El expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo (a la derecha), acompañado de su abogado. Foto: EP
El juez abre juicio oral al expresidente de Invercaria por un préstamo de 103.000 euros a una empresa
Anticorrupción acusa a Tomás Pérez-Sauquillo de prevaricación y malversación, y pide 6 años de cárcel y 25 años de inhabilitación
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23/7/2020 13:17
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Actualizado: 23/7/2020 13:17
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El magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha acordado la apertura de juicio oral al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y el que fuera administrador de la sociedad mercantil Badennova J. A. A. G. por el préstamo participativo de 103.000 euros concedido por Invercaria a dicha sociedad en diciembre de 2009.
En un auto, dictado el día 3 de julio, abre juicio oral contra ambos investigados en esta pieza separada del caso Invercaria por un supuesto delito de prevaricación en concurso ideal con un delito de malversación de caudales públicos.
Declara a la Audiencia Provincial de Sevilla el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa.
El magistrado acordó el 22 de mayo seguir las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado contra ambos por su participación en un presunto delito de prevaricación en concurso ideal medial con un delito de malversación de caudales públicos, y dio traslado de las diligencias a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones particulares para que solicitaran la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.
Además, el instructor decretó el sobreseimiento provisional parcial y el archivo parcial de las actuaciones contra otros dos investigados, J. A. B. P. y A. N. G., al considerar que “no queda debidamente acreditado que por parte de estos investigados hubiesen existido colaboración o participación de ningún género en la perpetración de delito alguno”.
Gutiérrez ha dictado este auto después de que hayan presentado sus respectivos escritos de acusación la Fiscalía Anticorrupción, el PP-A y la agencia Idea, mientras que por parte de la representación procesal de Inverseed se ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones.
La Fiscalía acusa al expresidente de Invercaria de un delito de malversación y pide para él seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta, y por un delito de prevaricación reclama otros 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
De los mismos delitos acusa al que fuera administrador de la sociedad, y reclama dos años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación.
Además, el Ministerio Público pide que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Agencia Idea con 109.998 euros por los perjuicios causados, considerando a Badennova responsable civil subsidiario.
El juez explica en el auto que de lo instruido en estas actuaciones, se desprende que Badennova es una mercantil constituida el 8 de mayo de 2009 con domicilio social en Málaga y con un capital social inicial de 1.141.168 euros, que tiene como objeto social la explotación económica del negocio del diseño, investigación, desarrollo, fabricación, almacenamiento, comercialización y distribución de toda clase de productos y objetos relacionados en el ámbito del I+D con la movilidad tanto de personas como de vehículos.
Señala que el 18 de diciembre de 2009, Invercaria le concedió un préstamo participativo de 103.000 euros, que la mercantil solicitó sobre la base de un plan de negocios de 42 páginas el 20 de abril de 2009 “sin determinación del suscriptor del mismo”.
El juez expone que en Invercaria “solo consta” como documentación acreditativa que pudiera haber sido tenida en consideración en orden a la concesión del préstamo una ficha de entrada, un documento “que hace referencia a una reunión celebrada el 2 de julio del año 2009” en la que participaron ambos investigados y el director del Departamento de Promoción de Invercaria, un informe de una reunión de 17 de septiembre de 2009 y un informe de evaluación técnica “doblemente fechado”.
El instructor asevera que “no aparece ningún documento o acto alguno de aprobación del proyecto”, de forma que “no existió propuesta de inversión en la que se sustentara la aprobación de un préstamo participativo en condiciones más favorables a las habituales de mercado en un momento en el que realmente, cuando se concede, no existía un prototipo de dispositivo de regulación de velocidad de los que vehículos, que era el objeto y el contenido esencial de la financiación pretendida y que fue concedida por su propia autoridad” por el expresidente de Invercaria.
Añade que en el momento de la concesión del préstamo, el expresidente de Invercaria “era ya sabedor de carencias en el proyecto objeto de financiación y de irrealidad en el alcance de la valoración de la patente que constituía el capital social” de Badennova, “a pesar de lo cual se otorgó escritura pública de concesión del préstamo”, todo ello “sin que el proyecto de financiación” en la mercantil “fuera analizado por los técnicos de los departamentos técnicos de Invercaria de promoción y de análisis e inversión, y así sin seguirse el plan director que determina el funcionamiento interno” de Invercaria.
Por último, Gutiérrez Casilla señala que Badennova “no pagó” a Invercaria el préstamo en su vencimiento e intentó “renegociar y novar su préstamo”.
Apunta que “su facturación fue muy insuficiente, alcanzando un importe solo de 30.000 euros”, y que el producto final “era deficiente desde el punto de vista técnico”, ya que los badenes reguladores de la velocidad de los vehículos, finalidad de la financiación, “se fracturaban y no desempeñaban su finalidad”.
Según el magistrado, el perjuicio causado al erario público andaluz ascendió a 109.998 euros.
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