Hace unos días el juez Joaquim Bosch escribió un artículo en eldiario.es sobre la manifestación del barrio de Salamanca, que, por su tono político, sobre un asunto ajeno al mundo judicial, y por ser abiertamente expresivo de su ideología, ha incomodado a muchos compañeros y ha extrañado a no pocos: un juez, hablando así.
A mí también, pues entiendo que hace un flaco favor a la imagen de los jueces, y al prestigio de la institución, que los jueces entremos en la arena política a dar nuestra opinión sobre temas ajenos a, o solo medianamente relacionados con, lo judicial.
Los ciudadanos esperan que los jueces nos conduzcamos con prudencia y mesura, no solo en nuestro ejercicio profesional, sino también fuera del mismo como extensión de una forma de vida que nos ha llevado a ser jueces, esto es, a decidir con objetividad sus asuntos.
La apariencia de imparcialidad es crucial.
Pero a la hora de plantearme una solución a este problema, que no es exclusivo de Joaquim Bosch, me doy cuenta que así es como tiene que ser.
Y que no son los jueces quienes tenemos que evitar estas conductas, sino la sociedad acomodarse a ellas. Me explico. Los jueces no tenemos restringido ni el derecho fundamental de opinión ni su correlativo a expresarla.
El artículo 20 de la Constitución nada dice de que los jueces, por el mero hecho de serlo, seamos de peor condición que el resto de ciudadanos.
El Tribunal Constitucional ya lo dejó bien claro en los años 80 (“nadie puede ser descalificado como juez en razón de sus ideas”, ATC 358/1983), y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) así lo ha dispuesto en muchas ocasiones en relación, por ejemplo, a realizar manifestaciones sobre propuestas legislativas, aunque la crítica técnica coincida con la postura de un partido político (sentencia del TEDH de 28 de octubre de 1999, caso Wille contra Liechtenstein, y sentencia del TEDH de 23 de junio de 2016, caso Baka contra Hungría); la última sentencia al respecto (sentencia del TEDH de 5 de mayo de 2020, caso Kösevi contra Rumanía), va más allá y manifiesta que, en un sistema democrático, y en lo que atañe la separación de poderes, los actos del gobierno también deben someterse al escrutinio público del poder judicial, aunque suponga entrar en el debate político.
Los jueces, por tanto, tenemos la misma libertad de expresión que todo el mundo y, en ejercicio de la misma, el compañero, y otros compañeros, actúan lícitamente.
De hecho, es muy difícil que puedan incurrir en una falta disciplinaria, puesto que las que de alguna forma se refieren a la libertad de expresión, contemplan aspectos muy concretos y son de interpretación restrictiva.
LOS JUECES TIENEN QUE SER IMPARCIALES Y PARECERLO EN SUS MANIFESTACIONES PÚBLICAS
No hay dudas desde un punto de vista jurídico, pues. Pero resulta que está admitido con carácter general que, para que la ciudadanía confíe en sus jueces, éstos no solo deben ser imparciales, sino también parecerlo en todas sus manifestaciones públicas.
Ello ha sido recogido así por el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, en un acuerdo de 16 de abril de 2020 sobre la intervención de los jueces en medios de comunicación, indicó que podíamos hacerlo siempre que “no comprometa la imparcialidad o independencia del juez”.
Y así se han pronunciado en varios informes la Comisión de Ética Judicial del CGPJ (por ejemplo, aconsejando a los jueces actuar en redes sociales con prudencia, mesura y cortesía, manteniendo la imprescindible apariencia de independencia e imparcialidad judicial, Consulta 10/18).
Incluso más allá ha ido el relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en informe de 29 de abril de 2019; o el mismo TEDH, que también ha dicho en muchas ocasiones que nuestra condición de jueces supone restricciones a nuestra libertad de expresión a fin de asegurar la apariencia de imparcialidad como garantía del sistema de justicia (sentencia del TEDH de 16 de septiembre de 1999, caso Buscemi contra Italia; o la sentencia del TEDH de 8 de febrero de 2001, caso Pitkevich contra Rusia, entre otras muchas).
Estos límites no son jurídicos, sino éticos o morales.
Pues bien, mi opinión es contraria a la consolidación de los mismos. Creo que el camino debe ir en otra dirección.
LA SOCIEDAD DEBERÍA EMPEZAR A ASUMIR QUE LOS JUECES TENEMOS IDEOLOGÍAS, CREENCIAS Y OPINIONES
Es la sociedad la que debería empezar a asumir con normalidad que los jueces tenemos ideologías, creencias y opiniones.
El problema es que la sociedad no sabe cómo trabajamos.
La mayoría de la gente cree que los jueces decidimos según nuestras convicciones personales. Así les llega desde los medios de comunicación, y es un discurso fácilmente digerible.
Expresar esas convicciones sería como anticipar el fallo de la sentencia.
Pero no.
Los jueces, cuando vamos a resolver un asunto, aplicamos la ley a los hechos que nos dan, y para ello dejamos nuestro sistema de creencias a un lado. Nos ponemos la toga y colgamos en la percha la ideología.
¿Por qué?
Porque ese es nuestro trabajo. Los jueces somos profesionales de la imparcialidad. Habrá quien no lo haga, unos pocos jueces que tal vez resuelvan dejándose arrastrar por sus opiniones políticas.
Pero, teniendo claro que solo en muy pocas ocasiones podrá hacerlo (la inmensa mayoría de pleitos que vemos son ajenos a intereses políticos), ello lo único que significará es que estamos ante un mal profesional, y punto. Es ahí donde debemos juzgar a los jueces. Por su trabajo.
No por lo que digan en la tele o en los periódicos.
Comprobar si su trabajo fue objetivo e imparcial, sin sospechar que no lo es por lo que dijo.
Sé que aún queda mucho para que la mayoría de la sociedad empiece a distinguir entre lo que expresa públicamente un juez y lo que hace en su trabajo, si eso es posible que algún día suceda.
Y mientras eso no cambie, yo continuaré tratando de ser prudente y mostrarme ideológicamente neutro.
Pero, aunque no me guste que, entre tanto, otros jueces no hagan lo propio, y crea que así dañan al colectivo, defenderé su derecho a que lo sigan haciendo.
Porque la alternativa, que muchos ya piden, es peor.
La alternativa no puede ser que un colectivo entero vea restringido sus derechos individuales.
Creo que la solución más correcta pasa porque la sociedad reajuste su percepción de los jueces y del trabajo judicial.
Por cierto, a ello ayudaría mucho que la clase política, tal y como nos exige el Consejo de Europa y la Unión Europea, dejara de meter sus zarpas en la cúpula judicial mediante la elección partidista del CGPJ.
Eso sí que hace mucho daño a la apariencia de imparcialidad de los jueces y es fácilmente remediable.
