La puesta en marcha del mecanismo para la elección de las personas que deberán ocupar las presidencias de tres de las cinco Salas del Tribunal Supremo –la Sala de lo Social y la Sala de lo Militar y la Sala de lo Contencioso-Administrativo,– se presenta, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como una oportunidad única para cambiar el criticado y polémico estado de cosas.
Nunca antes en los 208 años de historia del Tribunal Supremo una mujer ha ocupado una Presidencia de Sala.
La oportunidad se pinta calva, como se suele decir, merced a la jubilación de dos de sus presidentes, Jesús Gullón, en la Sala de lo Social, y de Ángel Calderón, en la Sala de lo Militar.
Ambos cumplen los 72 años preceptivos para jubilarse obligatoriamente y abandonar la carrera judicial.
El tercero, Luis María Díez-Picazo Giménez, tiene 62 años, y puede presentarse a la renovación, lo que ciertamente no concitaría mucho consenso, dada su gestión durante los cinco últimos años.
De los tres puestos, la Sala de lo Social, también llamada Sala Cuarta, presenta dos sólidas candidatas: Lourdes Arastey Sahún y María Luisa Segoviano Astaburuaga, si bien, de las dos, de presentarse, sería Arastey la que tendría más posibilidades.
Por un factor específico. Arastey tiene 60 años y tiene ante sí 12 años de carrera plena; Segoviano tiene 69, con tres por delante para la jubilación.
A la Presidencia de la Sala de lo Militar también podría optar, si se lo propusiera, Clara Martínez de Careaga, de 61 años, la única mujer de los 8 magistrados titulares.
Sin embargo, presenta un pequeño problema: es vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Tendría que dimitir de ese cargo para poderse presentar, lo que no sería demasiado bien visto por la carrera, según ha podido pulsar Confilegal.
A lo que se añadiría el hecho de que es la esposa del magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, lo que provocaría innecesarios comentarios críticos, que la Justicia no necesita en estos momentos.
La tercera, la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es la más peliaguda. A este medio le consta que Díez-Picazo ya «ha estado pulsando donde corresponde», midiendo sus posibilidades de reelección.
En su debe pesa que se presentaría con una Sala profundamente dividida, lo que no ocurría cuando tomó el testigo de su antecesor José Manuel Sieira Míguez.
De su decisión final –de que renunciara a presentarse a la reelección– que todavía no ha tomado, dependería que Pilar Teso Gamella, de 59 años, pudiera decidir dar el paso definitivo y presentarse.
La magistrada ya lo dio en 2013, cuando le disputó el puesto de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo al actual titular, Carlos Lesmes Serrano.
El Pleno, sin embargo, se inclinó por el actual titular en funciones.
La entrada de alguna –o todas– de las mujeres citadas en las mencionadas Presidencias contribuiría a cambiar la configuración de la Sala de Gobierno haciéndola un poco más equilibrada.
Dicha Sala de Gobierno está formada por 12 magistrados y un secretario de Gobierno.
Cinco de sus componentes son miembros natos –los presidentes de las 5 Salas– y cinco son electos, elegidos por todos sus compañeros.
De estos, sólo una es una mujer, Susana Polo, que fue elegida en las últimas elecciones.
Dicho en términos estadísticos: un 8,3 por ciento.
