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La APFP denuncia que en España se produce una agresión cada tres días a funcionarios de prisiones

Según la última estadística, entre 2004 y mayo de 2020 se han registrado hasta 6.351Armas incautadas a internos durante registros aleatorios realizados por funcionarios de prisiones.
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La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) denuncia que en España se produce una media de una agresión cada tres días a funcionarios de prisiones a manos de los reclusos.

Según la última estadística a la que ha tenido acceso la APFP, entre 2004 y mayo de 2020 se han registrado hasta 6.351 agresiones.

Datos que le ha trasladado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP), a petición de la asociación al Portal Transparencia.

Las agresiones que ha habido en estos 17 años, desde que hay las estadísticas.

“Los funcionarios de prisiones dependientes de la Secretaría General -Cataluña tiene transferidas las competencias- somos el colectivo profesional de la Administración General del Estado que más agresiones sufre al año. Sin embargo, siguen sin tomarse medidas para combatirlas”, denuncia en Confilegal Francisco Llamazares, presidente de la APFP.

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Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

En España, a fecha de mayo, había en las cárceles dependientes de la Secretaría General 48.184 reclusos, 44.606 de ellos hombres y 3.578 mujeres, frente a 22.000 funcionarios de prisiones, que trabajan a turnos.

La Comunidad Autónoma con más presos es Andalucía con 13.000, seguida de Madrid, con 7.387, la Comunidad Valenciana, con 6.282, y Castilla y León, con 3.482.

Llamazares explica que son muchos los elementos que intervienen en el “índice tan elevado” de agresiones que sufre el colectivo.

Señala que a la “falta de personal y de medios, se suma la proliferación de internos con patologías psiquiátricas y la carencia formativa” de los funcionarios en el manejo de las múltiples situaciones de alteración que se producen y que van desde un brote psicótico de un interno, a la quema de un colchón o una pelea en el patio, “situaciones diarias” en las que “en muchos de los casos está en riesgo la integridad física de los funcionarios que intervienen”.

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Explica que todos estos condicionantes se ven agravados por la “ausencia de un desarrollo legislativo” que les reconozca como agentes de la autoridad -desde que entran hasta que salen del trabajo-, “con el factor disuasorio que ello supondría”.

También critica que “falta” un protocolo contra agresiones “que realmente afronte todas las situaciones ante cualquier agresión.

“No como el actual, que intenta maquillar muchas estadísticas y pone cada vez más trabas a la hora de denunciar las agresiones”, agrega.

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La APFP recuerda que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) firmó en mayo de 2017 el ‘Protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios’ (PEAFA) para “tratar de frenar” los ataques.

Francisco Llamazares señala que ese protocolo, rubricado por los sindicatos UGT y CSIF, contemplaba un catálogo de medidas para “intentar reducir” estas agresiones, que entre 2011 y 2016 (ambos inclusive) ascendieron a 2.206, lo que suponía una media de una agresión al día, con lesiones.

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En 2011 hubo 427; 406 en 2012; 314 en 2013; 359 en 2014; 351 en 2015 y 359 en 2016.

En 2017, año de la firma del PEAFA, se registraron 305, y tanto en 2018 como en 2019 hubo 223.

Entre enero y mayo de 2020 se han producido ya 82 agresiones.

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El presidente de la APFP lamenta que a pesar de ese protocolo las agresiones “continúan” y se regista una media de “tres agresiones a funcionarios cada ciclo de trabajo”.

“Las cifras evidencian que trabajamos en un medio hostil, duro y peligroso”, destaca el presidente de la APFP.

La condena más alta impuesta en España por agresión a un funcionario de prisiones es de 19 años de cárcel, a la que fue sentenciado Fabrizio Joao Silva, un guineano de metro ochenta y más de 100 kilos de peso, por el ataque que protagonizó en 2016 en la prisión Puerto III, en el Puerto de Santa María (Cádiz).

Con dos cadáveres a sus espaldas -fue condenado por asesinar a su novia en 2004 y después, a patadas a un compañero de cárcel-, a los ocho meses de estar interno en esa prisión atacó con un estilete metálico a varios funcionarios cuando lo estaban cacheando.

A uno de ellos estuvo a punto de cortarle la yugular, a otro le perforó la mejilla y le arrancó varios dientes, y a un tercero le asestó una puñalada en el antebrazo.

En octubre de 2019 fue encontrado muerto en su celda de aislamiento, en la cárcel de A Lama (Pontevedra).

