En principio se trata de un cambio en el titular de la competencia sobre el Régimen de Clases Pasivas, de tal manera que a partir del próximo 6 de octubre pase de estar gestionado por el Ministerio de Hacienda a estarlo por el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
De este modo, tal y como se recoge en el Real Decreto 497/2020, 28 de abril, el departamento de José Luis Escrivá asumirá las competencias en materia de reconocimiento, gestión y propuesta de pagos de las prestaciones, indemnizaciones, ayudas y anticipos cuyas competencias tenga atribuidas, así como las derivadas del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Sin embargo, CSIF teme que esto vaya más allá de una reestructuración de las competencias de departamentos ministeriales.
Y es que el Gobierno, durante el estado de alarma, a través del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, acordó transferir a la Seguridad Social la gestión de las clases pasivas.
Así, según explicaba CSIF entonces, el objetivo es que la gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, pase a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el estado transfiera a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones.
A este Real Decreto, convalidado y tramitado como proyecto de Ley, el Grupo Popular en el Senado presentó un recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite el pasado 30 de junio, al considerar que el traspaso no era ni urgente, ni necesario, ni proporcionado, como afirmaba el Decreto-ley.
«Voluntad encubierta»
El Secretario Nacional de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha explicado a Confilegal que el sindicato dirigió una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que le informase de sus planes sobre el mutualismo administrativo, pero aún no ha obtenido respuesta.
Asimismo, el sindicato se dirigió al ministro de Seguridad Social. «Le preguntábamos si el Real Decreto obedecía a una futura modificación del régimen de clases pasivas y si también tenían pensado modificar o eliminar a corto o medio plazo el mutualismo administrativo».
Lama indica que el ministro «lejos de aclarar y parar el debate lo que nos dijo fue que el Real Decreto-ley obedecía a un cambio normativo en cuanto a la competencia sobre la concesión de las pensiones y sobre el resto de cuestiones que planteábamos que ya se verían cuando asumiera sus competencias el Instituto Nacional de Seguridad Social».
Así que, «de momento la cosa está un poco en el aire». Reconoce que, en principio, los cambios introducidos no deberían hacer una modificación de fondo de las pensiones de los funcionarios.
Sin embargo, agrega, «lo que es sorprendente es que en un estado de alarma se publique un Real Decreto-ley que nada tiene que ver o metan modificaciones que nada tienen que ver con la urgente y extraordinaria necesidad».
En este sentido, Lama comenta que en CSIF «tememos que haya una voluntad encubierta, con esta reforma, de modificar el acceso a la jubilación voluntaria, que afectaría a un número importante de empleados públicos (cerca de 900.000) que a día de hoy todavía pertenecen al régimen de clases pasivas».
Este sindicalista explica que una eventual reforma en el régimen de clases pasivas afectaría a los funcionarios que ingresaron en la Administración antes de 2011.
El mayor impacto, agrega, se traduciría en que «no podamos acceder a la jubilación voluntaria en las mismas condiciones que hay hasta la fecha, es decir con 60 años y 30 años cotizados».
Lama destaca que Escrivá, durante su presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), aconsejaba, entre otras medidas, que para mantener las pensiones públicas «había que incrementar el número de años de cotización y aumentar el número de años también para acceder a la jubilación voluntaria».
Para CSIF, la contestación del ministro, lejos de asegurar la continuidad del régimen de clases pasivas y el mantenimiento del mutualismo administrativo, deja entrever, que «primero trasladan las competencias de la gestión al Ministerio del que es titular y en un tiempo relativamente corto abordarán cuales son los objetivos del Gobierno en la materia«.
