El Juzgado de lo Penal número 5 de La Coruña ha condenado al empresario José María Martín-Mateos Gil a una pena de seis meses de prisión y una multa de casi 140.000 euros por fraude a la hacienda pública y delito continuado de falsedad documental.
La titular del juzgado, Susana Ferro Cruz, considera probado en la sentencia que Martín-Mateos defraudó 214.104 euros a la Agencia Tributaria como administrador único de Liberal Economic S.L..
La empresa, dedicada al alquiler de inmuebles, también ha sido condenada con una multa por la misma cantidad y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de año y medio.
En la resolución se demuestra que el empresario presentó en 2014 facturas falsas en las liquidaciones del IVA para reducir la suma que debía ingresar en las arcas públicas y deducir impuestos a favor de la empresa por 53.018 euros.
El Ministerio Fiscal comprobó que Liberal Economic, a través de su administrador, «introdujo un apunte ficticio» en el libro de registro de facturas de ese año por valor de 813.296 euros con una cuota de IVA soportado de 170.792 euros.
Durante la investigación tributaria se aportó una factura por 206.000 euros, con un IVA de 43.260 euros, «que no se correspondía con ninguna operación real» y «ni siquiera se justificó.
Asimismo, el empresario elaboró otras dos facturas «que no se correspondían con ningún negocio real» con la finalidad de generar IVA soportado.
Una fue emitida por Espenor S.L. y la otra por Inmart S.L., ambas administradas por Martín-Mateos y con el mismo domicilio social que Liberal Economic.
A la vista de todo lo anterior, la sentencia expone que Liberal Economic «carecía de todo plan o modelo de cumplimiento normativo o de prevención de delitos y de la función de oficial o responsable de cumplimiento normativo».
No en vano, durante la investigación el ahora condenado abonó en concepto de responsabilidad civil, intereses y recargo del apremio 310.080,09 euros, a los que se suman 17.135,88 euros de las costas procesales.
La sentencia, cuyo fallo se avanzó de forma oral y contra la que las partes manifestaron su intención de no recurrir, es firme.
La pena de prisión queda suspendida durante dos años, condicionada a que el condenado no delinca en ese periodo.
