gran cuantía.
«Además, la interrupción voluntaria del embarazo en España está sujeta a regulación estricta», explica el abogado.
Sin embargo, esta norma sí podría producir un aumento de conflictos en los tribunales, de no ser rigurosas y contar con mecanismos claros de aplicación.
«Desde una perspectiva abstracta, sí cabe prever un posible aumento de procedimientos judiciales en el ámbito del derecho de familia. El reconocimiento administrativo del nasciturus como miembro de la unidad familiar podría generar disputas sobre el acceso y la gestión de ayudas públicas. En contextos de separación o divorcio, podría surgir controversia sobre quién ostenta la legitimación para solicitar o administrar dichas prestaciones», explica.
El problema de la natalidad en España
Una iniciativa recientemente anunciada por la Comunidad de Madrid que busca ser un incentivo para la natalidad en la región. Algo que, sin embargo, no es tan sencillo, en opinión del abogado.
Y es que la facilitación de los trámites o el adelanto de beneficios son positivos, pero «no abordan de forma integran los desafíos que enfrentan las familias jóvenes».
«Pienso que, para que exista un verdadero impulso a la natalidad, sería necesario implementar políticas más ambiciosas. Subsidios mensuales por hijo, permisos parentales más extensos y equitativos, gratuidad en la educación infantil temprana y servicios públicos accesibles y de calidad», expone.
Unos cambios estructurales que de momento, aún no se han producido en España. Y que suponen un verdadero desafío para aquellos que buscan incrementar su familia.
