El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Rafael Herreros López, ha abierto juicio oral contra una pareja de nacionalidad alemana y cubana acusada de estafar y maltratar a varios ancianos a los que cuidaba en esta localidad gaditana.
La Fiscalía reclama 19 años de cárcel para cada uno de ellos, identificados como E. M. R. y M. A.
En concreto, por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público pide 12 años de prisión y el pago de una multa de 21.600 euros; por un delito de maltrato habitual reclama tres años de cárcel y cinco años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de una de las víctimas; y por cada uno de los cuatro delitos de lesiones que les atribuye solicita un año de prisión y tres años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de dicha perjudicada.
Asimismo, pide que ambos encausados indemnicen solidariamente a la víctima referida con un total de 852.642 euros, y de manera solidaria al Estado español con 156.470,22 euros por las cantidades de las que presuntamente dispusieron de forma indebida.
En un auto dictado el día 8 de abril, el juez Herreros acuerda la apertura de juicio oral y tiene por formulada la acusación contra ambos por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público, un delito de maltrato habitual y cuatro delitos de lesiones, requiriéndoles para que presten una fianza de 1.009.112,22 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, todo ello “con el apercibimiento de que, de no prestarla, se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar” esta cantidad.
El instructor, que declara a la Audiencia Provincial de Cádiz órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, ratifica asimismo la prisión de los dos encausados, acordada por la propia Audiencia Provincial, que estimó en este sentido el recurso de la Fiscalía contra los autos de 12 de noviembre de 2019 en los que el juez dejó en libertad provisional bajo fianza de 30.000 euros a los acusados.
El Ministerio Público presentó su escrito de acusación tras un auto del 29 de noviembre de 2019 en el que el instructor acordó continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado.
En aquel auto el juez indicaba que “a la vista de las diligencias practicadas”, se deduce que los dos investigados “se habrían prevalido de la situación de vulnerabilidad” en la que se encontraban dos ancianas a las que supuestamente cuidaban para acudir a un notario de Cádiz con el fin de que la investigada “quedara instituida como heredera universal en la herencia” de una de estas ancianas, “así como otorgar un poder de representación a su favor en nombre” de esta mujer.
Según precisa el juez instructor, mientras la anciana vinculada a dicha herencia se encontraba ingresada en una clínica, los investigados habrían trasladado a la otra afectada en un coche hasta la ciudad de Cádiz, donde tenían previsto acudir a un notario “a fin de que éste autorizara las escrituras que habían concertado previamente”, firmando esta mujer las escrituras como si se tratase de la otra anciana.
Además, indica que las investigaciones llevadas a cabo revelan que los investigados “podrían haber llevado a cabo actos similares desde septiembre de 2007, momento en que dejaron de trabajar para la residencia de ancianos en la que prestaban servicios por cuenta ajena en la isla de Tenerife”.
El juez Herreros también señala del estudio de las cuentas y movimientos patrimoniales llevados a cabo que el valor total de los bienes de la investigada es de 331.000 euros, tiene 1.005.699,66 euros en cuentas corrientes y ha recibido 58.293,195 euros de rendimientos del trabajo, mientras que su pareja cuenta con bienes valorados en 185.000 euros, 808.295,91 euros en cuentas corrientes y 58.293,195 euros por rendimientos del trabajo.
‘DESPLAZAMIENTOS PATRIMONIALES DE GRANDES CANTIDADES DE DINERO’
Según asevera el juez, “del resultado de las diligencias instructoras podría articularse una verdadera intención criminal por parte de los investigados, quienes se prevalían de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los ancianos para obligar a éstos a otorgar poderes a su favor y, con ello, conseguir desplazamientos patrimoniales de grandes cantidades de dinero o activos inmobiliarios”.
De este modo, afirma que ambos “vendrían a gestionar tales bienes en su propio beneficio, sin dar cuenta alguna de su gestión a los poderdantes y logrando una completa confusión de patrimonios entre el patrimonio que se habían obligado a gestionar y el suyo propio”, tal y como presuntamente resulta de las “numerosas transferencias de dinero y bienes inmuebles que se producen” por parte de ambos en el caso concreto de dos de los ancianos afectados.
El instructor agrega que “a los hechos de índole patrimonial, cabe añadir, de nuevo con las cautelas de este estado procesal, los delitos contra las personas que presumiblemente podrían haber cometido”.
En este punto hace referencia al caso de la anciana a la que suplantaron la identidad ante notario, que ya ha fallecido y que ingresó en el Hospital de Puerto Real el 14 de octubre de 2017 “en un estado deplorable de salud”.
Añade que si bien «no es posible articular una relación de causalidad entre el fallecimiento” de esta mujer “y los cuidados deficitarios que presuntamente recibía de los investigados, resulta llamativo que ingresó en el Hospital en un estado lamentable de salud para posteriormente experimentar una mejoría que se mantendría” hasta su fallecimiento.
Asimismo, señala que los informes médicos forenses determinan que las lesiones que presentaba la anciana al ingresar en el hospital consistían en desnutrición, deshidratación y déficit de higiene, tras lo que el 19 de noviembre de 2018 se le realizó una exploración donde “ya no presentaba estos síntomas”, por lo que “es evidente que su situación ha mejorado desde que no está bajo el cuidado de los investigados”, misma conclusión a la que el magistrado llega en el caso de otro anciano.
