La Fiscalía Provincial de Barcelona ha recurrido hoy la aplicación del tercer grado a los exconsejeros catalanes Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, y pide al Juzgado que lo suspenda de forma inmediata mientras resuelve el fondo del asunto, de modo que vuelvan al segundo grado penitenciario, como ha ocurrido ya con otros cinco condenados por el ‘procés’.
Así lo pide en tres informes, dirigidos a los juzgados de Vigilancia Penitenciaria que tienen las competencias de estos condenados, el número 1, para Bassa, y el 5 para Rull y Turull.
La Fiscalía ya recurrió el pasado martes ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 el tercer grado del exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsejeros Joaquím Forn y Raül Romeva; el líder de Òmnium, Jordi Cuixart; del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y la magistrada titular, María Jesús Arnau Sala, resolvió suspenderlo para todos ellos.
Aceptó, como pidió el fiscal, que el recurso tenga efectos suspensivos y tramitarlo de forma preferente y urgente.
Ese mismo día, el Ministerio Público también recurrió el tercer grado de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 todavía no se ha pronunciado.
Así, la Fiscalía ya ha recurrido el tercer grado que la Generalitat concedió a los 9 presos del ‘procés’.
El fiscal esgrime argumentos similares a los del martes.
Destaca que la condena debe ser «un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente, de retribución por el acto cometido, causando en el autor una sensación de que su proceder tiene unas consecuencias perjudiciales», lo que considera que no ocurriría si se avala el tercer grado.
Además, incide en que «los fines de reeducación y resocialización tampoco están cumplidos», porque más allá de estar integrados en la sociedad, la reinserción también se refiere a que una persona acepte respetar la ley vigente.
El fiscal señala que no se puede considerar que los presos de ‘procés’ hayan aceptado vivir de acuerdo a la legalidad «en la medida en que no hay auténtica asunción delictiva» al no considerar que los hechos por los que fueron condenados suponen un delito de sedición.
Añade que, aunque los condenados asuman la responsabilidad de sus actos y acepten las consecuencias, no implica que reconozcan el delito de sedición, puesto que siguen «considerando que fue una actuación legítima y ajustada a derecho, que formaba parte de una legislatura que se constituyó para implementar la independencia de Cataluña».
Si los citados Juzgados de Vigilancia Penitenciaria acceden a la petición del fiscal, Rull, Turull, y Bassa volverían a un segundo grado sin las salidas laborales y de voluntariado en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario hasta que las respectivas juntas de tratamiento lo volvieran a plantear.
No obstante, la Fiscalía del Supremo pidió ayer a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que suspenda de manera inmediata la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a todos los condenados del 1-0, como ya hizo con Forcadell.
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