LAS 10 CÁRCELES CON MÁS AGRESIONES

La APFP también destaca que, según los datos oficiales, en el ranking de los 10 centros penitenciarios con mayor número de agresiones a funcionarios entre 2004 y mayo de 2020 son los siguientes:

El ‘top ten’ de centros penitenciarios con mayor número de agresiones.

Informa que en estos 17 años, la prisión con mayor número de agresiones es la de Córdoba, con un total de 352.

Llamazares detalla que hasta en seis ocasiones ha sido el centro penitenciario con mayor número de agresiones: “En 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 y 2012”.

De todos esos seis años, registró el mayor número en 2007, con 57 agresiones.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La APFP también informa de las Comunidades Autónomas que mayor número de agresiones han sufrido durante dicho periodo, según los datos facilitados por la administración:

‘MUCHOS FUNCIONARIOS NO DENUNCIAN LA AGRESIÓN SUFRIDA, POR LO QUE NO APARECEN EN LAS ESTADÍSTICAS’

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones también destaca que “muchos funcionarios” no denuncian la agresión sufrida, por lo que no aparecen en las estadísticas, y éstas bajan, “no porque se hayan reducido, sino porque hay menos denuncias”.

Explica que “el motivo no es otro que cuando el personal penitenciario sufre lesiones a consecuencia de una agresión, se fuerza, entre otras medidas, a la investigación interna por parte de la Subdirección General de Análisis e Inspección, supervisándose los vídeos del incidente regimental, y analizando pormenorizadamente si se han cumplido las normas de protección y prevención, etcétera”.

Francisco Llamazares señala que “el protocolo sirve para analizar y evaluar la actuación del funcionario de prisiones, que ante el temor a represalias opta en algunos casos por no denunciar, porque si lo hace puede acabar siendo sancionado por su actuación”.

“Ante un altercado, nosotros tenemos que intervenir obligatoriamente con unos guantes, solicitar refuerzos para que ayuden a reducirlo, y a partir de ahí, la actuación la dirige el jefe de servicios. ¿Qué ocurre? Que en casos de urgencia, el funcionario actúa de inmediato e interviene en un primer momento hasta que llegan los refuerzos, y puede que haya hecho sin ponerse los guantes con tal de intentar solucionar cuanto antes el problema”, explica Llamazares.

Según informa, el protocolo contempla estudiar si el funcionario agredido cumplió todas las instrucciones a rajatabla y pueden sancionar siempre que en la intervención realizada el funcionario no llevara los guantes o el chaleco de protección, o no se cumplieracon el número de funcionarios de apoyo necesarios para intervenir, o si no ha activado todos los medios.

Para la APFP, “no es comprensible cómo a pesar de abrirse un expediente por cada agresión sufrida, lo que desde mayo de 2017 ha supuesto analizar más de 600 situaciones que acabaron en agresión”, hayan transcurrido ya tres años y “no se haya emitido ningún informe incidiendo sobre aquellos aspectos para mejorar” en la seguridad personal de los funcionarios.

También pone el foco en la bajada población reclusa de casi 3.000 presos (2.845) entre 2017 y mayo de 2020, lo que representa un 5,57% en dicho periodo.

“Si ha bajado la población reclusa, deberían haberse reducido también las agresiones”, destaca.

También hace también en el envejecimiento de la plantilla, lo que, a su juicio, se debe, entre otras cosas, a que “no ha habido una programación adecuada de las necesidades de personal a través de convocatorias de oposiciones.

Llamazares señala que la media de edad de los funcionarios es de 55 años o más, hay 3.500 vacantes en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y se prevé que 6.942 funcionarios se jubilen los próximos 10 años, por lo que dice que “sería necesario sacar ofertas de empleo público al año de más de 1.000 plazas”.

Precisa que en 2019 se ofertaron 900 puestos de trabajo del cuerpo de ayudantes, funcionarios que se incorporarán en agosto en prácticas a 50 centros penitenciarios.

La APFP demanda, además, una estadística de todas las agresiones, incluidas las verbales.

“A mí me llaman perro, hijo de puta, se cagan en mi madre, me dicen que conocen a mi familia, que me van a asesinar, que aquí mando yo, pero cuando salga, en la calle ya nos veremos y a ver quién es el que puede… y todo eso no se contabiliza”, relata Llamazares.

En definitiva, la APFP reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se revise el actual protocolo de prevención de agresiones, “dado que no está funcionando”. 

Pide una normativa que analice y estudie por qué se producen esas agresiones, se convoque una oferta de empleo público suficiente para cubrir las vacantes y se lleven a cabo las actuaciones necesarias para erradicar esta lacra.