Ignacio González Vega es portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Foto: Carlos Berbell | Confilegal.
JJpD pide la reanudación inmediata de la actividad judicial
Reclama a las administraciones públicas implicadas que proporcionen los medios tecnológicos y de protección sanitaria necesarios
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18/5/2020 14:57
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Actualizado: 18/5/2020 14:57
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«La paralización prolongada del funcionamiento de la Administración de Justicia es una grave anomalía democrática, a la que debe ponerse a término lo más inmediatamente posible», según Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).
Así se manifiesta el secretariado de la asociación judicial en un comunicado en el que reclama la reanudación inmediata de la actividad judicial, así como los medios tecnológicos y de protección sanitaria necesarios para retomar el normal funcionamiento de la Justicia.
JJpD se dirige al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las comunidades autónomas con competencias transferidas.
«A fecha de hoy las administraciones responsables de garantizar la seguridad e higiene de este servicio público esencial no han puesto en marcha las reformas necesarias en las instalaciones y la dotación de medios telemáticos imprescindibles para que, en un contexto de esta grave crisis sanitaria, la tutela judicial de los derechos y libertades esté permanentemente garantizada».
En este sentido, la asociación judicial pide al legislador que «asegure los mecanismos institucionales para la correcta coordinación y cooperación de todas las instituciones implicadas, la implantación de los tribunales de instancia y la dotación en las leyes de presupuestos de los créditos necesarios para el buen funcionamiento de la justicia».
La asociación de la que es portavoz el magistrado Ignacio González Vega asegura que del CGPJ espera que «dote a los integrantes de la Carrera Judicial de la necesaria protección frente al riesgo sanitario y que inste a las administraciones responsables a fin de que lleven a cabo las actuaciones necesarias para el inmediato levantamiento de la suspensión de la actividad judicial».
Se cumplen 65 días desde la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, recuerda JJpD, y «la prolongación de esta situación de parálisis casi general de la Administración de Justicia ha puesto de relieve sus carencias».
Asimismo, apunta que «no existen en nuestro sistema mecanismos suficientemente reglamentados que permitan garantizar la cooperación y coordinación de todas las administraciones e instituciones concernidas» y, agrega, «resultan imprescindibles para que se pueda abordar la reanudación en todo el Estado de la actividad judicial».
Por otra parte, añade, «la actividad judicial se encuentra todavía condicionada por los límites que impone la utilización del papel y la falta de herramientas tecnológicas».
Sobre esto, critica que las administraciones responsables «no han sido capaces en todo el territorio del Estado de proporcionar los medios necesarios para que, en una situación de epidemia, sea posible el normal funcionamiento de nuestros Juzgados y Tribunales».
«Superar el modelo decimonónico»
Esto último, subraya, «es algo más complejo que el simple suministro de ordenadores, lo que se debe generalizar entre los responsables del funcionamiento de los órganos judiciales, y comprende también los programas informáticos que garanticen la viabilidad y seguridad de las actuaciones telemáticas».
Juezas y jueces para la democracia insiste en que esta crisis sanitaria «ha puesto de manifiesto las deficiencias de la actual organización y planta judicial y la necesidad de superar en la primera instancia el modelo decimonónico con la transformación de los juzgados en auténticos tribunales de instancia que permitan optimizar el funcionamiento de nuestra Administración de Justicia».
Así, añade, «queremos denunciar que desde los primeros proyectos de hace más de una década las fuerzas políticas han sido incapaces de llegar a un acuerdo que modernice la organización judicial».
La asociación concluye que esta situación en la que se encuentra la Administración de Justicia «no puede volver a repetirse» y, por ello, pide los medios necesarios para poner en marcha su funcionamiento.
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