¿Quién es Dina y qué vino a hacer a España?

El Juez García Castellón tiene entre las manos uno de los asuntos más escabrosos y de mayor trascendencia de la actualidad. No ya por el hecho de que la famosa tarjeta sometida a la destrucción del microondas contuviera fotos íntimas comprometedoras para la propia Dina o para Pablo Iglesias.

Más allá del morbo mediático de segundo nivel, lo que el vicepresidente hiciera o dejara de hacer con ella o con otras afortunadas aspirantes tiene un interés relativo.

Quizás nos encontráramos ante el ‘me too’ de la política española (cierto es que a este señor no se le conoce conquista amorosa alguna fuera de la esfera de sus subordinadas políticas), pero lo que parece estar desvelando el asunto Dina pudiera ir mucho más allá y afectar no solo a la esfera de la intimidad de los implicados sino a la soberanía nacional.

¿Nos encontramos ante un caso de alta traición del vicepresidente del Gobierno?

La pregunta es altamente inquietante, no solo para él sino sobre todo para la Nación española.

El coronel Diego Camacho, ex-agente del CNI, ha señalado directamente a Dina Bousselham al afirmar que estuvo vinculada a los servicios de Inteligencia marroquíes y que ese es un vínculo que no puede desaparecer nunca.

Ya en 2015, cuando Pablo Iglesias se la llevó de asesora al Parlamento Europeo, fue relacionada con el entorno de los servicios marroquíes.

Se ha señalado también –aunque no esté confirmado- a su padre como el hombre de dichos servicios en Tánger.

Ya en 2013, en París, Dina se vinculó con el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), una formación de centroderecha marroquí fundada en 2007 por Fouad Ali el Himma, el gran amigo del rey de Marruecos.

Por los mentideros de Madrid circulan inevitablemente unas preguntas de difícil respuesta, por ahora.

¿Es Dina una agente marroquí?

¿Es o fue acaso la «Matahari» del ahora vicepresidente?

¿Tiene información altamente comprometedora para él?

¿Tiene algo que ver su relación con Iglesias con las siguientes cuestiones?

Primera.- Allá por 2015, cuando Bousselham entró a formar parte de la Corte de Iglesias Turrión como consejera para asuntos políticos, el periodista Pedro Canales informó que Podemos enfriaba su tradicional posición sobre el Sáhara y que Pablo Iglesias había pasado, desde su proximidad a Dina, de defender ardorosamente al pueblo saharaui a abandonar al Polisario, alineándose con los intereses marroquíes en la cuestión saharaui.

Las quejas de los saharauis hacia Pablo Iglesias son desde entonces notables. Recordemos que España tiene la llave en Naciones Unidas sobre la cuestión del destino del Sáhara Occidental, y que para el reino de Marruecos la recuperación del Sáhara Occidental es una cuestión nacional de primera magnitud.

La más importante en términos políticos, estratégicos y nacionales.

Segunda.- Es un hecho que en febrero de este mismo año, con Iglesias de vicepresidente del Gobierno, España cerró su ventanilla consular en el Sahara Occidental, dejando a 12.000 saharauis que conservan la nacionalidad española sin inmediatez administrativa con España.

Desde hace cuarenta años esa oficina, ubicada en un antiguo edificio del ejército español, autorizaba a emitir certificados administrativos a los saharauis con nacionalidad española y a sus descendientes.

Hasta febrero dicha oficina tenía la potestad para firmar algunos documentos como la autorización a un cónyuge para viajar a España con hijos menores, la concordancia de datos o la verificación de una traducción.

Desde febrero, para cualquier trámite hay que viajar a Rabat, a 1.165 kilómetros.

Según el periódico marroquí Yabiladi.com algunos vieron el cierre como una manifestación más del “abandono” de España de sus “responsabilidades históricas con el pueblo del Sáhara Occidental” y del “reconocimiento de la soberanía marroquí” sobre el territorio.

El cierre es importante porque las oficinas del Aiún ahora sacrificadas eran el archivo de documentos de la población local durante la era colonial, en particular los resultados del censo de 1974, considerado por el Frente Polisario como la base para la organización de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental.

Tercera.– A finales de marzo de 2020, en plena crisis del Covid, con las fronteras hispano-marroquís cerradas y el silencio del gobierno español, Rabat publicó dos leyes de demarcación de sus aguas territoriales por las que el reino alauita ampliaba unilateralmente y a costa de España la zona económica exclusiva en 200 millas y la plataforma continental en 350 millas.

Esta ampliación se apropió del monte Tropic, al sur de la isla del Hierro, la zona de la plataforma continental más codiciada por la cantidad de telurio y de metales raros.

Se trata de la mayor reserva conocida del planeta después de la china, indispensable para toda la industria de energías alternativas y electrónica.

Según la norma marroquí, “En la plataforma continental, el Reino tiene derechos exclusivos y soberanos sobre el fondo de los mares y el subsuelo de los mismos con el fin de explorar sus recursos naturales (minerales, fósiles y biológicos, así como poderes reconocidos) de conformidad con los acuerdos y tratados internacionales, que son el Reino de Marruecos, y en las áreas de explotación y utilización de islas artificiales”.

Asimismo, señala que la soberanía marroquí “se extiende al espacio aéreo, así como a la tierra y al fondo de este mar, a lo largo y ancho”. En las aguas de solapamiento con Canarias hay petróleo, gas natural y un recurso nuevo, los hidratos de metano.

Y un dato alarmante: desde el «Brexit», Londres ha cerrado contratos con Marruecos para el control de El Estrecho a cambio de inversiones multimillonarias en agricultura, pesca, energía y turismo.

Entre ellos, uno por el que la compañía inglesa Energy va a iniciar los estudios y perforaciones petrolíferas frente a las islas españolas en cuanto se supere la crisis del Covid.

¿Ha tenido el vicepresidente Iglesias algo que ver con la posición de España en esos temas?

Los mentideros de la Villa arden en preguntas que tienen complicada respuesta.

Un Juez cierra –con la resistencia de un fiscal amoroso- el círculo sobre el vicepresidente y la famosa tarjeta.

Nadie, salvo ese Juez y los propios interesados, sabe realmente lo que contiene. Se dice. Se especula. Se acabará sabiendo.

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