Quédense con estos números: 48-23-18-1

Por formación y oficio los jueces no somos, en general, demasiado amigos de los números. Sin embargo, analizando datos numéricos es como más fácilmente aprehendemos determinadas realidades, también en el ámbito judicial.

En estos días es noticia la posible renovación en fechas próximas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esa renovación, de producirse, habrá ido precedida por la negociación entre el PSOE y el PP a propósito no ya de los nombres de los futuros vocales, sino del número de miembros del órgano que “corresponde” elegir a cada partido y la identidad del futuro presidente del CGPJ (pese a que deberían ser los vocales del propio CGPJ, una vez nombrados, los encargados de elegirlo).

Todas las asociaciones judiciales hemos reclamado insistentemente la modificación de este sistema para regresar a la elección de los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial por los propios jueces, mediante sufragio.

Y lo hemos hecho con argumentos de sobra conocidos y reforzados por el criterio coincidente de organismos internacionales.

¿Qué nos dicen los datos sobre esta cuestión?

Desde 1985 (año en que entró en vigor el sistema actual de elección de vocales del CGPJ) seis Consejos han sido nombrados.

Ha habido, pues, 72 vocales de procedencia judicial (sin contar los designados para sustituir a vocales cesados por distintas causas antes de tiempo).

De esos 72 vocales judiciales, 29 pertenecían a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), 22 a Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), 3 a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y 18 no eran asociados.

Entre estos últimos, no obstante, encontramos nombres tan marcados políticamente como Juan Carlos Campo, así como otros jueces que, al igual que aquel, previamente habían ocupado cargos políticos.

También conviene recordar que jueces como José Antonio Alonso (JJpD)  llegaron al CGPJ por el turno de juristas.

Todos los vocales pertenecientes a APM fueron propuestos por el PP. Y todos los pertenecientes a JJpD (salvo uno que propuso Izquierda Unida) lo fueron por el PSOE.

Las correlaciones son evidentes, pero se hacen más estrechas a partir de 1996.

Si reducimos el periodo de análisis desde ese año hasta el actual CGPJ los datos son estos:

-Total de vocales judiciales: 48.

– APM : 23

– JJD: 18

– AJF: 1

– No asociados: 6 (incluyendo los perfiles antes mencionados)

A la vista de estos datos, ¿de verdad podemos defender ante la opinión pública que el problema de la imagen de politización de la justicia estriba únicamente en que los vocales judiciales del CGPJ son elegidos por el Congreso y el Senado?

¿Acaso no favorecen esa percepción de falta de independencia las dos asociaciones que copan los nombramientos de manera abrumadoramente mayoritaria?

¿Por qué el PP elige siempre a candidatos de APM y el PSOE casi siempre a los de JJpD?

A la inversa: ¿por qué los candidatos de APM siempre reciben el respaldo del PP y los de JJpD casi siempre el del PSOE?

Foro Judicial Independiente no avala candidaturas al CGPJ (aunque uno de sus fundadores intelectuales, Agustín Azparren, fue vocal no asociado en el CGPJ de 2001-2008).

Pero desde AJFV siempre hemos avalado a nuestros asociados cuando se han querido postular, salvo para el CGPJ actual (2013-2020).

¿Por qué PP y PSOE han confiado solamente una vez en 25 años en nuestros candidatos?

La respuesta es evidente. Los políticos eligen a los jueces que creen que serán dóciles.

Y la pertenencia asociativa avala esa supuesta docilidad. Después, una vez nombrados, algunos vocales cumplirán esa expectativa y otros no tanto. Pero la marca asociativa funciona como un distintivo que señala una presunción de obediencia.

Esto es lo que nos enseñan los datos.

Esta enseñanza desmiente que el único problema radique en el sistema de elección de los vocales judiciales. Modificar ese sistema es imprescindible, pero es necesario también que APM y JJpD abandonen este paradigma de colaboración interesada con los partidos políticos que vienen sistemáticamente manteniendo.

A  AJFV se nos critica que avalemos candidaturas de nuestros asociados. Se nos dice que legitimamos el sistema.

¿De verdad se puede sostener tal cosa a la vista de los resultados obtenidos?

Nuestros candidatos no son elegidos nunca (salvo en tres ocasiones en total en 35 años y solo una en los últimos 25 años) porque nuestra asociación no garantiza disciplina a consignas políticas.

AJFV representa justamente lo contrario: somos combativos e independientes.

Sabemos cómo debería comportarse un vocal vitorino en el CGPJ.

Y los vitorinos que se postulan saben que encontrarán el rechazo abierto de la asociación si se conducen de otro modo en el desempeño de sus funciones.

Nosotros no legitimamos el sistema, ni cuando decidimos no avalar candidaturas en 2013 ni en todas las demás ocasiones en que sí lo hemos hecho, por decisión asamblearia.

Los candidatos vitorinos despreciados una y otra vez por PP y PSOE son el ejemplo más visible y la mejor representación de la perversión del sistema actual en sus dos vertientes, política y judicial.

48-23-18-1: 48 vocales judiciales, 23 de ellos de APM, 18 de JJD y 1 de AJFV en los últimos 25 años.

Algunos dicen que el problema radica en el número 1.

Se ve que a los jueces no se nos dan demasiado bien las matemáticas.

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