AJFV y FJI advierten de la falta de medidas ‘concretas y reales’ para la reactivación de la actividad judicial
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, y la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez.

AJFV y FJI advierten de la falta de medidas ‘concretas y reales’ para la reactivación de la actividad judicial

Auguran un "pésimo desenlace" como no se proporcionen medios adecuados para hacer frente a la avalancha de asuntos que se acumulan en juzgados y tribunales por la pandemia
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06/5/2020 16:23
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Actualizado: 31/3/2022 14:33
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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han advertido hoy que constatan una «falta de medidas concretas y reales» para la reactivación de la actividad judicial.

Ambas asociaciones han publicado un comunicado conjunto en el que afirman que las iniciativas adoptadas por parte del Ministerio de Justicia tienen un «marcado carácter cosmético».

Auguran un «pésimo desenlace» como no se proporcionen medios adecuados para hacer frente a la avalancha de asuntos que se acumulan en juzgados y tribunales a raíz de la pandemia.

AJFV y FJI apelan al sentido común y a la responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia para que contemplen un plan de choque con una inversión que permita dar una respuesta adecuada a las reclamaciones de los ciudadanos.

Destacan que para ello es «imprescindible» que «escuchen activamente a todos los operadores jurídicos».

“El Ministerio de Justicia y el CGPJ deben tener claro que sin una planificación adecuada es imposible que los juzgados vuelvan a un funcionamiento normal, para lo cual son necesarios datos y calendarios básicos de planificación y organización, además de medidas eficaces para proteger la salud», ha manifestado a Confilegal el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero.

Dice que «desde luego, esa vuelta a una relativa normalidad tras los retrasos provocados por la pandemia es todavía más imposible sin una mínima inversión para reforzar una estructura judicial que estaba ya muy debilitada”.

En el mismo sentido se ha pronunciado Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente.

Rodríguez señala a este diario que «la situación actual de escasez de medios que viene arrastrándose durante décadas en la administración de Justicia hace imposible sin una inversión adecuada poder dar una respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos».

Lamenta que al «igual que sucede con los servicios sanitarios, Justicia viene siendo la gran olvidada, sufriendo recortes desde la crisis de 2008″.

Por ello, Foro Judicial Independiente pide que «se aborden los problemas de la administración de justicia con proyección de futuro y no en base a parches puntuales que impiden dar una adecuada respuesta a las ciudadanos y poder prestar un servicio propio de una justicia del siglo XXI».

FJI y AJFV manifiestan en el comunicado que desde el primer momento, y pese a no estar conformes con la gestión de Ministerio de Justicia y el CGPJ, han actuado con lealtad institucional, colaborando con ambos organismos  y presentando los informes que les han sido solicitados con un escaso margen de tiempo.

Indican que desde que el pasado miércoles se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 16/2020 de medidas organizativas y procesales para hacer frente al Covid-19 han esperado un tiempo prudencial a fin de que se emitieran «instrucciones más claras» respecto al suministro de medios materiales que garanticen la salud de todos en las sedes judiciales.

También esperaban información relativa al impulso del teletrabajo mediante la dispensa de los medios necesarios a todos los integrantes de la administración de justicia; «directrices precisas» respecto a cuándo se producirá la reincorporación de toda la plantilla de funcionarios a sus respectivos puestos con plenitud de garantías; indicaciones sobre la duración de las exenciones para el cuidado de familiares o una previsión «realista» sobre el alzamiento de la suspensión de los plazos procesales.

Critican que el CGPJ no se ha pronunciado al respecto ni se han anunciado medidas que permitan conciliar el ejercicio de la profesión con el indispensable cuidado de los menores de edad una vez que se ha anunciado que hasta el curso 2020/2021 no volverán a asistir a los colegios.

La AJFV y FJI afirman que asisten «perplejos» al enunciado de la exposición de motivos del Real Decreto-ley de Justicia, donde «se llega a afirmar para justificar la promulgación» de la norma, que “la Constitución española reconoce el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas”.

Apuntan que precisamente debido a ese «endémico abandono», del que ambas asociaciones llevan avisando décadas, «no son pocos los Juzgados españoles que ya tienen ocupadas sus agendas a dos o tres años vista».

También observan «con preocupación» que se está trasladando a las Salas de Gobierno de los 17 Tribunales Superiores de Justicia la labor de liderar la organización de la Justicia, «cuando los miembros de dichos órganos carecen de la información y recursos necesarios para asumir dicha labor de liderazgo».

Así las cosas, dicen que no hay certezas de cómo se debe llevar a cabo la reanudación de la actividad, y se incrementan las dudas sobre cómo se va a poder hacer.

Ambas asociaciones recuerdan que ya han puesto de manifesto en reiteradas ocasiones que «es imposible hacer frente al colapso judicial al que nos enfrentamos sin una inversión específica», aunque sea de forma temporal, en medios personales y materiales.

Avisan que si España ya cuenta con escasez de un escaso número de jueces -11 por cada 100.000 habitantes frente a la media europea de 21- y es el cuarto país de la OCDE en litigiosidad, la situación de partida es «tan deficitaria», que una avalancha de reclamaciones consecuencia de la crisis, unida al necesario reseñalamiento de decenas de miles de actuaciones suspendidas durante el estado de alarma, hará «inasumible» poder ponerse al día en la tramitación y resolución de procedimientos.

Reclaman que con urgencia se empleen todos los esfuerzos que sean necesarios para reactivar cuanto antes la actividad judicial, con plenas garantías de protección de la salud de usuarios y profesionales.

«Cada día que pasa supone una pérdida de derechos para quienes se ven obligados a acudir a los tribunales a defender sus intereses», concluyen.

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