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Las Comunidades Autónomas podrían imponer multas de 600 a 6.000 euros por cobrar la ilegal “tasa COVID-19”

Según Félix Alonso Cantorné, director general de Consumo del Gobierno de Baleares, "no pueden cargar lo que han perdido en tres meses en un mes a costa del consumidor".
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Las Comunidades Autónomas, todas con competencias transferidas en consumo, están dispuestas a frenar la falsa e ilegal “tasa COVID-19” introducida por algunos establecimientos hosteleros para que el gasto de las medidas de desinfección lo asuman los consumidores.El Ministerio de Consumo mueve ficha sobre la tasa COVID-19, explicada en Confilegal recientemente por varios expertos y explica cómo debe gestionarse este recargo que algunos establecimientos están empezando aplicar

En una nota informativa de la propia Dirección General de Consumo explica a las Comunidades Autónomas, a la que ha tenido acceso Confilegal, se explica cuál debe ser el comportamiento ante dicho recargo ilegal.

La inclusión de dichos gastos de forma desglosada en una factura podría ser considerada como una cláusula abusiva en el sentido de los puntos 4 y 5 del artículo 89 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

A juicio de la Dirección General de Consumo, se trataría de la imposición al consumidor y usuario de un servicio no solicitado y no susceptible de aceptación o rechazo por su parte, aun habiéndose informado a estos de forma previa; pudiendo ser considerada una práctica constitutiva de infracción administrativa en materia de protección de los consumidores y, por tanto, sancionable.

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Desde el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) se avala la rapidez de la Dirección General de Consumo por abordar esta polémica que está al cabo de la calle. El papel de liderazgo del Ministerio de Alberto Garzón se valora de forma notable en este asunto específico.

“La interposición de cláusulas abusivas es una infracción de consumo. Igualmente son abusivas las prácticas que se hagan con dichas cláusulas. Son conductas durante la ejecución del contrato y puede ser sancionables”, apunta Carlos Ballugera, su presidente.

El cobro de la llamada “Tasa COVID-19” puede ser considerada una cláusula abusiva.

ABUSO COVID-19

Para Félix Alonso Cantorné, director general de Consumo del Gobierno de Baleares, “lo mejor es llamarlo abuso COVID-1′, en lugar de tasa COVID-19, en estos momentos que todo el mundo ha hecho un esfuerzo, el Gobierno ha dado ayudas a pymes y autónomos, no es de recibo que algunas empresas se quieran aprovechar en esta situación tan dramática”.

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En la nota informativa se habla de infracción administrativa sancionable, esto hará que en cada Comunidades Autónomas se consulte la normativa correspondiente al respecto.

“Depende el caso, estaríamos hablando de una infracción leve, que según nuestra normativa ascendería de 600 a 6.000 euros. La reincidencia sería a partir de estos 6.000 euros si mantiene la conducta el propio establecimiento”, apunta Cantorné. 

A priori parece que serán las inspecciones de consumo de cada Comunidades Autónomas quien se encargue, junto con otras cuestiones, de la inspección de determinados locales. A este efecto las organizaciones de consumidores podrán canalizar dichas reclamaciones.

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A su juicio “es inadmisible que se quiera cargar sobre las espaldas de los consumidores este coste. En la gran mayoría de los casos no tiene mucho sentido. Cuando acudes a un bar tienen que limpiarte la mesa, independiente de que haya o no esa pandemia. Es como si por hacer la ITV de tu coche te quisieran cobrar un suplemento de más”.

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Es una medida injusta y “tal y como señala la Dirección General de Consumo está incumpliendo los puntos 4 y 5 del artículo 89 del texto refundido de la Ley General de Consumidores, eso ha hecho que hayamos abierto una ventana donde iremos cuantificando las quejas que vayamos recibiendo sobre esta cuestión”.

El propio Cantorné no descarta que los inspectores de consumo del gobierno balear acudan a varios establecimientos y realicen inspecciones sobre el terreno para ver si realmente se está produciendo dicho abuso. “Hay que primero cuantificar las reclamaciones que hemos tenido para ver la magnitud del problema. Haremos seguimiento de las quejas y seguramente haremos inspecciones”.

Félix Alonso Cantorné es director general de Consumo del Gobierno de Baleares.

