La diputada del PP María Jesús Moro, portavoz adjunta del partido en la Comisión Constitucional del Congreso y portavoz de Universidades, ha denunciado que “el Gobierno ha hibernado derechos y libertades durante el estado de alarma más allá de lo que resiste justificar el amparo de la Constitución”.
Así lo manifestó ayer en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en la que compareció la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, para informar sobre la actividad de la agencia durante la crisis provocada por la pandemia, a petición del PP.
Moro también denunció que el Ejecutivo “ha intentado bloquear el correcto funcionamiento de esta Comisión, que es la de referencia para el estado de alarma y la competente para solicitar al Gobierno los informes, comparecencias y documentos para el control del Ejecutivo y de los titulares del mando único”.
Afirma que “en lugar de reforzar las instituciones garantizadoras del respeto a los derechos de los ciudadanos, se han priorizado actitudes autoritarias, propuestas intervencionistas, decisiones que primaban la intrusión en la libertad de expresión o en la privacidad con la monitorización de las redes sociales para evitar las críticas antes que la transparencia”.
La diputada ha hecho hincapié en que “el estado de alarma no puede determinar la suspensión de derechos fundamentales ni la derogación de las normas de protección de la privacidad”.
Ha señalado que durante el estado de alarma, el Gobierno “no podía suspender los derechos y libertades de los ciudadanos, como tampoco el funcionamiento pleno de las Cortes Generales, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y de la Agencia Española de Protección de Datos y del Consejo de Transparencia”.
María Jesús Moro considera que el Ejecutivo, con la suspensión de los plazos procesales durante cerca de tres meses «ha contribuido a impedir el correcto funcionamiento del Tribunal Constitucional y de los juzgados».
La portavoz adjunta del PP en la Comisión Constitucional también ha indicado que “la labor de la Agencia, a pesar del trabajo realizado, ha sido sometida a la sordina, que se ha aplicado también al Consejo de Transparencia, cuando la calidad democrática y la confianza debía haber colocado a ambas entidades en primera línea».
Según ha explicado esta diputada, en distintos informes de la agencia se indica que «la recogida masiva e indiscriminada de datos personales no solo incumple con los principios de necesidad y proporcionalidad, sino que genera ruido, agresión contra los derechos y libertades de los ciudadanos, y el riesgo de que dichos datos acaben en las manos equivocadas».
Además, ha indicado que en los informes de la agencia, «en el periodo del estado de alarma se han denunciado hasta cuatrocientas brechas de seguridad».
“No queremos que se maneje el temor social y que después, con ese temor se aproveche para convertir en normalidad lo que es excepcional”, ha concluido.
LA AEPD HA RECIBIDO 86 RECLAMACIONES POR EL TRATAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS CON EL COVID-19
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) mantiene 14 actuaciones de investigación en marcha y ha recibido un total de 86 reclamaciones, fundamentalmente, por parte de ciudadanos particulares, desde el comienzo de la crisis del coronavirus.
Según ha concretado, las más de 80 reclamaciones se han planteado por la comunicación de datos sobre la afectación o no por COVID-19 en el ámbito laboral o por la toma de temperatura en ese entorno.
Ha detallado que la AEPD ha recibido una reclamación presentada por el sindicato de vigilantes de seguridad Alternativa Sindical, porque el sindicato entendía que la toma de temperatura en centros de trabajo no formaba parte de sus competencias. «La reclamación se ha trasladado a la empresa responsable para obtener información sobre la misma», ha recalcado.
A este respecto, la directora de la Agencia ha informado de que el organismo estatal también ha recibido una reclamación sobre la aplicación de videoconferencias Zoom. «Todos nos hemos tenido que sumergir en el ámbito digital», ha subrayado.
En relación con las actuaciones de investigación, que están en fase de instrucción, Mar España ha señalado que algunas se han realizado en el marco de consultas previas y voluntarias de las administraciones públicas, mientras que otras se han iniciado al tener conocimiento la AEPD «por los medios de comunicación».
Respecto al objeto de las investigaciones, ha concretado que son la app Coronamadrid, lanzada por la Comunidad de Madrid; la app Coronatest en Navarra; una web y una app de la Generalitat Valenciana; y el análisis de la movilidad en España con tecnología Big Data durante el estado de alarma para la gestión de la crisis del COVID-19 por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
También son objeto de investigación la aplicación oficial de autodiagnóstico AsistenciaCOVID-19, el chatbox, el proyecto DataCOVID -estudio de movilidad- y la app de rastreo de contactos de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; la cesión de datos telefónicos al CIS por parte del INE para la realización de una encuesta; o el billete personalizado de Renfe.
Otros de los objetos de investigación son una orden del Ministerio de Interior sobre el seguimiento de perfiles de ciudadanos en redes sociales por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad; una app de rastreo de contactos por bluetooth de la Generalitat Valenciana; otras dos con empresas privadas que estarían tomando la temperatura, y la iniciativa privada de la web Coronastop.
Preguntada por Ciudadanos sobre si habrá sanciones, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos ha zanjado: «Ni puedo prejuzgar si se van a archivar o no, ni puedo pronunciarme sobre ninguno por el carácter reservado».
No obstante, ha aclarado que la agencia ha empezado a notificar el 1 de junio la resolución de los expedientes resueltos durante la crisis sanitaria. «Sí que ha habido algún procedimiento sancionador», ha remachado.
Mar España ha subrayado de que «cuando la pandemia finalice, las entidades públicas y privadas tienen que tener muy claro que el principio de limitación de la finalidad» que permite tratar los datos de salud por el coronavirus «deja de tener legitimidad».
«El plazo de conservación de los datos, salvo que sea para investigaciones avaladas, desaparece», ha manifestado.
Mar España ha anunciado durante su intervención que no se presentará a la reelección como directora de la agencia, para la que ha vuelto a pedir más recursos y presupuesto.
