La Audiencia Nacional juzga desde hoy a la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’, por el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en diciembre de 1995, en León, mediante la colocación de una bomba en su coche.
La Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejercitan la acusación popular, y la familia como acusación particular piden para ella 122 años de cárcel, al situarla como la dirigente de la organización terrorista que habría dado la orden expresa de atentar contra Cortizo, al haber asumido un año antes del crimen la dirección de los comandos ‘legales’ de la banda a los que daba las instrucciones concretas respecto a los objetivos.
La acusan de un delito de asesinato terrorista contra un miembro de las Fuerzas Armadas por el que reclaman 30 años de cárcel, cuatro delitos de asesinato frustrados por los que piden por cada uno 20 años, y un delito de tenencia de explosivos por el que solicitan una pena de 12 años.
También piden que indemnice a los familiares de Cortizo y a los heridos.
Esta etarra, de 59 años, fue responsable de finanzas de la banda asesina.
Tiene otros 11 juicios pendientes en España por causas que incluyen desde asesinatos a instrucciones para atentar, y entregas de armamento.
Amboto fue entregada a España en septiembre de 2019, tras cumplir casi 20 años de prisión en Francia por pertenencia a organización terrorista.
LA HIJA DEL COMANDANTE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDA
Según los escritos de acusación, Anboto, unos días antes del atentado que acabó con la vida del comandante Luciano Cortizo, en diciembre de 1995, entregó material explosivo al etarra Sergio Polo, alias ‘Lur’ -condenado por estos hechos a 110 años de cárcel-, y éste elaboró el artefacto, una bomba ‘lapa’ formada con una carga explosiva de entre 1.200 y 2.000 gramos de cloratita.
La Fiscalía destaca que la jefa de ETA le dio la orden expresa de asesinarlo.
En los días previos al asesinato, Polo se trasladó desde San Sebastián a León, y vigiló al comandante para conocer su desplazamientos en coche.
El 21 de diciembre colocó la carga explosiva bajo el asiento del conductor del vehículo de Cortizo.
Al día siguiente, el comandante y su hija de 18 años se montaron en el coche y cinco minutos después, tras recorrer 300 metros, explotó el artefacto.
Luciano Cortizo falleció, y su hija la resultó gravemente herida. Tres personas que en ese momento pasaban por la zona también sufrieron lesiones de diversa consideración, según los escritos de acusación.
De acuerdo a los mismos, dos meses después, los investigadores registraron el piso de Sergio Polo en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) e intervinieron una comunicación orgánica firmada por Anboto y dirigida a él cuya fecha de redacción no se conoce de forma exacta, pero que se calcula entre los meses de noviembre y diciembre de 1995.
También hallaron una pistola FN Browning Modelo G35 con numero de serie borrado, cinco artefactos explosivos ya elaborados integrados por recipientes tupperware de plástico, explosivo amonal, detonadores, sustancias usadas por ETA en sus artefactos explosivos, dispositivos de iniciación, y un documento titulado ‘TUPPER explosivo’ confeccionado a ordenador y redactado en castellano con detalles sobre fabricación y colocación de explosivos, entre otros materiales.
LAS OTRAS CAUSAS
También está procesada por el crimen de dos agentes en Vitoria el 6 de agosto de 1987 y el del cartero Estanislao Galíndez en 1985.
Asimismo, se le relaciona con las instrucciones para atentar contra el Rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao o por facilitar armamento para una acción criminal contra la oficina del DNI de esta misma ciudad el 13 de enero de 1995, causando la muerte de una persona y dejando herida grave a otra.
Fue una de los dos terroristas que puso voz al vídeo en el que ETA anunció su disolución definitiva en mayo de 2018.
El otro etarra era Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, ‘Josu Ternera’, que fue arrestado en Francia el año pasado y también está reclamado por la Audiencia Nacional.
El Tribunal de Apelación de París rechazó el pasado miércoles su entrega a España por delitos de lesa humanidad, por los crímenes cometidos por la organización terrorista desde 2004.
Horas después, autorizó que salga de la cárcel y quede bajo arresto domiciliario si es viable utilizar un brazalete electrónico para controlar sus movimientos.
Ordenó un estudio para comprobar que esa medida puede efectuarse con todas las garantías y se pronunciará al respecto, en función del informe recibido, el próximo 29 de julio en una nueva audiencia.
Josu Ternera está procesado en la Audiencia Nacional por la bomba en la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que provocó 11 muertos; por el asesinato en 1980 del directivo de Michelin Luis María Hergueta y por la causa de financiación de ETA a través de ‘herriko tabernas’.
