La enmienda que se aprobó ayer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, declarando inhábil el mes de agosto, es puramente testimonial.
Porque el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, no llegará al Senado hasta el próximo mes de septiembre.
Y para entonces, agosto habrá quedado detrás.
Por lo tanto, agosto –entre el 11 y el 31– sigue siendo oficialmente hábil pero oficiosamente –u organizativamente– «inhábil» ya que tanto el Consejo General del Poder Judicial, del que dependen los 5.347 jueces y magistrados, como el Ministerio de Justicia, que rige la vida profesional de los 4.320 letrados de la Administración de Justicia, la Fiscalía General del Estado, «alto mando» para los 2.553 fiscales de plantilla, y las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas, quienes, junto al Ministerio, son los empleadores de los 44.292 funcionarios de la Administración de Justicia, han dado órdenes de que se organicen como todos los años.
Como si el mes de agosto fuera inhábil.
Fuentes oficiales así lo han confirmado a Confilegal.
LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY, UN GRAN ÉXITO
Así se percibe, desde el Ministerio de Justicia la aprobación del mencionado Proyecto de Ley, que tuvo su origen en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que obtuvo el respaldo del Pleno del Congreso de los Diputados el 13 de mayo pasado en la votación a la totalidad que se llevó a cabo.
«Todos los grupos políticos, que contribuyeron a enriquecer el texto original, votaron a favor. Menos ERC, que se abstuvo, y VOX, que votó en contra. Todo se desarrolló en un clima de colaboración y de consenso. Fue una votación histórica que refuerza y que impulsa la política que dibujamos en Justicia 2030», explicaron fuentes del Ministerio de Justicia.
«La aprobación de este Proyecto de Ley demuestra, con claridad, que los diferentes grupos políticos podemos entendernos en el objetivo común de modernizar la Justicia para servir mejor a los ciudadanos», añadieron.
La vigencia del Real Decreto-ley 16/2020, transformado por el procedimiento de urgencia en Proyecto de Ley, se extiende tres meses después del final del estado de alarma, que terminó el 21 de junio. Por lo que el Senado tiene que concluir la tramitación y aprobarlo definitivamente antes del 21 de septiembre.