La propia Dirección General de Consumo de Baleares trabajar también “online”.

“Seguramente veremos alguna información sobre dicho recargo en las webs de los locales. Hay que trabajar y ver realmente lo que está sucediendo”.

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El mensaje que quiere lanzar este experto “es que no pueden cargar lo que han perdido en tres meses en un mes a costa del consumidor. Esa no es la mejor forma de seguir la situación actual. La confianza entre el consumidor y el empresario es fundamental para que las pymes sigan adelante. Al final todo el mundo se fia por el precio y es la clave para que se mantenga el comercio de proximidad”.

Desde el CCCU se pide que en el mismo procedimiento de sanción e inspección que se reconozca un título ejecutivo al consumidor para que le devuelven el dinero. Recomiendan que se hagan inspecciones para abordar esta cuestión.

LOS COSTES NO PUEDEN SER TRASLADADOS AL CONSUMIDOR

Fuentes de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid explican a Confilegal que comparten el criterio de la nota informativa del Ministerio, en relación a que, a pesar de que las medidas de seguridad e higiene exigidas a establecimientos comerciales, de hostelería y servicios puedan suponer un incremento de costes

Al mismo tiempo reconocen que dichos costes no pueden ser trasladados al consumidor porque se trata de costes que deben ser asumidos de manera obligatoria ya que, en caso contrario, tales establecimientos no cumplirían los requisitos para abrir y prestar servicios.

En el propio portal del consumidor de la Comunidad de Madrid ya se hacía referencia a una consulta sobre una peluquería que quería establecer un suplemento por  limpieza y desinfección.

En esa respuesta cumplir con estas exigencias de desinfección y limpieza puede acarrear para los comercios un esfuerzo extra de tiempo y dinero y que dicho importe no puede ser repercutido en el consumidor, ya que el cumplimiento de estas medidas supone una obligación para el establecimiento.

Por tanto, la inclusión en la factura de un importe por conceptos como “desinfección COVID-19” o “tasa COVID-19”, puede ser considerada como una cláusula abusiva y podrá reclamar la devolución ante los organismos de consumo

Desde esta Dirección General de Consumo se indica que como en otras cuestiones, actuaremos ante reclamaciones que puedan presentar los consumidores en este sentido, “aunque de momento nuestra labor es fundamentalmente informativa”.

MURCIA REALIZARÁ CONTROLES EN ESTABLECIMIENTOS 

En el caso de Murcia, ya se han recibido algunas quejas de consumidores de lo que se conoce como la nueva ‘tasa COVID-19′, el aumento de precios por los servicios de desinfección de empresas de servicios como dentista, peluquerías o talleres, entre otros, que oscilan entre los 5 y los 40 euros.

La directora general de Consumo y Artesanía, Carolina Espinosa, afirmaba públicamente que es fundamental que los consumidores conozcan el precio del servicio para que puedan rechazarlo o contratarlo.

Se tiene previsto realizar diferentes controles, sobre todo en empresas que se dedican a la prestación de servicios como peluquerías, centros de estética, talleres y bares y restaurantes, durante los meses de verano, a la vez que se revisarán las medidas de prevención frente a la COVID-19 recomendadas por el Gobierno y que deban de ser adoptadas por estos establecimientos.

Carolina Espinosa es directora general de Consumo y Artesanía del Gobierno de la Región de Murcia.

Desde esta Dirección General se insiste en la información al consumidor y que esos gastos obligatorios y previsibles que realiza el empresario tienen que incluirse en el precio anunciado, de forma que el consumidor, antes de la compra o de elegir el servicio, conozca el precio total y pueda comparar las diferentes ofertas y así tomar una decisión informada.

La idea de Espinosa y así lo ha manifestado públicamente es que el precio sea calculado con todos los impuestos, tasas y gravámenes incluidos, más aún cuando el coste de ese servicio adicional de limpieza y desinfección debe ser conocido y calculado por la empresa al tratarse de gastos que son inevitables para la seguridad, tanto de los clientes como de los propios trabajadores.

En este debate que se abre organizaciones de consumidores consultadas por esta publicación señalan que los empresarios deberían dejar de cobrar dicha falsa tasa COVID-19 y que los ciudadanos pueden reclamar el dinero cobrado de más, si se conserva el ticket o la factura citada.