El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña ha aceptado suspender el tercer grado a los 5 presos del ‘procés’ de su competencia tras el recurso presentado por la Fiscalía Provincial de Barcelona esta mañana.
Esta decisión afecta al exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras; al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez; al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y a los exconsejeros Raül Romeva y Joaquim Forn.
La magistrada juez titular, María Jesús Arnau Sala, ha aceptado, como pidió el fiscal, que el recurso tenga efectos suspensivos y tramitarlo de forma preferente y urgente.
La juez ha dado traslado a las defensas del recurso del fiscal para que en el plazo de tres días hagan alegaciones.
El Juzgado de Vigilancia Penitienciaria 1 todavía tiene que posicionarse sobre el recurso que afecta a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha pedido hoy a los titulares de ambos juzgados que suspendan de forma inmediata el tercer grado a estos 6 de los 9 presos del ‘procés’ para evitar que la semilibertad que les concedió la Generalitat cree una «total sensación de impunidad», tanto para ellos como para la sociedad, a la espera de la resolución de su recurso contra la concesión del tercer grado.
La Fiscalía argumenta que estos condenados siguen sin reconocer el delito, y que no han superado “ningún programa específico de tratamiento a fin de paliar tal déficit”, por lo que “no se cumplen los fines de prevención general y especial de la pena”.
Presumiblemente, la Fiscalía de Barcelona también recurrirá el tercer grado del resto.
A principios de julio, los cuatro fiscales del ‘caso procés’, Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. dijeron que el Supremo debía ser el tribunal de apelación contra la decisión de pasar a los condenados al tercer grado.
El pasado miércoles, el tribunal del ‘procés’ estableció que los recursos de apelación sobre la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a estos condenados debe resolverlos el tribunal sentenciador, así como que el recurso del fiscal tiene efectos suspensivos.
La decisión del Supremo muestra el camino que puede seguir la Fiscalía en caso de que los jueces de vigilancia penitenciaria ratificaran el tercer grado concedido a estos condenados.
En ese caso, el tribunal sentenciador, que es el Supremo, decidiría en apelación sobre la validez o no.
El tribunal del ‘procés’ se pronunció así en un auto en el que estimó el recurso de la Fiscalía y revocó la concesión de semilibertad a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell otorgada por el 100.2 antes del tercer grado, por falta de justificación y desconexión con la reinserción.
El acuerdo no afectó de forma inmediata a la situación de Forcadell, pero sí lo hará en caso de que el Juzgado tumbe su tercer grado, ya que perdería los permisos que tiene ahora y los que tuvo antes.
LAS PENAS A LAS QUE FUERON CONDENADOS
El líder de ERC y exvicepresidente catalán Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de prisión y de inhabilitación absoluta por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
Por los mismos delitos fueron sentenciados los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.
El Supremo también condenó por sedición a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell a 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, a 10 años y 6 meses de cárcel y de inhabilitación absoluta; y al los líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a 9 años de prisión y de inhabilitación.
A los exconsejeros Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó -en libertad- los sentenció como autores de un delito de desobediencia a una multa de 60.000 euros a cada uno (10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros), y a un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial.
Los 9 presos del ‘procés’ estaban en segundo grado desde enero, aunque flexibilizado con el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciado, que les permite salir a trabajar y hacer tareas de voluntariado.
El pasado 14 de julio, a los 9 meses de ser condenados, la Generalitat les concedió el tercer grado.
